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En política económica, la credibilidad y la confianza son valiosos activos que si se deprecian –o, en los peores escenarios, son destruidos– toma tiempo y esfuerzo reconstituir. La polémica en torno a la degradación de la calificación crediticia del país por parte de Moody’s es un buen ejemplo de ello.
No cabe duda de que el aval contundente –tanto en el Legislativo como en el caso de la consulta de constitucionalidad – del entonces proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es una buena noticia –y por supuesto un logro del Ejecutivo y de los diferentes actores políticos comprometidos en dicha tarea– que permite perfilar el inicio de un proceso de ajuste que fue pospuesto, por diferentes razones, por más de una década.
No obstante, este hito lejos de significar el final del viaje y el retorno inmediato a un puerto seguro implica, más bien, iniciar una travesía igual o más difícil en términos de los retos económicos y políticos que conlleva: la de ejecutar y llevar a buen término el proceso de ajuste.
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En tal sentido, en el contexto de un proceso tan gradual de ordenamiento de las finanzas gubernamentales como el que se ha emprendido, y dado, desgraciadamente, la tendencia a procastinar que ha caracterizado en los últimos años al país en esta materia, es de cierta forma incluso natural el dudar y esperar resultados concretos.
En situaciones como estas, la forma más rápida y efectiva de combatir estas percepciones y sus efectos sobre las expectativas es entregar rápidamente resultados, no sólo en términos de reducir el déficit, sino que, además, enviar señales políticas contundentes de que se siguen construyendo los acuerdos necesarios para las siguientes etapas del proceso.
En términos de las cuentas públicas, deberá procurarse que los nuevos ingresos asociados con la reforma y un control más intenso de la ejecución presupuestaria se reflejen, con rapidez, en una tendencia clara y sostenida de reducción del déficit primario.
En lo político, será necesario mantener y construir acuerdos con los diferentes actores – bancadas parlamentarias, poderes e instituciones del Estado y grupos de interés – basados cada vez más en el convencimiento y el compromiso en torno a una agenda de reformas sustantivas, de mayor aliento y más allá de la fiscalidad y menos en el temor – debe reconocerse ciertamente objetivo – de caer en el abismo de una crisis.
Si estas señales no se dan prontamente y, por el contrario, se hiciera evidente que se cae, de nuevo, en la tentación que significa el posponer el ajuste – por ejemplo, mediante el abuso del endeudamiento externo – se habrá desperdiciado una oportunidad de oro.
