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Lima. Nuevos enfrentamientos violentos entre la policía y encapuchados se registraron el jueves en el centro de Lima, al margen de una protesta pacífica en una jornada también marcada por la escasez de combustible y algunos alimentos en regiones pobres, tras seis semanas de bloqueos viales.
El gobierno anunció que la Policía y las Fuerzas Armadas desbloquearán las carreteras del país tomadas por manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
“La Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, efectuará el desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentran declaradas en estado de emergencia”, dijo un comunicado conjunto de los ministerios de Defensa y del Interior.
Los bloqueos generan escasez de productos básicos y gas licuado de petróleo, principal combustible para vehículos y uso doméstico pero también complican los servicios médicos en varias zonas del país.
Mientras tanto en Lima, manifestantes encapuchados, munidos de piedras y explosivos, enfrentaron a la policía antimotines. Los funcionarios respondieron con bombas lacrimógenas y perdigones, mientras en la Plaza Dos de Mayo centenares de personas se concentraron de manera pacífica.
“Estamos luchando contra esta dictadura de Dina Boluarte”, dijo Eduardo Vásquez, un manifestante limeño que repartió a manifestantes de provincias más de 500 raciones de cau cau, un plato típico con panza vacuna.
Al anochecer los manifestantes fueron dispersados del casco histórico con bombas lacrimógenas mientras se mantenían escaramuzas en varios sectores.
En la mañana, familiares de víctimas en las protestas contra Boluarte exigieron “justicia” y la responsabilizaron de los 46 muertos en 50 días de manifestaciones.
“Solo pido por favor justicia. Les pido que nos ayuden porque a mí nadie me va devolver a mi hermano”, dijo llorando María Samillán, hermana del médico Marco Antonio Samillán, fallecido en las protestas en la ciudad minera de Juliaca, en Puno.
En esa región muy pobre del sur andino, el 9 de enero un enfrentamiento con fuerzas del orden durante el intento de toma del aeropuerto terminó con 18 personas muertas, entre ellas un policía que fue quemado vivo.
Perú atraviesa una profunda crisis institucional, con una sucesión de seis presidentes en cinco años, la mayoría destituidos, el último de ellos el maestro rural Pedro Castillo, expulsado el 7 de diciembre por el Congreso luego de varios intentos el día que anunció que disolvería el Legislativo, gobernaría por decreto e intervendría la Justicia.
Puente aéreo contra bloqueos
Con protestas que no cesan, los bloqueos de carreteras provocaron además de escasez un fuerte aumento de precios en productos básicos, que afecta a las poblaciones más vulnerables del país.
El jefe de gabinete, Alberto Otárola, anunció la implementación de un puente aéreo a la región amazónica de Madre de Dios, 1.400 km sureste de Lima, que permitirá alimentos para paliar el desabastecimiento en esta zona fronteriza con Brasil.
El jueves las autoridades de Transporte contabilizaron 88 piquetes que obstaculizaban carreteras de ocho de las 25 regiones peruanas que piden la dimisión de Boluarte.
Los bloqueos afectan Cusco, Arequipa, Tacna y Puno, regiones del sur que alegan ser las más pobres, olvidadas y discriminadas por sus poblaciones de mayoría indígena.
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Boluarte dijo a comienzos de semana que reconocía el derecho a la protesta y reiteró su “perdón” por los fallecidos en esta crisis que vive Perú. (LUCAS AGUAYO/AFP)
Repercusiones internacionales
El gobierno de Perú decidió retirar a su embajador en Honduras en respuesta a “la inaceptable injerencia” en asuntos internos de la presidenta de ese país, Xiomara Castro, cuando en su intervención en la CELAC desconoció al gobierno de Boluarte.
Esta decisión fue la última de una serie de roces diplomáticos con los mandatarios de países como Chile, Colombia y México, que criticaron la gestión de la crisis social y política que atraviesa Perú.
Estados Unidos dijo el jueves que no impulsará una mesa de diálogo para buscar una salida a la crisis peruana, como pidió el presidente colombiano Gustavo Petro, afirmó el embajador estadounidense ante la OEA.
De su parte, el mandatario chileno Gabriel Boric, que cuestionó la represión en la manifestaciones esta semana, afirmó el jueves que Chile respeta “profundamente la institucionalidad del Perú” y reafirmó su preocupación por la “violación de derechos humanos” en las protestas peruanas.
Mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú pidió el cese de la violencia policial en las protestas, sobre todo el sur andino, regiones que apoyaron al gobierno del destituido presidente izquierdista Pedro Castillo.
“Estamos en niveles de represión que no tienen precedentes en la democracia peruana”, dijo la abogada Mar Pérez, que deploró la utilización de “armas de guerra”.
Boluarte dijo a comienzos de semana que reconocía el derecho a la protesta y reiteró su “perdón” por los fallecidos en esta crisis que vive Perú.
“Yo también he salido a marchar por justas luchas laborales y estudiantiles, pero las protestas no pueden venir acompañadas de violencia, destrozos y muerte”, apuntó.
