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Caracas, Venezuela. Familiares de presos políticos en Venezuela se reunieron este lunes con representantes de la Defensoría del Pueblo para denunciar los retrasos en la aplicación de la amnistía, y pedir respuestas por la crítica situación de salud de los detenidos.
Una histórica Ley de Amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contempla el sobreseimiento de causas penales de cientos de presos políticos. Dos meses después de su aprobación, varias ONG denuncian dilación para tramitar el beneficio en tribunales.
Unas 8.084 personas han recibido amnistía, según el balance en marzo del diputado Jorge Arreaza, jefe de la comisión parlamentaria que hace seguimiento a la normativa.
“La amnistía es una burla, es como darle larga a todo esto. Fue una burla más al pueblo, fue esperanzarnos, subirnos y volver a bajar de golpe. Y a ellos (presos políticos) ilusionarlos”, dijo Massiel Cordones, madre de José Ángel Barreno, detenido desde 2020.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, reportó 454 detenidos, de los cuales, 41 son extranjeros y 109 se encuentran en el centro de reclusión El Rodeo I, a las afueras de Caracas.
Familiares entregaron en la sede de la Defensoría un documento en el que detallan graves afecciones pulmonares, lesiones visibles y alteraciones en la salud mental de los detenidos. Exigen que se tome en cuenta los casos de personas desaparecidas y tratos crueles.
Cordones dijo que las “torturas” se repiten en cárceles como el Fuerte Guaicaipuro, Yare y El Helicoide.
Inacio Da Costa, director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, informó que se designarán funcionarios para atender cada uno de los casos denunciados. “En dos semanas ya hemos recibido más de 200 casos especiales que estamos revisando”, dijo.
El domingo se realizaron vigilias en todas las cárceles “para visibilizar ante el mundo que no se puede hablar de justicia, de paz y de reconciliación, cuando en Venezuela aún hay más de 500 presos políticos en condiciones inhumanas de reclusión”, dijo desde El Helicoide, Sairam Rivas, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela.
A finales de enero, Rodríguez anunció el cierre del Helicoide, que ha sido denunciado por ONG como un “centro de torturas”, pero hasta la fecha aún permanecen decenas de detenidos.
