Diputados piden a Contraloría abrir investigación al Sistema de Banca para el Desarrollo

La petición fue presentada por los legisladores Montserrat Ruiz, Óscar Izquierdo y Pedro Rojas del Partido de Liberación Nacional (PLN); Carlos Felipe García y Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Kattia Cambronero del Partido Liberal Progresista (PLP).

El objetivo de la investigación encargada al ente contralor es evaluar las actuaciones, acuerdos y decisiones tomadas por el Consejo Rector del SBD, desde el 31 de mayo de 2022 hasta la fecha.

“Esta revisión minuciosa tiene como finalidad garantizar la transparencia, la eficiencia y la protección de los recursos públicos destinados al SBD, así como preservar la integridad de este instrumento de política económica crucial para el desarrollo del país”, señala un comunicado de la diputada Monserrat Ruiz.

Consultada por La Nación, la legisladora indicó que el objetivo de la solicitud es indagar si los fondos del SBD están llegando a los beneficiarios y si se hacen necesarias reformas para garantizarlos, además de conocer el desempeño de los nuevos miembros del Consejo Rector. “Ver en qué están fallando y si sale algo positivo, pues también en buena hora. Queremos ver las decisiones que están tomando en este año y cuatro meses, porque tampoco estamos viendo avances”.

Consultado al respecto, el presidente del Consejo Rector y jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Francisco Gamboa, dijo: “No conocemos formalmente la supuesta solicitud de investigación de algunos diputados a la Contraloría General de la República. No obstante, estamos absolutamente convencidos de que todas las actuaciones del Consejo Rector del SBD desde mayo del 2022, han estado apegadas a la legalidad y han sido motivadas por el firme propósito de que el SBD impacte el desarrollo del país y esté al servicio de las buenas ideas y los buenos proyectos de las poblaciones beneficiarias. Nos sentimos orgullosos de los cambios institucionales que hemos llevado a cabo, como el nuevo reglamento a Ley del SBD. Estaremos a la orden para exponer en cualquier foro todas nuestras acciones y cambios implementados”.

El texto de 13 páginas, dirigido por los diputados a Marta Acosta, contralora General de la República, con fecha 5 de setiembre, indica en sus partes iniciales que “la protección de la integralidad de los fines del SBD ante el riesgo de incidencia política, se constituye en una legítima preocupación que nos ocupa”.

Uno de los aspectos que refiere el documento es conocer el proceso de tramitación del Reglamento de la Ley 8634, Ley Sistema de Banca para el Desarrollo, publicado en la Gaceta 71 de fecha 25 de abril del 2023, respecto a los requerimientos que establece la Ley General de la Administración Pública y si el Consejo Rector discutió a fondo la propuesta de reglamento.

Sobre nombramiento de directora

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También solicita indagar sobre el supuesto nombramiento ilegal de un miembro del Consejo Rector, haciendo referencia a la juramentación de Karol Fallas Estrada, como miembro independiente de la instancia.

La solicitud señala que Fallas fue juramentada en la Sesión Ordinaria del Consejo Rector N.º 02-2023 de fecha 14 de marzo de 2023, según el Acuerdo AG-008-02-2023, siendo funcionaria de la Cámara de Comercio de Costa Rica donde ocupa el cargo de Directora Administrativo y Financiera de esta organización.

La Cámara de Comercio de Costa Rica es integrante del Sistema de Banca para el Desarrollo, se encuentra acreditada como Agencia de Capital Semilla, según el Acuerdo del Consejo Rector AG-059-11-2021 de la Sesión 11-2021 del 28 de julio del 2021, por lo que la juramentación de Fallas se establece como una incompatibilidad para el cargo de director, según el reglamento vigente, refiere el documento enviado a la contralora.

Agrega que el Consejo Rector, mediante oficio CR/SBD-0082-2023 del 3 de mayo del año en curso, fue formalmente advertido sobre esta situación, no obstante, Fallas se mantuvo en su cargo desde el 14 de febrero del 2023 y hasta su renuncia, el 22 de junio pasado. “Durante todo ese periodo de tiempo la Sra. Fallas participó en las sesiones del Consejo Rector tomando acuerdos que tienen efectos ante terceras personas físicas y jurídicas”, señala.

