Rocío Aguilar, exjerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), calificó la situación financiera del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) como una “muerte anunciada antes de lo previsto”.
Sus declaraciones se producen en un contexto en el que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administradora del fondo, debió recurrir por primera vez en su historia a la reserva para pagar pensiones al cierre del 2025, ante impagos del Estado y una desaceleración en los ingresos por cotizaciones.
En entrevista con La Nación, la exsuperintendenta atribuyó la coyuntura del principal sistema de jubilaciones del país a ajustes que debieron aplicarse de manera oportuna y no se concretaron.
Señaló, por ejemplo, que el régimen continúa otorgando beneficios por montos superiores a los recursos que recibe, en un entorno demográfico y laboral adverso para su sostenibilidad.
Aguilar advirtió que un aumento en las contribuciones podría profundizar la informalidad, aunque reconoció que se trata de una medida necesaria para fortalecer los ingresos. Añadió, además, que eventuales alzas salariales en los sectores público y privado, si bien generarían mayores aportes, no serían suficientes ni inmediatas para cerrar los vacíos financieros existentes.
La exjerarca sostuvo que cualquier medida coyuntural que no apunte a una reforma profunda del fondo —con cerca de 393.000 jubiladdos— equivale a “poner curitas” en lugar de resolver el problema.
Por ello, reiteró la urgencia de impulsar y ejecutar cambios estructurales, en vez de prolongar diálogos sin resultados, al tratarse —señaló— de un régimen concebido para una sociedad con empleo formal en expansión, condición que hoy no se cumple.
IVM atraviesa momento crítico
Al cierre del 2025, por primera vez en su historia, la CCSS debió recurrir a la reserva del IVM para atender sus obligaciones.
La institución utilizó ¢50.000 millones del fondo y agotó los intereses generados, debido a que el Estado no canceló los montos adeudados por cuotas patronales y a que las cotizaciones y los rendimientos de las inversiones resultaron insuficientes para cubrir el pago de las pensiones.
Aunque el Ministerio de Hacienda asignó más recursos al régimen en el Presupuesto Nacional del 2026, persiste un faltante cercano a ¢10.000 millones, según confirmó el gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes. A ello se suma una deuda adicional de ¢68.000 millones que el Estado debía transferir por orden judicial, a más tardar en el 2025, y que aún no ha sido girada.
En caso de que esto no ocurra, Barrantes no descartó que la institución autónoma recurra de nuevo a la reserva para pagar sus obligaciones mensuales a los beneficiarios.