En dos años y siete meses de trabajo, el panel registró 434 muertos o desaparecidos comprobados, víctimas políticas directas durante los denominados “años de plomo”, y se identificaron 230 locales en todo Brasil donde se perpetraban violaciones a los derechos humanos.
Estos ultrajes , efectuados en su mayoría por el temido órgano de inteligencia y represión, comprendían la cárcel o detención ilegal arbitraria, la tortura; la ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial y otras muertes imputadas al Estado. También, la desaparición forzada, que incluyó el ocultamiento del cadáver.
Para la Comisión, quedó ampliamente demostrado que las “graves violaciones” de derechos humanos durante 21 años fueron una “política de Estado” y rechazó la explicación de las Fuerzas Armadas de que fueron hechos aislados o excesos.
“Respetamos y reverenciamos a todos quienes lucharon por la democracia”, dijo, por su parte, la presidenta, quien recibió el informe y derramó lágrimas durante su discurso al asegurar que las nuevas generaciones y las familias de las víctimas merecían la verdad porque, sin ella, “continúan sufriendo como si sus familiares murieran de nuevo”.
La Comisión fue creada en el 2011 por la propia Rousseff, una exguerrillera que estuvo presa y fue torturada por el régimen militar y cuyo testimonio recogió este grupo de trabajo, al igual que el de los exmandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, en calidad de víctimas de la dictadura.
La verdad de la dictadura brasileña
Impunidad. Brasil no ha juzgado a los represores de la dictadura debido a una ley de 1979, ratificada en el 2010, que amnistió a policías y militares que violaron los derechos humanos.
De acuerdo con la Comisión, 377 agentes del Estado son responsables de graves irrespetos a los derechos humanos, ya sea desde el plano político e institucional como por autoría directa.
Según la organización Human Rights Watch (HRW), unos 200 estarían aún vivos.
El informe identificó a ocho militares que ejercieron como presidentes durante la dictadura (todos ya fallecidos) desde Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967) hasta João Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985). También se mencionan a exministros y altos jefes militares.
Tormentos. El documento incluye testimonios de violaciones, golpes, mutilaciones y choques eléctricos en órganos sexuales.
“Además de los choques eléctricos en la vagina, el ano y los senos, me obligaron a bailar desnuda para los policías”, contó Márcia Bassetto, detenida en 1977.
El grupo aseguró que también hubo graves irrespetos de los derechos humanos contra niños, campesinos e indígenas.
El informe sugirió que existió una política de Estado que favoreció el despojo de tierras y la muerte de unos 8.350 indígenas, aunque la cifra podía ser mayor.
La CNV consideró que la ley de amnistía es incompatible con el Derecho brasileño y el orden jurídico internacional.
Además, propuso que se prohíban celebraciones oficiales que conmemoren el golpe de Estado y que se incluyan temas sobre democracia en el currículo de las academias militares.
También recomendó garantizar atención médica y psicológica permanente a las víctimas.
Pidió, finalmente, instalar en Brasilia un museo de la memoria y continuar con la localización de los desaparecidos.
El aporte de la Comisión fue destacado por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que pidió una difusión “lo más extensa posible” de sus hallazgos y recomendaciones.
