La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) trasladó un inesperado cobro por ¢98.159 millones al Ministerio de Hacienda correspondiente a cuotas estatales pendientes de pagar al Seguro de Salud y al IVM, debido a la subvención otorgada durante la pandemia de la covid-19 por la reducción de la base mínima contributiva (BMC).
En la institución autónoma aseguran que se informó al Gobierno de las facturas sin cancelar en febrero anterior, tres años después de concluido el convenio en el cual el Poder Ejecutivo se comprometió a aportar la diferencia por la disminución de la cotización aplicada a patronos y trabajadores. Así lo confirmó Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, y se indica en el oficio DFC-ACF-0274-2024, del 20 de febrero del 2024.
Sin embargo, el 4 de diciembre del 2020, Hacienda ya había trasladado ¢42.833 millones por la reducción de la BMC, fundamentado en cálculos elaborados por la propia CCSS, como confirmaron ahora a La Nación tanto Picado como Elian Villegas, quien en ese entonces era ministro de Hacienda.
La nueva deuda estatal ya fue acreditada en los estados financieros del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al cierre de 2023. El principal adeudo por cargas sociales para ambos programas es de ¢84.444 millones, sumado a ¢13.715 millones en intereses acumulados desde el 2020 hasta marzo anterior, confirmó la CCSS.
Por su parte, en el Ministerio de Hacienda la existencia de la factura los tomó por sorpresa. En la entidad informaron de que no tienen ningún registro, durante este año, de haber recibido el cobro por parte de la institución autónoma.
Mientras tanto, Villegas criticó que la CCSS tiene la costumbre de cuadrar sus finanzas contra el Estado y los afiliados. “La Caja sencillamente dice ‘el Estado me debe’ (...) Entonces hace lo más sencillo del mundo: dice me equivoqué y solo cobré un tercio. ¿Qué pasa con este error de ¢98.000 millones a lo interno?”, cuestionó Villegas.
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Para tener una magnitud de la relevancia del monto cobrado, este equivale al 60% de los $314 millones de inversión en el nuevo hospital de Cartago, adjudicado el pasado 22 de mayo a una empresa mexicana.
En marzo del 2020, al inicio de la emergencia por la pandemia de la covid-19, la Junta Directiva de la institución autónoma aprobó reducir la BMC en 75% de su valor original por un plazo de tres meses para el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). La medida fue prorrogada en tres ocasiones a petición del Poder Ejecutivo. La disminución contributiva para patronos y trabajadores se aplicó entre marzo y setiembre de 2020, como consta en las autorizaciones de la Directiva en las sesiones 9.087, 9.106, 9.113 y 9.121.
La medida de disminuir la BMC implicó que la cotización mínima al Seguro de Salud pasara, en el periodo excepcional, de ¢294.619 a ¢74.000, mientras que al fondo de pensiones pasó de ¢275.759 a ¢69.000.
La base mínima contributiva es el nivel mínimo que los trabajadores, patronos y el Estado deben aportar a la seguridad social para recibir atención médica en la red de salud de la Caja y obtener la pensión básica del IVM.
La acción de bajar la BMC fue uno de los componentes incluidos en el Plan Proteger, creado por el gobierno de Carlos Alvarado para aliviar de manera temporal las cargas sociales y mitigar los despidos durante la pandemia. Otra de las medidas paliativas en ese momento fue la creación del Bono Proteger, de ¢62.000 o ¢125.000, que fue un alivio económico temporal para los trabajadores que vieron afectados sus ingresos por la crisis sanitaria.
Hacienda sin registro del cobro
El Ministerio de Hacienda informó a este diario, el lunes 20 de mayo, que no tiene conocimiento del pago pendiente por el subsidio a la BMC brindado durante la pandemia. “Las direcciones que atienden temas relacionados con pagos a la CCSS nos indican que no tienen en sus registros ningún traslado de cobro, emitido por esa entidad (la Caja), correspondiente a la reducción de la base mínima contributiva”, detalló la Oficina de Prensa.
Además, se agregó que incluso pidieron una copia del oficio en el cual la Caja notificó el pendiente de pago. Será hasta que se reciba la información que el Ministerio se referirá en detalle al tema, se informó por escrito.
