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El Poder Judicial verificará si el 60% de las pensiones dadas en la institución “fueron otorgadas inconsistentemente”.
Se trata de, al menos, 2.305 beneficios de jubilación aprobados entre el 1.° de enero de 1997 y el 31 de diciembre del 2015.
Así se detalla en el oficio N° 4265-AP-2018 de la Dirección de Gestión Humana de la entidad, del 13 de setiembre de 2018, que fue conocido por el Consejo Superior el pasado 11 de octubre, según consta en el acta 89-2018 de dicho órgano.
“Esta Dirección hace de conocimiento del Consejo Superior que (...) será necesario la conformación de un equipo de trabajo que se avoque a la revisión exhaustiva de, al menos, 2.305 beneficios de jubilación con la finalidad de determinar cuáles de esos beneficios fueron otorgados inconsistentemente“, se enfatiza en el informe de la Dirección de Gestión Humana.
Ese mismo día, el Consejo ordenó presentar un plan de trabajo de los beneficios que serán revisados, determinar las sumas giradas de más a los pensionados y cuál será el proceso de cobro.
La inspección se realizará en el 2019 en conjunto con la Dirección Jurídica, la cual se encargará de hacer el análisis legal de cada jubilación.
“En aquellos casos en que la Dirección Jurídica considerara que los beneficios jubilatorios otorgados son ilegítimos, debería informar al Tribunal de la Inspección Judicial para que investigue y siente las responsabilidades que correspondan”, se detalla en el mandato del Consejo Superior.
La evaluación ordenada tiene su origen en un informe de fiscalización elaborado por la Superintendencia de Pensiones (Supén) y otro por la Auditoría Judicial al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en mayo del 2016.
Ambos documentos cuestionaron la forma como la Corte otorgó jubilaciones amparadas a la Ley Marco de Pensiones.
El Poder Judicial explicó a La Nación que la investigación preliminar deberá desarrollarse caso por caso para determinar si hubo o no una aplicación inadecuada de la ley.
“El universo para el análisis preliminar es de 1.438 beneficios, que no necesariamente fueron brindados de forma errónea. Para determinar el impacto, primero hay que revisar todos los casos“, detalló la institución por escrito.
El régimen de jubilaciones del Poder Judicial contaba, hasta octubre anterior, con 3.932 personas jubiladas y 13.809 trabajadores.
La reserva el régimen ascendió a ¢506.255 millones a julio pasado, según los estados financieros del fondo a setiembre pasado.
Origen del problema
Las críticas de la Supén y la Auditoría Judicial se fundamentan en que la Corte otorgó pensiones con la mezcla de ventajas brindadas en el Transitorio III de la Ley Marco de Pensiones y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En específico, se cuestionaba el beneficio conocido como 2x1. Este permitía descontar un año de edad por cada dos años de servicio; pero solo a quienes tenían dos años de laborar en el Poder Judicial antes de 1992.
Dicha interpretación regía desde 1997, pero dejó de aplicarse en octubre del 2016, cuando el Consejo Superior la eliminó.
Sin embargo, durante el tiempo que estuvo vigente generó que se aprobaran jubilaciones con montos sobrevaluados que representan casi el 100% del salario del trabajador jubilado, según el oficio oficio N°539-31-SAFJP-2016 de la Auditoría Judicial.
Incluso, hubo casos de empleados judiciales que se retiraron sin contar con la edad mínima de jubilación permitida en ese momento (55 años), y sin contar con el mínimo de 30 años de laborar en el Poder Judicial.
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La Superintendencia concluyó que la aplicación errónea del beneficio provocó un pago de más en pensiones de ¢18.456 millones entre 2002 y el 2016, según el informe SP-1132-2016 del 20 de octubre de 2016.
Asimismo. se dejó de percibir ¢1.860 millones por cotizaciones no realizadas.
En abril pasado, Álvaro Ramos, jerarca de la Supén, volvió a pedir cuentas a la Corte sobre las correcciones al daño económico al fondo, según consta en el oficio SP-334-2018.
“Al tomar este acuerdo el Poder Judicial no solo está atendiendo un requerimiento de la Superintendencia de Pensiones, sino también una recomendación de la Auditoría Interna de ese Poder“, recalcó Ramos.
Proceso de recuperación
La Dirección de Gestión Humana determinó que para analizar los 2.305 casos de jubilados con los beneficios de la Ley Marco de Pensiones deberá conformar un equipo especial para revisar cada caso.
En el oficio de setiembre anterior, se detalla que primero identificará los casos con inconsistencias.
Luego, se ejecutará un cálculo del monto de la pensión que debió asignarse a la persona y las actualización por costo de vida hasta la fecha actual.
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“Una vez ejecutado ese proceso, se procedería a comparar las sumas mensuales recibidas contra las sumas que debieron haberse recibido y, de esa forma, determinar las sumas giradas de más para cada caso que corresponda”, explicó dicha Dirección en el oficio de setiembre anterior.
La entidad tiene previsto realizar la recuperación de los recursos mediante la vía administrativa o mediante un proceso de lesividad en la sede judicial.
Entrevista con Álvaro Ramos
Jerarca de Supén: ‘Es previsible que costo financiero haya aumentado’
Álvaro Ramos, jerarca de la Supén, resaltó que desde el 2015 la Superintendencia analiza la forma como el Poder Judicial brindó pensiones amparadas bajo la Ley Marco de Pensiones.
Ramos recalcó que es previsible un impacto impacto financiero sobre el fondo de jubilaciones.
- El Poder Judicial acordó hacer una revisión de 2.305 pensiones para determinar si hubo inconsistencias en su otorgamiento. ¿Esta medida va acorde a lo requerido por la Supén?
- Desde el año 2015, esta Superintendencia viene analizando la forma como el Poder Judicial ha aplicado el transitorio III de la Ley Marco de Pensiones, tanto para los beneficios vigentes como para los casos en los que se ha fijado el derecho a la pensión.
“Se le solicitó a dicho Poder revisar el procedimiento con el cual que se han venido otorgando las pensiones, para los afiliados que cumplan con el perfil de requisitos por vejez (...) Y establecer las responsabilidades administrativas y legales de los funcionarios involucrados en el proceso de concesión y aprobación de los beneficios.
“El hecho de que el Poder Judicial haya acordado la revisión de 2.305 pensiones para determinar si hubo inconsistencias en el otorgamiento de los beneficios, es una medida acorde con lo que Supén ha venido requiriendo“.
- ¿El hecho que el Poder Judicial revise las posibles inconsistencias es aceptar que la Superintendencia llevaba la razón?
-Al tomar este acuerdo, el Poder Judicial no solo está atendiendo un requerimiento de la Superintendencia de Pensiones, sino también una recomendación de la Auditoría Interna de ese Poder. Ambas recomendaciones buscan el beneficio del Fondo y de sus afiliados.
- Hasta octubre del 2016, la Supén calculó un pago de más en casi ¢18.450 millones y un costo actuarial de ¢69.566 millones. ¿Estos montos se han incremento desde entonces?
- A la fecha no se cuenta con información actualizada, aunque es previsible que el costo financiero haya aumentado debido a los pagos transcurridos durante este periodo.
- ¿Es posible rectificar el monto de una pensión mal otorgada y llegar a un arreglo de pago por sumas giradas de más?
- Este es un tema que se encuentra en análisis por parte de la Asesoría Legal del Poder Judicial, el cual fue solicitado por el Consejo Superior.
