José Luis Arce. 17 enero

Jorge Vargas, en su columna Enfoque de este jueves 16 de enero, lanza una pregunta retadora: ¿Cuál debería ser el maridaje apropiado en un menú de políticas públicas que favorezca el crecimiento con equidad? En 2.500 caracteres no pretendo plantear hipótesis comprensivas – ni aspiraría a respuestas siquiera tentativas, aunque tuviera mil páginas disponibles – pero como creo que ésta es la discusión relevante hoy en nuestro país, muerdo el anzuelo, y esbozaré algunas ideas.

Crecer es necesario, pero no suficiente para construir una sociedad equitativa, inclusiva y de igualdad de oportunidades; puede que hace unas décadas fuera útil para reducir la pobreza definida por ingresos, pero hoy no parece serlo para garantizar que se satisfacen demandas mucho más complejas.

Por lo tanto, no basta solo con que aumente el PIB, es trascendental cómo se crece y cómo se puede influir sobre la forma en que se distribuyen los beneficios del crecimiento mediante distintas políticas gubernamentales, teniendo dos objetivos en mente: causar la menor pérdida en eficiencia y evitar que grupos de interés capturen por medio de ellas, rentas ilegítimas.

Tratar de recuperar cierto control sobre la forma en que la economía crece pasa por borrar el estigma que aún cargan las políticas de desarrollo productivo.

Poco se duda acerca de que el camino para el crecimiento pasa por mercados más eficientes y competitivos, y por una mayor vinculación con el resto del mundo. Pero para que políticas promercado y proapertura funcionen, es necesario asegurarse que la mayor parte de la economía es capaz de vincularse directa o indirectamente a las fuentes de demanda dinámicas o modernizadoras y, aún más importante, que su productividad – incluso en sectores no transables – no quede rezagada secularmente convirtiéndose en un lastre para las empresas y consumidores que conforman su demanda.

Políticas de desarrollo industrial modernas – conscientes de las distorsiones que pueden provocar – pueden contribuir a crear o completar mercados ausentes y los incentivos necesarios para el cierre de esas brechas.

La segunda acción impostergable es institucional: reformar el gobierno. Pero no una anclada en objetivos fiscalistas o presupuestarios, sino una que vaya más allá y procure rescatar el espacio de política pública de las garras de los grupos de interés y de su búsqueda de rentas.

Esto es crucial por dos razones: primero, porque si no se pone límite a la captura de los presupuestos y de las políticas por parte de grupos de interés, el hilo terminará cortándose por lo más delgado conduciendo a menor efectividad de la acción gubernamental y a mayor desigualdad y, segundo, y más importante, porque del rescate de la acción estatal depende que los monstruos de la desconfianza y el desprecio por la institucionalidad continúen erosionando nuestra convivencia como nación.

¿Por qué no empezamos el debate?