EscucharLa Sala IV aclaró que la decisión de acoger para estudio la acción de inconstitucionalidad que cuestiona la Ley de Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros, que permite el proceso de cierre de Coopeservidores y Desyfin, no suspende la vigencia de la normativa y los procesos de resolución de ambas instituciones.
“La resolución de curso es clara en advertir (...) que ley sigue surtiendo todos efectos (...) por lo que las autoridades competentes pueden continuar ejerciendo sus potestades y cumplir los mandatos que se derivan de la ley cuestionada, sin que el trámite de la acción implique obstáculo alguno”, enfatizó el Tribunal Constitucional en un comunicado de prensa.
El Tribunal Constitucional aclaró que lo único que se suspende es el dictado de la resolución final en los casos judiciales en los que se esté discutiendo la aplicación de la normativa o aquellos en la sede administrativa, en fase de agotamiento de esta vía.
El 13 de febrero, el proceso de venta de activos de Coopeservidores quedó suspendido luego de que la Sala IV diera curso a esta acción de inconstitucionalidad, según consta en el oficio RES-CS-393-2025. Señalaron que la resolución de la entidad se pausaba.
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La medida tuvo un efecto negativo para los inversionistas y acreedores de la cooperativa porque el remate de carros y propiedades hecho por Coopeservidores para recuperar ¢4.609 millones quedó sin efecto.
Marco Hernández, resolutor de la cooperativa, solicitó a las personas que participaron en una subasta de activos, principalmente de vehículos, el número de cuenta bancaria para devolverles el dinero.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) detalló, semanas atrás, que la Sala Constitucional dio plazo hasta el próximo 5 de marzo para que se refieran al caso.
Conassif también había mencionado que temían que esta acción de inconstitucionalidad cursada en Sala IV afectara la posibilidad de recuperación de dinero de inversionistas de Coopeservidores y Desyfin.
El Conassif indicó este jueves que no ha sido notificada de resolución de la Sala Constitucional. Añadieron que, una vez recibida y estudiada la petición de adición y aclaración del Tribunal, responderán preguntas.
“(...) todas las actuaciones dentro de este tipo de procesos siempre tenderán a que, dentro de un marco de respeto al ordenamiento jurídico, se pueda actuar en beneficio de los ahorrantes e inversionistas de las entidades en proceso de resolución”, manifestó el Conassif.
Proceso de venta continuaría
Antonio Barzuna, uno de los inversionistas afectados, comentó que la aclaración dado por la Sala IV favorece a los ahorrantes y depositantes. “Es una excelente noticia para nosotros los inversionistas porque se pueden continuar vendiendo activos para recuperar porcentajes adicionales del dinero que está en proceso de la resolución”, afirmó.
En el caso de Coopeservidores 5.111 ahorrantes esperan la resolución de la entidad para intentar recuperar parte de su dinero. Para noviembre del 2024, la cooperativa mantenía obligaciones con el público por ¢232.194 millones y ¢8.149 millones con entidades financieras acreedoras, según los estados financieros en poder de este diario.
En Desyfin, las obligaciones con el público son de ¢99.900 millones, correspondientes a 3.072 clientes con recursos garantizados y otros 956 con fondos no garantizados. La entidad tiene activos por ¢146.151 millones, entre buenos y malos, pero ninguno ha sido vendido.
Sergio Artavia, representante legal de la familia Lacayo Beeche, principales accionistas de la financiera, dijo que la continuidad del proceso de resolución favorece principalmente a los inversionistas y acreedores.
“La venta de activos puede continuar para poder pagarle a la mayor cantidad de porcentaje a los inversionistas, pues se puede continuar con la venta de activos”, recalcó.
Sobre la recuperación de dinero para los Lacayo, Artavia agregó que por el momento parece una posibilidad remota, pues aún no se tiene claridad si con la venta se alcanza para pagar a los acreedores.
La normativa de resolución de entidades financieras declaradas inviables establece un plazo de un año para concretar el proceso. En Coopeservidores debe terminar el 21 de junio y en Desyfin el el 9 de octubre, ambos de 2025.
De no concretarse la venta de activos en el plazo de un año establecido en el artículo 139 bis de la Ley Orgánica del Banco Central, todos los que queden en la entidad irán a un proceso concursal.
