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La Superintendencia de Pensiones (Supén) alertó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre limitaciones persistentes en el Comité de Riesgos para anticipar amenazas y evaluar factores no financieros, lo que, según el órgano supervisor, limita la visión integral del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Esta advertencia forma parte del Informe a la Junta Directiva y al Comité de Vigilancia de la Caja Costarricense de Seguro Social sobre el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (ICV-2025), el cual tiene corte a diciembre del 2025 y fue remitido a la institución el 22 de mayo pasado. La Nación tiene copia del documento.
Se trata de un informe anual elaborado por el órgano fiscalizador sobre la situación del IVM, cuyo objetivo es formular recomendaciones técnicas para fortalecer su administración y preservar el equilibrio actuarial del régimen.
Según el documento, durante la supervisión correspondiente al periodo del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2025, la Supén determinó que persisten oportunidades de mejora y factores de riesgo identificados en evaluaciones anteriores sobre el funcionamiento de los comités técnicos.
Estos órganos son fundamentales para la toma de decisiones de la Junta Directiva en materia de inversiones y gestión de riesgos. Por ello, sus deficiencias o limitaciones pueden afectar la administración del principal fondo de jubilaciones del país, en un momento especialmente crítico para sus finanzas y sostenibilidad.
De forma puntual, la Supén señaló al Comité de Riesgos de la CCSS, que se concentra principalmente en evaluar de manera retrospectiva las amenazas financieras que enfrentó la institución, sin incorporar análisis a futuro ni anticipar factores no financieros.
“En particular, se mantiene una limitación en el alcance de la gestión del Comité de Riesgos, al concentrarse principalmente en evaluaciones retrospectivas de riesgos financieros, sin incorporar de manera integral análisis prospectivos ni una cobertura adecuada de riesgos no financieros, tales como el operativo, estratégico, tecnológico, legal y actuarial”, señala el informe.
“De igual forma, se evidencia que no se ha ampliado el análisis de riesgos a procesos críticos del régimen, como la afiliación, el otorgamiento de beneficios y las tecnologías de información, lo cual restringe una visión integral del perfil de riesgo del régimen de IVM”, agrega.
Según la Superintendencia, estas limitaciones reducen la efectividad del Comité de Riesgos como órgano asesor y dificultan una gestión institucional alineada con las mejores prácticas internacionales en gobierno corporativo, gestión de riesgos e inversiones.
Entre las funciones de este Comité figuran proponer políticas y estrategias para mitigar riesgos de los fondos e inversiones, revisar el marco de gestión, analizar nuevas operaciones y vigilar el cumplimiento de las políticas de inversión. También debe informar periódicamente sobre la exposición al riesgo, conformar equipos de análisis y revisar cada año las políticas y estrategias vigentes.
La Nación consultó a la CCSS sobre los señalamientos de la Supén y las acciones emprendidas para atenderlos. Al cierre de edición, la consulta se encontraba en trámite.
IVM enfrenta punto crítico en su sostenibilidad
Las observaciones de la Supén se producen en un momento crítico para el principal fondo de jubilaciones del país.
Al cierre de 2025, la CCSS debió recurrir a ¢50.000 millones del fondo y utilizar la totalidad de sus intereses para cubrir las pensiones de 393.000 beneficiarios, un desembolso previsto inicialmente para 2041. Esta situación acelera el deterioro financiero y podría adelantar el agotamiento de la reserva, proyectado para 2047.
El desequilibrio entre cotizaciones, beneficios y obligaciones futuras, junto con la insuficiencia de aportes, la deuda estatal y la falta de decisiones oportunas, ha agravado el escenario. Si los recursos se agotan, el Estado deberá cubrir el faltante para pagar las pensiones, según la Constitución Política.
Ante este panorama, la Gerencia de Pensiones presentó en mayo una lista de 20 propuestas para reformar el IVM.
Las medidas incluyen aumentar las cuotas requeridas para jubilarse, establecer un aporte de los pensionados al Seguro de Salud, afiliar automáticamente a los trabajadores independientes al Régimen Obligatorio de Pensiones y valorar la redirección de un 1% del Impuesto al Valor Agregado para financiar el sistema.
