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Retirar las placas que han sido detenidas, el traslado de un medidor de electricidad externo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el registro de fertilizantes de uso agrícola o el registro para obtener la certificación de pequeño y mediano productor agropecuario, son parte de la lista de 121 trámites que se realizan –o se podrán realizar–, por medio de la declaración jurada.
La lista completa se encuentra en la página tramitescr del Ministerio de Economía y según la directora de Mejora Regulatoria, Wendy Flores, esta es una lista dinámica, pues las instituciones que encuentren que sus trámites o parte de ellos se pueden sustituir con la declaración jurada pueden sumarse a la lista.
El 14 de mayo pasado el presidente de la República, Carlos Alvarado firmó la Directriz Nº085 Mideplan-MEIC “Sobre las medidas para acelerar la simplificación de trámites, requisitos o procedimientos que impactan de manera favorable a la persona ciudadana y al sector productivo”.
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Dicha directriz busca acelerar la puesta en práctica de la declaración jurada, la Ventanilla Única de Inversión y los planes de mejora regulatoria institucionales para contribuir a la reactivación económica.
Flores detalló que en junio del 2019 se había publicado el decreto 41.795 en el cual se instaba a la administración a que utilice la declaración jurada para agilizar sus trámites y con la directriz del 14 de mayo pasado las instituciones se comprometen a aplicar el mecanismo en plazos determinados.
La implementación es competencia de cada institución. El Ministerio de Economía le da seguimiento a los avances que reportará la institución y llevará la información al Consejo de Gobierno.
Flores explicó que cuando se sustituye una serie de requisitos con una declaración jurada lo que se hace es una revisión ex post (después del hecho) y si la persona mintió en la declaración se le sanciona. Esto es un cambio respecto a lo que se hace actualmente que es una revisión ex ante (antes del hecho) en la cual hasta que no cumpla con los requisitos no se le otorga lo que solicita.
De acuerdo con una publicación de la firma Consortium Legal, la idea de la declaración jurada es que el usuario no presente físicamente los requisitos documentales requeridos para un determinado trámite, lo cual no significa que no se deban cumplir previamente, sino que a la hora de la solicitud únicamente se presentará o firmará la declaración jurada (según lo disponga cada institución).
“Así, por ejemplo, para un Permiso Sanitario de Funcionamiento ya no sería necesario presentar el Uso de Suelo, resolución de Viabilidad Ambiental, Carta de Disponibilidad de Alcantarillado y demás requisitos, sino que con sólo que el usuario declare bajo fe de juramento que cumple con los mismos sería suficiente para que el permiso le sea otorgado. De esta manera, se evitaría la fase de revisión documental que en muchas ocasiones crea atrasos significativos en el funcionamiento de las instituciones”, destacan estos especialistas.
Con este nuevo sistema se pretende que trámites o parte de ellos se agilicen; no obstante, puede haber otros trámites del mismo proceso que no se puedan hacer por declaración jurada.
Flores explicó que, en teoría, los trámites que deben realizar los ciudadanos deben de estar publicados en el Catálogo Nacional de Trámites y puede ser que estén replicados en las páginas web de las instituciones; no obstante, puede ser que no suceda y es parte también de lo que quieren detectar, pues han tenido dificultad de que las instituciones mantengan actualizado el inventario de trámites en el catálogo.
