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El Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) revisará si procede legalmente la iniciativa del Ministerio de Educación Pública (MEP) de convocar a terceros, que no necesariamente son educadores, para cuidar las pruebas de Bachillerato en colegios académicos.
Así lo confirmó Lilliam González Castro, presidenta de Colypro, tras desmentir la veracidad de un texto que circula en redes sociales, a nombre del Colegio, donde supuestamente se oponen a la iniciativa del MEP anunciada hace tres días.
Según ese mensaje falso, el Colypro impediría que “se denigre la imagen del educador” y advierte de que tomará acciones para proteger el ejercicio de la profesión docente.
“Ese mensaje no es oficial, no tiene logotipo, ni firma responsable”, recalcó González Castro quien, al ser consultada sobre la idea del MEP, confirmó que sí hay en proceso una revisión de la legalidad de ese plan.
Por eso estimó que será hasta el próximo martes cuando la entidad se pronuncie formalmente sobre el tema.
El llamado del MEP a reclutar voluntarios responde al riesgo de que la huelga de maestros en contra de la reforma fiscal se extienda y no haya suficientes funcionarios para atender los exámenes, que arrancarán el próximo 30 de octubre.
La convocatoria va dirigida a educadores públicos y privados, profesores universitarios, docentes jubilados y estudiantes universitarios y otros ciudadanos, sin necesidad de que sean educadores.
Desde el jueves, la página web del MEP puso a disposición un formulario para que se inscriban los voluntarios en aplicar las evaluaciones o fungir como delegados del Ministerio. Los exámenes, que completarán 49.000 estudiantes, van del 30 de octubre al 6 de noviembre próximo.
Ante la revisión legal que anuncia Colypro, el Ministerio más bien extendió una invitación a ese gremio para “motivar a sus afiliados a participar en la aplicación de las pruebas de Bachillerato”, afirmó Giselle Cruz Maduro, viceministra Académica.
“No estamos en una situación normal, estamos frente a una huelga indefinida y prolongada que amenaza la continuidad del servicio educativo. El Gobierno y el MEP tienen toda la obligación legal de buscar a otros mecanismos para garantizar la continuidad del curso lectivo. El artículo 4 de la Ley General de Administración Pública faculta al Estado a tomar esas medidas extraordinarias”, expresó Cruz Maduro.
Un mensaje falso
El mensaje que el Colypro desmintió este domingo asegura que al convocarse personas “que no están colegiadas, a cualquier persona sin títulos de docencia o peor aún, a personas sin títulos universitarios ni preparación profesional de ningún tipo, se está incurriendo en actos que son potestad directa de la corporación, definida por ley”.
El texto continúa afirmando que el Colegio supuestamente “no permitirá que se recluten personas de manera indiscriminada para realizar las labores que son competencia exclusiva de los educadores. No se permitirá que se contraten particulares indistintamente de su condición o formación, para tareas que son prerrogativa de educadores, como si se tratara de alguien a quien se contrata para vender papas o chayotes en la calle”.
Y agrega: “Para que se entienda mejor, reclutar a una persona que no está calificada profesionalmente y que no está a derecho en el ejercicio de la profesión docente, es como autorizar a cualquier persona sin la preparación respectiva, para realizar una cirugía o diseñar una planta hidroeléctrica. La ley obliga y faculta al colegio profesional para que sea regulado el ejercicio de la profesión de su competencia”.
