La presidenta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Yin Leng Hong, cuestionó al jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), Hermes Alvarado, por apoyar la propuesta de posponer por dos años más la entrada en vigencia de los fondos generacionales en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
El superintendente respaldó la propuesta de prórroga durante la sesión 1981-2025, en la que el Consejo aprobó por mayoría abrir una consulta pública para retrasar la entrada en vigencia de la reforma hasta el 3 de abril del 2028.
Alvarado señaló que el plazo definido tras la primera prórroga “iba a quedar corto” y afirmó que una reforma de esta magnitud requiere, como mínimo, tres años, aunque usualmente demanda entre cuatro y cinco, según el acta de la sesión, de la cual La Nación tiene copia.
Explicó que conoció estas estimaciones durante su experiencia en una operadora de pensiones complementaria (OPC), las cuales fueron compartidas por JP Morgan. Alvarado fue gerente de BN Vital.
“Uno podría revisar algunos tiempos, pero bajo la premisa de que esto, esta reforma, por el impacto y el alcance que va a tener, debe hacerse con mucha prudencia y con mucha calma, precisamente, para no incurrir en errores pasados”, expresó Alvarado.
Supén había señalado riesgos, deterioro de imagen, de reclamo de gestores, de demandas y demás que, evidentemente, entre más se extiende el plazo también van a estar presentes, y también el riesgo, de nuevo, de mayor exposición a riesgo en las carteras en el ROP.
— Yin Leng Hong, presidenta de Conassif
Durante la sesión, Leng Hong cuestionó al superintendente porque esta propuesta de la postergación de la reforma no provino de la Supén. Quien la presentó fue el directivo y presidente electo de Conassif, Humberto Grant.
“¿Por qué no vino de Supén? Si por ley entiendo que Supén propone la reforma normativa y el Conassif la aprueba”, indicó la presidenta.
Además, le recordó que a inicios de año la Superintendencia insistía en que esta reforma debía avanzar, citando riesgos como el deterioro de la imagen regulatoria por la posposición, desincentivo en el cumplimiento de las normas y eventuales reclamos de los gestores.
“La segunda pregunta puntualmente sería si esos riesgos ya no están, si desaparecen, porque entonces, la posición era que había que continuar fuertemente con estudios actualizados que solicitamos y que todos los recibimos, de manera exhaustiva, hasta nos dijeron ‘si queda algo más, por favor, díganlo y lo trabajamos’. ¿Dónde quedó, entonces, esa cantidad de riesgos que nos habían señalado y la decisión con contundencia que ustedes decían de qué había que continuar con fondos generacionales? ¿Por qué ha cambiado radicalmente el panorama?“, cuestionó la presidenta de Conassif.
Alvarado rechazó que la Supén se esté contradiciendo y afirmó que, dadas las circunstancias del 2025, con su llegada al cargo y lo conocido en las distintas sesiones de trabajo, el plazo debería ampliarse.
“No estamos ad portas diciendo, ‘ya no creemos en fondos generacionales’. Ustedes de mi boca no han escuchado esas palabras. Lo que estábamos diciendo es, bueno, en vista de todas las circunstancias, creemos que, aunque lleguemos al plazo de marzo con lo que nosotros hemos dicho de hoja de ruta, vamos a tener que alargar el plazo originalmente dado. Y ¿por qué no lo pide la Supén? Porque ese plazo lo puso el Conassif, no fue la Supén", replicó el superintendente.
Adrián Pacheco, intendente de la Supén, reiteró que la Superintendencia no ha dicho que los riesgos hayan cambiado y recalcó que la prórroga aprobada a inicios de este año fue decisión del Conassif.
Alvarado también comentó que consultó a las seis operadoras de pensiones si tendrían inconvenientes con extender el tiempo de implementación y dijo que ninguna manifestó oposición. “Las seis operadoras en cabeza de sus presidentes y de gerentes me indicaron que ellos no tendrían ninguna oposición”, afirmó.
De concretarse, esta sería la segunda posposición que enfrenta este ajuste normativo en el ROP. El Consejo ya había movido la entrada en vigencia de abril del 2025 al mismo mes del 2026 y ahora se planea postergar hasta 2028.