EscucharEn el ámbito macroeconómico, dos fueron los retos principales – uno heredado y el otro inesperado – que debió enfrentar el equipo que tomó las riendas del Ejecutivo en mayo de 2018: el ajuste urgente en los presupuestos gubernamentales y el procurar mitigar el impacto de la pandemia en la economía.
Frente a ambos retos, el Gobierno que está por concluir puede darse por satisfecho y, merece, reconocimiento. También lo merecen otros actores políticos que, en diversos momentos durante este cuatrienio, fueron capaces de alcanzar los acuerdos funcionales para poder realizar las reformas necesarias o tomar las medidas de política pública requeridas.
Este rasgo de lo alcanzado en materia de fiscalidad no es menor. Es una característica que, a pesar de que algunos actores políticos se niegan aún a reconocer, es y será la norma en la política costarricense: la necesidad de buscar puntos de encuentros que permitan alcanzar mayorías legislativas sobre temas puntuales y, ojalá en un futuro de mayor madurez, líneas más ambiciosas de política pública.
De esta forma, durante los primeros meses de gobierno, con el temor que genera saberse al borde del abismo fiscal, sin más espacio para procrastinar y trasladar las responsabilidades a otros, fue posible aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hito clave en el golpe de timón y el cambio de rumbo que se percibe hoy en los presupuestos gubernamentales y la sostenibilidad del endeudamiento público.
Dejando de lado vacíos discursos populistas en torno a las libertades que el manejo de la pandemia volvió tristemente comunes, merece destacarse también la forma en cómo se manejaron y se mitigaron los efectos de dicho shock sobre la economía.
Las medidas adoptadas de restricción fueron mutando y flexibilizándose paulatinamente conforme se aumentaba la capacidad de respuesta sanitaria de manera que, tan pronto como agosto de 2020, los indicadores de actividad económica, gasto y empleo empezaron a recuperarse luego de la brutal contracción del segundo trimestre de ese año.
En medio de esta emergencia, fueron cruciales y efectivas acciones que permitieron flexibilizar el empleo, apoyar el ingreso de los hogares más vulnerables, dar alivio a los requerimientos de financiación de las empresas y una política monetaria expansiva, acompañada de espacios regulatorios más flexibles por parte de los supervisores del sistema financiero.
Pero no todo fueron sólo acciones de política económica de corto plazo, también se avanzó en reformas significativas como la aprobación de la Ley Marco de Empleo Público y, además, en instrumentos clave para vincular el crecimiento económico con una estrategia de desarrollo basada en principios de equidad, sostenibilidad y territorialidad, dados los retos que impone a nuestras sociedades el cambio climático y las múltiples demandas sociales.
Como es natural, no todas las acciones y las políticas adoptadas fueron suficientemente innovadoras o positivas, quizás los espacios en donde la Administración que termina mostró más debilidades o ausencia de transformaciones significativas – a pesar de su discurso político y los rasgos de su orientación ideológica – fue en materia de la política social y la productiva.
Las políticas productivas continuaron sujetas a atavismos ideológicos y posiciones antediluvianas que en lugar de procurar acciones concretas para desatar los nudos que impiden el crecimiento mediante instrumentos novedosos, recurrieron al proteccionismo (el caso del aguacate o la inmovilidad en materia comercial), a esquemas de subsidios y compras públicas costosos, inefectivos y políticamente opacos (como el CNP) y continuaron sin adoptarse acciones concretas para liberar las políticas agrícolas e industriales de la captura de sectores o intereses particulares.
De esta forma se perdió una oportunidad política de oro para acompañar la necesaria e ineludible apertura externa con otras acciones que permitieran aspirar a un crecimiento más equilibrado entre sectores productivos.
El otro caso emblemático es el de las políticas sociales, en ellas también la ambición transformadora y los recursos presupuestarios fueron pocos. Paradójicamente, dado el discurso partidario, se avanzó poco en superar los enfoques de focalización y la migración hacia acciones dirigidas a propiciar equidad en el acceso a las oportunidades y movilidad social y, particularmente, a asegurarse una mayor efectividad en las intervenciones.
Sin duda, para la nueva Administración que inicia funciones el 8 de mayo, el punto de partida en materia fiscal y en cuanto a recuperación del shock pandémico es innegablemente bueno, ojalá que no se desaproveche la oportunidad de, una vez alejados del precipicio de una crisis inminente, ser capaz de avanzar en los cambios estructurales necesarios en materia de transformación productiva, distribución y equidad y cambio climático que el país requiere con prontitud y para muchos de los cuales ya existe mucho camino andado y políticas de Estado establecidas.
