EscucharLa Contraloría General de la República confirmó, en un informe de auditoría, deficiencias en la gestión por parte de Procomer, Comex y el Ministerio de Hacienda en la inspección de los compromisos de inversión, creación de empleo y en la gestión del proceso de inscripción de las empresas bajo el régimen de zonas francas.
La auditoría, cuyo informe fue presentado el 23 de setiembre pasado, analizó el otorgamiento y la revisión de permanencia de empresas en el régimen de las zonas francas para el periodo entre 2010 y 2023, tomando una muestra representativa de 29 expedientes.
“Si bien existe un cumplimiento total en la presentación de requisitos y definición de parámetros de ingreso al régimen, se identificaron debilidades en la gestión de información, y ausencia de parámetros técnicos para valorar el otorgamiento del régimen a empresas previamente beneficiadas”, señala el informe.
La auditoría detectó los hallazgos en las funciones del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) y el Ministerio de Hacienda, entidades que administran los procesos de otorgamiento de ingreso al régimen de zona franca y la revisión de la permanencia de las empresas.
La cantidad de empresas que han ingresado al régimen de zonas francas pasó de un promedio de 25 empresas en el periodo 2010-2017, a 63 en el periodo 2021-2022, según señala el informe.
Inversión y empleos incumplidos
El ente fiscalizador señala que, en materia de inversión, en cuatro empresas que debieron cumplir con el nivel de inversión inicial comprometida a más tardar en el 2022, se determinó que Procomer no ha revisado los informes anuales ni se han realizado auditorías para verificar dicho cumplimiento.
En consecuencia, el monto total de la inversión comprometida por estas cuatro empresas que no han sido revisadas asciende a $2,35 millones. De estas cuatro empresas, tres debían haber cumplido con el nivel de inversión inicial entre 2021 y 2022; sin embargo, Procomer mantenía pendiente la revisión al 23 de agosto del 2023.
Además, Procomer no ha revisado el cumplimiento del nivel de empleo inicial al que estas cuatro empresas se comprometieron a crear 106 puestos de trabajo entre 2021 y 2022.
Por otro lado, de las empresas de la muestra a las que Procomer revisó el compromiso de inversión, en el 20% de ellas se determinó que incumplieron el monto de inversión inicial establecido en el acuerdo de otorgamiento del régimen.
“En estos casos, se esperaba una inversión inicial de $750.000 en total, pero solo se materializó un 35% de esa cantidad. Como resultado, la inversión esperada se redujo en aproximadamente $485.694″, indica el informe.
La auditoría revela además que siete de las 29 empresas de la muestra, se les otorgó nuevamente los beneficios del régimen cuando lo solicitaron nuevamente.
La Ley establece que no se otorgará nuevamente el régimen a una empresa que haya gozado del mismo, salvo que se presente evidencia de que esté desarrollando un proyecto nuevo o, en casos excepcionales, cuando la naturaleza y magnitud de las inversiones adicionales lo justifiquen.
La Contraloría señala que que no existe homogeneidad en las valoraciones para el otorgamiento del régimen a empresas previamente beneficiadas, por ejemplo, al considerar los niveles de inversión adicionales que proponen, tanto entre categorías como a lo interno de ellas.
Al respecto, el Comex a través de la oficina de prensa indicó que tanto la entidad como Procomer asumen la valoración de tales solicitudes con apego absoluto a la Ley, verificando que se está en presencia de proyectos nuevos y/o de inversiones significativas.
Según datos de Procomer, entre 2020 y 2021, el total de exportaciones de este régimen alcanzó $8.255 millones, lo que representó el 57% de las exportaciones totales de bienes, generando un total de 221.295 empleos directos e indirectos.El monto promedio de exoneraciones fiscales otorgadas al régimen de zonas francas en el periodo 2017-2021 fue de $1.221 millones.
Atraso en revisión de informes
Además, se encontró que Procomer tiene un rezago de dos años en la revisión de informes anuales de operaciones presentados por las empresas de zona franca revisadas en la muestra.
En cuanto a este asunto, el informe refiere que Procomer justificó el atraso por el alto volumen que se recibe anualmente y que implementaron una estrategia de revisión para que los analistas revisen dos informes de una misma empresa simultáneamente.
Para la Contraloría, este procedimiento puede ocasionar la inoportuna verificación de los compromisos de las empresas en el acuerdo de ingreso al régimen.
Inscripción es más lenta
La auditoría también reveló que el proceso de inscripción es más lento de lo establecido por la normativa. La duración total promedio, desde que se presentó la solicitud de ingreso hasta la publicación del acuerdo ejecutivo de otorgamiento, fue de 74 días hábiles, y el plazo entre la solicitud de ingreso y el otorgamiento de la función de auxiliar aduanero es de 90 días.
Estos plazos exceden los 24 y 26 días hábiles, respectivamente, que están establecidos en la normativa.
El informe del ente fiscalizador señala que no fue posible determinar el cumplimiento de los plazos en cada una de las 10 etapas que se siguen desde la solicitud de ingreso al régimen hasta la publicación del acuerdo de otorgamiento.
Al respecto, el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, explicó que el proceso formal de otorgarle a la empresa bajo el régimen de zonas francas la condición de auxiliar de la función pública aduanera se realiza través de la Dirección General de Aduanas y es la única disposición que comparten en este proceso en conjunto con el Comex y Procomer.
Por su parte el Comex indicó a través de su oficina de prensa, que desde 2017 se han venido implementando procesos para reducir los plazos a través de la Ventanilla Única de Inversión (VUI), logrando a la fecha que la aprobación del permiso que corresponde a Hacienda tarde aproximadamente dos días.
El informe señala que de las 29 empresas de la muestra, Procomer recomendó el inicio de procedimientos administrativos en nueve después de identificarse 46 incumplimientos relacionados con la inversión inicial, el empleo comprometido, el porcentaje de ventas locales y la morosidad con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Otros hallazgos en la auditoría refiere expedientes incompletos, carpetas vacías, documentos de las empresas sin fechas, sin índice y foliatura que no permite dar trazabilidad a la resolución de cada etapa.
