La denuncia señalaba al alcalde por supuestamente utilizar a dos abogados del ayuntamiento en un trámite personal.
No obstante, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción concluyó que los hechos no constituyeron una conducta delictiva y, en consecuencia, solicitó un sobreseimiento definitivo por atipicidad.
Esto ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando el Ministerio Público remitió el expediente (N.° 24-000462-1218-PE) al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, para que analice la petición y decida si se acoge o no.
Ante consultas de La Nación, a través de la oficina de prensa, la Fiscalía precisó que, para exponer su posición, ya se programó una audiencia preliminar, prevista para el 18 de mayo próximo.
Concejo Municipalidad de San José
Denuncia de la PEP
El caso se originó en noviembre del 2024, a partir de una investigación preliminar realizada por la PEP, que analizó la eventual utilización de recursos de la Municipalidad de San José para fines personales de Miranda.
Se cuestionó que el alcalde hubiese otorgado un poder especial administrativo a dos funcionarios de su confianza en el municipio y, un día después, ellos participaran en una audiencia virtual ante la propia Procuraduría para asesorar al jerarca en un asunto personal y no institucional.
Ese acto, de acuerdo con PEP, constituyó un aparente uso indebido de estos dos funcionarios. Sin embargo, la Fiscalía no acogió esa tesis y solicitó el sobreseimiento definitivo, gestión que se definirá el próximo 18 de mayo.
Antecedentes y retraso en la divulgación
La Procuraduría también envió esa denuncia al Concejo Municipal de San José para que analizara la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario contra el alcalde, en diciembre del 2024.
No obstante, el tema no se conoció en el Concejo hasta el 9 de febrero de este año, durante la sesión extraordinaria N.° 46.
Ante la falta de información sobre acciones adoptadas, la PEP envió el pasado 30 de enero un oficio de seguimiento (el PEP-OFI-269-2026) para consultar si se había iniciado el proceso administrativo contra el alcalde.
Durante la citada sesión, el regidor Álvaro Salas Carvajal, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), sostuvo que la información salió a la luz tras consultas directas de nueve regidores a la Procuraduría y calificó la tardanza como una afectación al deber fiscalizador del Concejo.
La presidenta municipal, Mariana Zúñiga, quien recibió el expediente de la PEP, negó que existiera ocultamiento intencional. Alegó que se trató de un “error material” e insistió en que el documento se le traspapeló en medio de la saturación de correos electrónicos y que fue abierto hasta el mes pasado.
