La presidenta de la República, Laura Fernández, afirmó que evita reunirse con el alcalde de San José, Diego Miranda, por razones de ética y transparencia, pues debe tomar una decisión en un asunto que lo afecta y considera que un encuentro podría exponerla a una presión indebida. ¿A qué caso se refiere?
La mandataria debe intervenir en el trámite de un procedimiento disciplinario contra el alcalde debido al surgimiento de una situación poco usual en el Concejo Municipal de la capital.
El asunto se remonta a un expediente disciplinario abierto contra Miranda por presuntamente haber utilizado a dos abogados municipales para atender un caso personal.
Ambos acompañaron a Miranda el 15 de noviembre del 2024, durante horario laboral, a una comparecencia en la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) vinculada con una pesquisa por aparentes conflictos entre la Alcaldía y el auditor municipal, Israel Barrantes.
La investigación administrativa surgió a partir de un informe de la PEP, que recomendó investigar al alcalde por un aparente peculado de servicios.
Aunque los hechos también fueron conocidos por el Ministerio Público, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo al considerar que no constituían delito. Sin embargo, el procedimiento continuó por la vía administrativa.
El Concejo Municipal abrió formalmente el proceso el 10 de febrero de 2026 y nombró un órgano director para instruirlo. Sin embargo, el trámite tomó un giro en marzo.
Miranda recusó primero a los cuatro integrantes de ese órgano director y, posteriormente, el 23 de marzo, recusó a 17 de los 22 regidores propietarios y suplentes que conforman el Concejo Municipal.
La cantidad de integrantes recusados causó que el órgano municipal quedara sin cuórum suficiente para resolver el incidente, por lo que el expediente tuvo que ser trasladado al Poder Ejecutivo.
¿Por qué debe resolverlo la presidenta?
La intervención de Fernández no obedece a que el Gobierno sea el superior jerárquico de la Municipalidad de San José.
El traslado del expediente se debe a que el artículo 234.2 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) establece que, cuando una recusación afecta a la totalidad de los integrantes necesarios de un cuerpo colegiado y este no tiene superior jerárquico, corresponde al presidente de la República resolver la situación.
Cuando el expediente fue enviado a Casa Presidencial, en marzo de 2026, el mandatario era Rodrigo Chaves. Ahora, esa responsabilidad recae sobre Laura Fernández como presidenta de la República.
Su participación, sin embargo, es limitada. Fernández no debe determinar si Miranda cometió o no la conducta por la cual se abrió el procedimiento disciplinario. Lo que le corresponde es resolver si existen las causales planteadas por el alcalde para apartar a los regidores del conocimiento del caso.
Si la recusación es rechazada, el Concejo Municipal puede retomar el procedimiento disciplinario. Si es acogida, Fernández deberá conformar un órgano que sustituya temporalmente al Concejo exclusivamente para resolver ese asunto.
¿Por qué Miranda recusó a los regidores?
Miranda planteó varios argumentos para cuestionar la imparcialidad de los integrantes del Concejo.
Uno de ellos fue que varios regidores propietarios ya lo habían sancionado anteriormente por hechos distintos, relacionados con una suspensión de 15 días sin goce de salario por su decisión de detener una licitación en marcha para la compra de 16 vehículos municipales.
El alcalde impugnó la decisión ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
También, alegó que varios regidores realizaron declaraciones públicas perjudiciales en su contra durante sesiones municipales. Además, sostuvo que los regidores suplentes tampoco podían considerarse imparciales debido a su alineamiento político con los propietarios.
El Concejo rechazó esos argumentos. Entre otras razones, sostuvo que los dos procedimientos disciplinarios corresponden a hechos diferentes. El órgano indicó que la recusación debió formularse individualmente contra cada regidor y que los suplentes no participaron en la sanción anterior.
Aun así, ante la imposibilidad de contar con el cuórum necesario para resolver la recusación, el expediente terminó en manos del Poder Ejecutivo.
El expediente ahora está en medio del choque entre Fernández y Miranda
El procedimiento volvió a cobrar relevancia esta semana debido al enfrentamiento público entre Laura Fernández y Diego Miranda por la falta de coordinación entre el Gobierno y la Municipalidad de San José, para atender problemáticas como los habitantes de calle.
Miranda rechazó el argumento de Fernández de que no puede reunirse con él y le pidió públicamente a la mandataria que resuelva el asunto que tiene pendiente.
“Públicamente yo le solicito que resuelva en tiempo y forma la sanción que usted tiene en su escritorio. Estoy muy tranquilo con mi conciencia de que en ese caso tomé las mejores decisiones como alcalde”, manifestó Miranda en un video.
El alcalde también cuestionó que Fernández considere que una reunión entre ambos pueda ejercer presión sobre ella.
“Parece risible, señora Presidenta, que usted diga que un alcalde puede torcerle el brazo a una presidenta”, afirmó.
Miranda autorizó públicamente a Fernández a grabar cualquier reunión que mantengan, como respuesta al argumento de la mandataria sobre una eventual presión.
El alcalde fue más allá y aseguró que algunos ministros y autoridades del Gobierno lo habrían buscado para conversar en privado sobre el asunto. En el video no identificó a esas personas, pero afirmó estar dispuesto a entregar pruebas a Fernández.
“¿Estaría dispuesta usted a reprobar públicamente y sancionar a esas autoridades si yo le hago llegar esas pruebas?”, cuestionó.
En días anteriores, Miranda reclamó una mayor coordinación del Poder Ejecutivo con la Municipalidad de San José y denunció obstáculos para el desarrollo de diversas iniciativas municipales. No obstante, Fernández niega que su administración esté bloqueando los proyectos del gobierno local.