EscucharQuito. El gobierno de Ecuador y dirigentes indígenas firmaron el jueves, con mediación de la Iglesia católica, un acuerdo para rebajar nuevamente los combustibles y poner fin a 18 días de protestas por el alto costo de vida que dejaron seis muertos.
El pacto prevé una reducción de cinco centavos por galón en el precio del diésel y gasolina, adicional a los 10 centavos ya cedidos por el gobierno. Los indígenas exigían un recorte de 40 centavos.
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Firmado en Quito por el presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el acuerdo estipula una mesa de diálogo, “el cese de las movilizaciones” y el levantamiento de un estado de excepción en cuatro provincias.
Además prevé la derogatoria de un decreto para la entrega de nuevos campos petroleros y la reforma de otro para limitar la extracción de minerales en territorios indígenas y zonas de protección hídrica. Luego de suscribir el acta, Jiménez e Iza se estrecharon las manos.
“De acuerdo al acta que hemos firmado, vamos a suspender” las protestas, expresó Iza tras la firma, confirmando la terminación de las más largas manifestaciones protagonizadas por la Conaie. Los dirigentes indígenas se tomaron las manos formando una cadena y las levantaron en señal de triunfo.
El mandatario conservador Guillermo Lasso celebró en Twitter: “Hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos: paz en nuestro país”. “Terminó el paro. Ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso, bienestar, y oportunidades para todos”, agregó.
Las nuevas cotizaciones de combustibles entrarán en vigencia una vez que el mandatario emita un decreto. Lasso, quien asumió el poder hace 13 meses, se salvó el martes de ser destituido por el Congreso, donde una oposición mayoritaria pero dividida lo responsabilizaba de la crisis política. A sus detractores les faltó doce votos para reunir los 92 necesarios para cesarlo.
Un intento previo de negociaciones, mediado por el Parlamento, había sido suspendido el martes por el propio jefe de Estado un día después de iniciado, tras un ataque a un convoy de militares y policías en la Amazonia atribuido a los manifestantes.
El atentado dejó un uniformado fallecido y otros 12 heridos. El Ejecutivo y la Conaie reanudaron el diálogo el miércoles, esta vez en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) en Quito.
Más subsidios
Las protestas, que derivaron en choques con la fuerza pública y marchas de unos 10.000 indígenas en Quito, dejaron al menos seis muertos y 600 heridos, entre agentes y manifestantes, y 150 detenidos, según diversas fuentes. Otras 4.000 personas también se movilizaron fuera de la capital, llegando a interrumpir vías en 19 de las 24 provincias, según estimaciones oficiales.
Para abrir la vía del diálogo, Lasso dispuso el domingo bajar en $10 centavos los precios del galón de diésel (a $1,80) y de la gasolina corriente (a $2,45), lo que representa para el Estado unos $230 millones al año. Antes ya había elevado de $50 a $55 un bono económico para los más pobres y condonado deudas de campesinos de hasta $3.000 con la banca pública.
“Vamos a mantener la lucha”, declaró Iza durante la reunión, enfatizando que la Conaie mantiene el pedido de focalizar para los campesinos más subsidios a combustibles, que antes de las protestas representaban unos 3.000 millones de dólares anuales.
Varios miles de indígenas, que con escudos artesanales se habían congregado en las afueras de la CEE, se dispersaron de manera pacífica después de la firma del documento.
Noventa días
La Conaie, que participó en revueltas que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005, señaló por Twitter que en noventa días evaluará el cumplimiento de los acuerdos, que serán seguidos través de una “mesa de diálogo”. La organización, que en el 2019 ya lideró protestas contra la eliminación de subsidios a los combustibles y que dejaron 11 muertos, destacó: “sí logramos medidas para aliviar la situación económica”.
El Ejecutivo declaró el miércoles un estado de excepción por 30 días en las provincias andinas de Azuay e Imbabura y las amazónicas Orellana y Sucumbíos debido a “actos violentos” y desabastecimiento a causa de las protestas.
Esa medida, que permite al gobierno desplazar militares en las calles y suspender derechos como a la movilización, también deberá ser revocada. Antes el gobierno había derogado el estado de excepción en seis provincias, entre ellas la andina Pichincha, cuya capital es Quito.
Ecuador estimó pérdidas por $50 millones por cada día de manifestaciones, que redujeron a menos de la mitad la producción de petróleo (de 520.000 barriles diarios al 12 de junio) y amenazaban con detener toda la actividad hidrocarburífera.
