El almirante Frank Bradley “actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, “autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques”, añadió.
Los dos ataques tuvieron lugar el 2 de setiembre y comenzaron una campaña de Estados Unidos en el Caribe. Según expertos, las muertes producto de los bombardeos equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.
Los medios estadounidenses informaron la semana pasada que un ataque inicial el 2 de setiembre dejó a dos personas con vida, quienes fueron asesinadas en un ataque posterior para cumplir una orden de Hegseth.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en ese momento que 11 presuntos “narcoterroristas” fueron asesinados en “un ataque”.
Ataques posteriores que dejaron sobrevivientes fueron seguidos por esfuerzos de búsqueda y rescate que recuperaron a dos personas en un caso y no lograron encontrar a otra más tarde en octubre.
Hegseth también ha insistido en que los ataques son legales, y afirmó en una publicación reciente en X que la acción militar está “en cumplimiento con la ley de conflicto armado y aprobada por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando”.
Trump ha desplegado una flotilla en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico.
Las tensiones regionales se han intensificado como resultado de los ataques, con el líder izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, acusando a Washington de usar el narcotráfico como pretexto para tratar de derrocarlo.
Maduro, cuya reelección el año pasado fue rechazada por Washington como fraudulenta, insiste en que no hay producción de drogas en Venezuela que, según él, se utiliza como ruta de tráfico para la cocaína colombiana en contra de su voluntad.
