El Gobierno acogió la recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de incluir al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y a los programas de preescolar dentro del presupuesto de 8% de la producción que se debe asignar, por ley, a la educación.
Así lo hizo mediante la inclusión de un artículo en el nuevo texto del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, presentado el jueves 20 de abril a la Asamblea Legislativa.
“De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política, se contabilizarán dentro del ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación estatal, los recursos presupuestados para educación profesional, técnica y primera infancia. El Ministerio de Educación Pública deberá destinar un porcentaje de este rubro al financiamiento de infraestructura educativa y equipamiento”, señala el artículo 32 del nuevo texto.
Actualmente, el monto de 8% a la educación, que señala la Constitución Política que se debe destinar a la educación, incluye solo al Ministerio de Educación Pública y este debe asignar un 1,5% al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
La orden constitucional de subir de 6% a 8% de la producción el presupuesto a la educación se estableció en el 2011, pero no se ha podido alcanzar, pues no se asignaron recursos adicionales para lograrlo. En el presupuesto del 2018 se incluyeron recursos equivalentes un 7,6% de la producción.
Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia, explicó que entre los cambios que realizaron para mejorar la regla fiscal se encuentra seguir esta recomendación de la OCDE.
“Al incluirse lo que el Estado aporta por recursos propios, como el INA, eso nos daría un respiro económico”, comentó Mora.
Los recursos a la educación continuarán creciendo a medida que crezca la producción nominal; no obstante, con solo la inclusión del INA ya se sobrepasa el 8%, comentó Mora, por lo que Hacienda no tendría que seguir haciendo más esfuerzos para alcanzar el 8%.
Pro su parte, Marcelo Prieto, presidente del Consejo Nacional de Rectores, explicó que, en el 2012, la Sala Constitucional dictó una resolución en la cual dijo que era inconstitucional incluir al INA en el 8% del PIB por lo que el artículo incluido en el proyecto podría reñir con la Carta Magna.
Agregó que además existe un convenio firmado en el Gobierno de Laura Chinchilla y que ratificó el presidente Luis Guillermo Solís, en el cual al FEES corresponde el 1,5% del PIB, entonces, si se incluyeran otros sectores no afectaría el porcentaje de las universidades.
El FEES incluye actualmente a la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia.
La Universidad Técnica Nacional se va a incorporar.
La OCDE ha cuestionado en sus informes los pobres resultados que obtiene Costa Rica respecto a los países de esta organización en pruebas educativas internacionales versus la cantidad de recursos que destina, los cuales respecto al PIB se encuentran entre los más altos entre las naciones de esta agrupación.
“Cuando estamos hablando de todos los gastos públicos, llama la atención de que sea del 8% (del PIB) porque es de los más altos, y en segundo lugar que esté en la Constitución, eso yo diría ya quisieran los países del mundo entero, ¿eso quiere decir que el 8%, protegido por la Constitución, se asigne y se gasta en la forma más eficiente? No. Y lo sabemos por los resultados que tenemos en pruebas en las que participan 80 países del mundo”, comentó Ángel Gurrría, secretario general de la OCDE.