Por lo anterior, los diputados solicitan a la Contraloría determinar en cuáles casos los acuerdos tomados por el Consejo Rector del SBD, podrían tipificar dentro de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta.

Nuevas plazas de confianza

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Otro de los puntos solicitados a investigar, se refiere a que el Consejo Rector ha creado nuevas plazas, incluidas plazas de confianza, así como un incremento en el gasto de la Secretaría Técnica.

Además, refiere que el SBD presenta “indicios de un marcado retroceso” pasando de una gestión orientada bajo reglas de Gobierno Corporativo inspiradas en buenas prácticas internacionales, “para encontrarse actualmente, expuesto a la improvisación característica del cálculo político o de intereses opacos que, ciertamente inciden en la buena gestión que debe tener todas las entidades, indistintamente de su naturaleza pública o privada”.

Aquí menciona que con la reforma a la Ley del SBD, “se materializó el riesgo de injerencia política” y agrega que “la politización del Consejo Rector a partir de la reforma antes mencionada, ha conducido a un acelerado debilitamiento del Gobierno Corporativo, la violación de principios fundamentales de sana administración de los recursos públicos, como son: la segregación de funciones, roles y responsabilidades”.

Por otro lado, los diputados manifiestan que mediante Decreto Ejecutivo No. 43980- MEIC-MAG-TUR, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.º 71 del 25 de abril del 2023, en el reglamento a la Ley del SBD se otorgan al Consejo Rector, de manera “arbitraria”, atribuciones y competencias que no da la Ley del SBD, tal es el caso de la aprobación de las operaciones crediticias.

Para concluir, los legisladores, señalan que con la promulgación de la ley N.° 10172 del 20 de abril del 2022, Reforma Ley 8634 Ley Sistema de Banca para el Desarrollo se modificó el artículo 12 de dicha norma, para incluir representantes del sector turismo en la integración del Consejo Rector, cambio que consideran contrario a las mejores prácticas de gobernanza recomendadas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

“Lejos de generar una mejora en la Gobernanza del Consejo Rector, devino en un agresivo proceso de politización en la gestión y accionar de dicho Órgano Colegiado”, indica el documento, señalando además que este aspecto quedó evidenciado en la propuesta de reforma al reglamento de la Ley del SBD publicado por el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) en consulta pública el 23 de diciembre del 2022.

A raíz de esa publicación, un grupo de diputados solicitó a la Contraloría opinión sobre dicho reglamento en consulta, y mediante el oficio DFOE-CAP-072 de fecha 24 de enero de 2023, el ente fiscalizador confirmó los excesos e ilegalidades del reglamento en consulta.

El documento de solicitud de investigación deja en evidencia que el pasado 31 de marzo el Poder Ejecutivo firmó un decreto ejecutivo, Nº. 43980 MEIC-MAG.TUR, con un nuevo reglamento a la ley 8634 del SBD el cual no fue puesto en consulta, en detrimento de lo establecido en el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública.

INA incluido en investigación

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La solicitud también incluye abordar la gestión del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en lo referente al cumplimiento de los mandatos y alcances del artículo 41 inciso a) de la Ley 8634 y sus reformas, para analizar de forma integral, los resultados esta entidad respecto a la implementación, impacto y valor público esperado.

El artículo en mención, define a los colaboradores del SBD, citando en el primer inciso al INA, entidad que según la ley, deberá asignar una suma mínima del 15% de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios de cada año, con el fin de apoyar a los beneficiarios del SBD.

Además, que ejecutará programas y actividades de capacitación, de asesoría técnica y de apoyo empresarial, y podrá ofrecer los servicios de manera directa, mediante convenios o contratando bienes y servicios de conformidad con el procedimiento de licitación menor previsto en la Ley General de Contratación Pública, independientemente del monto. El INA también queda autorizado para celebrar convenios nacionales e internacionales.

“El propósito de los Legisladores fue dotar al SBD del marco legal necesario que, de forma ordenada y responsable, pudiese financiar su crecimiento futuro, dentro de la misión autorizada en el artículo 15 de la Ley 8634 y sus reformas, que parte del principio de un Gobierno Corporativo ajeno a la injerencia política o conflictos de interés”, concluye la solicitud de investigación.