Junto con la iniciativa, la gobernante sancionó también una ley de acceso a la información que garantiza a los brasileños la posibilidad de obtener datos de los órganos públicos y establece un límite de 50 años de sigilo para documentos considerados ultrasecretos.
“Este 18 de noviembre de 2011 es una fecha histórica para Brasil. Es el día en que conmemoramos la transparencia y celebramos la verdad. Me enorgullece sancionar esas dos leyes que tratan de asuntos distintos, pero están conectadas. Representan un paso decisivo en la consolidación de la democracia brasileña”, manifestó Rousseff en una ceremonia con autoridades políticas, militares y diplomáticos.
La Comisión de la Verdad tendrá siete integrantes que investigarán, durante dos años, las violaciones cometidas por el régimen castrense bajo un modelo inspirado en comisiones similares a las de Argentina, Chile, Perú, Guatemala y El Salvador.
Características diferentes. No obstante, a diferencia de países como Argentina, Chile y Uruguay, la comisión brasileña no tendrá el poder de procesar en la justicia a las personas que sean responsabilizadas por los abusos.
Las conclusiones de la comisión no podrán sobreponerse a la ley de amnistía de 1979, que impide el enjuiciamiento de los responsables de asesinatos, desapariciones y torturas cometidas por la dictadura.
La alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navanethem Pillay, exaltó la creación de la comisión, pero instó al país a tomar medidas adicionales para procesar a los responsables de abusos, incluyendo la promoción de leyes para revocar la ley de amnistía.
Aun así, el Gobierno y activistas esperan que la comisión permita elaborar el relato de lo ocurrido durante el período dictatorial como una garantía de que Brasil no vuelva a vivir sin democracia.