Las pesquisas se centran en las empresas Balam Seguridad Privada y Grupo Tech Bull, basadas en México, dijo a la prensa el director de la gubernamental Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.
Tech Bull, constituido por Balam, obtuvo el contrato con la extinta Procuraduría General (hoy Fiscalía) para la compra de Pegasus por $32 millones en el 2014, durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), explicó el jefe de la UIF.
KBH, otra firma vinculada a Tech Bull, fue la encargada de transferir los recursos a la compañía israelí NSO, desarrolladora de Pegasus, en cuya plataforma sus clientes de varios países registraron unos 50.000 números telefónicos con posibles fines de espionaje, de los cuales 15.000 corresponden a México.
Entre los objetivos figuran el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el entorno del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, en el poder desde el 1.° de diciembre del 2018, así como unos 25 periodistas radicados en México, según una investigación de un consorcio de medios que obtuvo la lista.
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Nieto indicó que los fondos terminaron "en Italia, Estados Unidos e Israel" y que Tech Bull es una "empresa con características de fachada" y con "poco tiempo de constitución".
Las autoridades mexicanas investigan un posible lavado de dinero y evasión de impuestos, añadió durante la conferencia matutina de López Obrador, y anunció que la UIF bloqueará este miércoles las cuentas de 24 personas ligadas al caso.
De acuerdo con el funcionario, la UIF indagaba supuestas irregularidades financieras de las dos empresas desde el 2016, derivadas de la venta de equipos de inteligencia al gobierno con sobreprecio. Esos dispositivos, a su vez, eran comprados a firmas radicadas en Israel e Italia.
“Se presumen actos de corrupción entre el 2012 y el 2018”, afirmó el director de la UIF, detallando que las operaciones abarcaron los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Peña Nieto.
Agregó que durante la administración de Calderón también se adquirió un software malicioso, cuya contratación estuvo a cargo del secretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Los contratos con Balam y Tech Bull concluyeron el 31 de diciembre del 2018 y durante el gobierno de López Obrador no volvieron a ser requeridos sus servicios, precisó Nieto.
