El pedido fue planteado el miércoles por los abogados del exmandatario, quienes alegaron un “riesgo concreto de agravamiento” de su estado de salud.
Bolsonaro, de 70 años, permanece internado en un hospital de Brasilia desde el 25 de diciembre, cuando fue sometido a una cirugía por una hernia inguinal y, posteriormente, a un procedimiento para tratar recurrentes crisis de hipo.
Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes determinó que no existió un deterioro clínico que justifique el beneficio solicitado. “A diferencia de lo alegado por la defensa, no hubo agravamiento de la situación de salud”, señaló el magistrado en la resolución judicial, al citar informes médicos recientes.
Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, cumple una condena de 27 años de prisión por un plan golpista frustrado con el que habría intentado mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Desde noviembre permanece recluido en una sede de la Policía Federal en Brasilia.
Según los médicos, el expresidente podría recibir el alta hospitalaria este mismo jueves, tras nueve días internado, su primera salida desde que fue encarcelado.
Una vez dado de alta, deberá regresar a la celda donde cumple su condena.
La defensa argumentó que su estado clínico se agravó desde que la Corte rechazó semanas atrás una solicitud similar de prisión domiciliaria “humanitaria”.
Los médicos indicaron que Bolsonaro padece apnea del sueño severa, gastritis y esofagitis, además de las persistentes crisis de hipo, asociadas a secuelas de la puñalada que sufrió durante un acto de campaña en 2018 y que derivó en múltiples cirugías posteriores.
En los últimos días, los especialistas realizaron bloqueos anestésicos de un nervio que controla el diafragma para reducir el hipo.
Aunque el procedimiento no eliminó completamente las crisis, sí disminuyó su intensidad. Aun así, Moraes subrayó que los propios informes médicos consignan una “mejoría” en las molestias del exmandatario.
Bolsonaro insiste en su inocencia frente a los delitos de organización criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado.
Según la Corte Suprema, el plan golpista incluía incluso el asesinato del presidente Lula, pero no se concretó por la falta de apoyo de la cúpula militar.
