“Creo que sería catastrófico para nuestro país, pero también creo que tendremos que preparar un plan B. La mayoría de las personas me han dicho que hemos hecho todo correctamente”, declaró el mandatario en la Casa Blanca.
El gobierno puede utilizar otras herramientas para aplicar derechos aduaneros, pero son “lentas en comparación”, explicó.
Una mayoría de jueces de la Corte Suprema interrogaron extensamente a los abogados del Estado el miércoles, durante una audiencia sobre la política de aranceles que Trump ha utilizado desde el inicio de su segundo mandato.
A tenor de las preguntas de los nueve magistrados, los especialistas se inclinan por una sentencia contraria a la política de Trump, aunque el alcance del dictamen no está claro.
Trump se ha jactado en múltiples ocasiones de los beneficios de esta ofensiva proteccionista de gran envergadura: decenas de miles de millones de dólares de ingresos adicionales para las arcas del Estado federal, promesas de inversiones masivas en el país o compras de productos estadounidenses a cambio de una rebaja arancelaria.
Si la Corte Suprema, de mayoría conservadora, decide invalidar total o parcialmente los derechos de aduana, el gobierno teme tener que reembolsar las sumas recaudadas y perder una herramienta de presión sobre el resto del mundo.
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