La Procuraduría de la Ética Pública confirmó la presentación de una denuncia penal contra dos abogados que se desempeñan como asesores de confianza del alcalde de San José, Diego Miranda Méndez.
Esta gestión fue planteada debido a que los abogados acompañaron al alcalde, el 15 de noviembre del 2024, en horario laboral, a una comparecencia relacionada con una pesquisa que sigue la Procuraduría por aparentes conflictos entre la Alcaldía y el auditor municipal, Israel Barrantes.
Los denunciados son Luis Vega y María Jesús Ramírez, abogados que ingresaron a la Municipalidad de San José entre mayo y agosto del 2024, con remuneraciones de entre ¢2 millones y ¢3 millones brutos por mes.
Ante la pregunta de si le advirtió a los funcionarios de que no podían presentarse como abogados personales del alcalde mientras ostentan puestos en el ayuntamiento pagados con fondos públicos, la procuradora de la Ética Pública, Lissy Dorado Vargas, confirmó que después de esa cita abrió “de oficio” investigaciones preliminares contra Vega y Ramírez.
“La información que consta en dichos expedientes es confidencial, con motivo de la emisión de dos informes remitidos a la vicealcaldesa municipal de San José, por lo que no se puede dar a conocer detalles de la investigación realizada ni de los expedientes levantados al respecto”, respondió Dorado a través de la oficina de prensa de la Procuraduría.
Además de remitir los escritos a Yariela Quirós, vicealcaldesa de San José, para que valore si corresponde abrir procedimientos administrativos disciplinarios contra Vega y Ramírez, la Procuraduría de la Ética Pública denunció a esos funcionarios ante el Ministerio Público.
La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó que la denuncia mencionada se tramita bajo el expediente 24-000462-1218-PE desde el 12 de diciembre del 2024, por los presuntos delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
El peculado consiste en la distracción o sustracción de dinero o bienes públicos por parte de un funcionario estatal. El Código Penal establece penas que van de dos a trece años para ese tipo de delitos.
Esa misma normativa también fija penas de tres meses a dos años al funcionario “que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública”.
La vicealcaldesa confirmó la recepción de los informes por parte de la Procuraduría, pero indicó que no puede dar detalles sobre cómo procedió al respecto.
“Me es imposible dar más detalles sobre el estado de los mismos, en el tanto se está procediendo como en derecho corresponde. Todo lo anterior, en resguardo del debido proceso, atendiendo el deber de confidencialidad”, señaló.
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Dos versiones sobre caso de Diego Miranda
El 24 de enero, al ser consultado por este medio de comunicación, Vega Campos, asesor legal de confianza del alcalde josefino, dijo que no estaba enterado de la denuncia penal en su contra.
Vega declaró que fue a la comparecencia el 15 de noviembre junto con Miranda, pero aseguró que no recuerda si la procuradora de la Ética Pública les advirtió de que no podía acompañar al alcalde como su representante legal en virtud de ser empleado municipal.
“Mirá, para serte honesto, no lo recuerdo (...) Vieras las cargas de trabajo que tengo y el montón de reuniones que tengo al día y, realmente, no recuerdo muy bien si, en algún momento de la comparecencia, se hiciera o no esa advertencia”, comentó.
Al preguntarle si en la convocatoria emitida por la Procuraduría de la Ética Pública fueron incluidos él y su colega, de apellido Ramírez, también contestó que no lo recuerda.
Minutos después de esa entrevista, Vega se contactó con este diario y recordó que el día de la comparecencia, la procuradora Dorado sí les preguntó en qué trabajaban y ellos contestaron que como funcionarios municipales.
“Después de decirle eso ni nos solicitó salir ni nos hizo ninguna prevención”, enfatizó Vega.
Ramírez no contestó las llamadas hechas a su teléfono celular para obtener su versión.
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¿Qué dice Diego Miranda?
Este lunes 3 de febrero, se intentó conversar con el alcalde de San José sobre este tema. Sin embargo, por medio de su encargada de prensa, solicitó que le enviaran las preguntas por escrito.
Se insistió en obtener una entrevista, pero no hubo respuesta efectiva. Por medio de un mensaje de texto, Miranda manifestó que la comparecencia estuvo relacionada con una denuncia presentada en su contra por el auditor interno, Israel Barrantes, pero que fue desestimada “determinando el rechazo por ser improcedente e infundada”.
Sobre las denuncias penales en contra de dos de sus asesores más cercanos, Miranda se desmarcó del asunto.
“Respecto a las denuncias penales de los funcionarios mencionados, desconozco los detalles de estas, ya que se encuentran dentro de la esfera privada y personal de cada uno. Serán ellos quienes deberán atender el procedimiento correspondiente”, argumentó.
“Les consulté y no han sido notificados sobre algún proceso en su contra”, añadió el alcalde.