La Nación repreguntó, el viernes 24 de mayo, si obtuvo alguna respuesta de la Caja y se indicó desde la Tesorería Nacional que no tenían ninguna novedad de la petición hecha a la institución autónoma.
En tanto, Elian Villegas, exministro de Hacienda, explicó que el pago se hizo con base en la información remitida por la Gerencia Financiera de la entidad autónoma. “Pagamos de conformidad con los cálculos que ellos (la Caja) hicieron. En algún momento nos dijeron que faltaba, pero personalmente les dije que cómo era posible si cancelamos precisamente lo que nos dijeron. Yo no me inventé los números, no los saqué, no fui a buscarlos. Ellos me los dieron”, recalcó Villegas.
El gerente financiero de la Caja explicó que esta cuenta por cobrar tiene una base sólida, pues se fundamentó en el reporte hecho por los patronos, trabajadores independientes y voluntarios reportados a la institución.
“La Caja sencillamente dice ‘el Estado me debe’ (...) Entonces hace lo más sencillo del mundo: dice me equivoqué y solo cobré un tercio. ¿Qué pasa con este error de ¢98.000 millones a lo interno?”.
— Elian Villegas, exministro de Hacienda
“Los adeudos del Estado como tal, basados en los datos en las contribuciones reportadas, tienen menos discrepancias porque se usan las bases de datos del Sicere. Sobre esto ni Hacienda ni la Caja pueden discutir la veracidad de los datos”, alegó Gustavo Picado.
El nuevo cobro registrado implicó una fuerte alza en la deuda estatal. En el Seguro de Salud, el pendiente de pago finalizó el año pasado con un saldo de ¢2.840.927 millones, un aumento del 21,5% respecto a los ¢2.337.250 millones del 2022.
En el caso del IVM, la morosidad del Estado cerró en ¢656.190 millones en 2023, lo que implicó un incremento del 34% respecto a los ¢488.380 millones del año previo, según los estados financieros.
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¿Por qué la diferencia?
La revisión de la cuantía del subsidio a la BMC se hizo a raíz de un mandato dado por la Directiva de la institución en la sesión N°. 9178, celebrada el 18 de mayo del 2021, así como por una recomendación emitida por la Auditoría Interna de la CCSS en el oficio AAFP-039-2022, del 3 de agosto de 2022.
En el documento de la Auditoría se explica que el pago de ¢42.800 millones, hecho a finales del 2020, fue una estimación realizada con base en datos de la Encuesta Nacional de Hogares, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Sin embargo, fue de manera posterior que se hizo una verificación con los datos realmente registrados en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), reconoció el gerente financiero.
Adicionalmente, la institución detalló, por escrito, a este diario, que el primer monto calculado por la Caja correspondía a los meses de marzo, abril y mayo del 2020, pero no incluía todo el periodo.
La Auditoría reprochó en ese momento a la Gerencia Financiera por qué si Sicere ya había hecho un nuevo cálculo del monto del subsidio en julio del 2020, no se notificó formalmente al gobierno de ese momento.
Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, reconoció que la estimación del faltante de pago llevó “un tiempo considerable” porque era necesario extraer la información de planillas mes a mes de la base de datos del Sicere. Este sistema guarda la información de aportes de 90.000 patronos y casi dos millones de trabajadores.
El funcionario añadió que para hacer la revisión debieron crear una metodología de cálculo para cuantificar los montos dejados de percibir por asalariados, independientes, asegurados voluntarios y patronos en el periodo en que aplicó la disminución de la BMC.
En el proceso de filtración de la información, explicó el jerarca, se debía separar a los trabajadores que estaban por encima de la base mínima contributiva, pero debieron incluir a aquellos que cuando aplicó el recorte de jornadas quedaron por debajo de la cuantía mínima de cotización.
La información brindada a La Nación muestra que la institución empezó el proceso en febrero de 2021 y, en agosto del año pasado, se terminó el cálculo de la deuda, según consta en el oficio GF-DSCR-0661-2023, del 16 de agosto del 2023.
“La previsión inicial (¢42.800 millones) quedó muy por debajo del monto real, pero al final, cuando se hacen las estimaciones con los datos reales de las planillas, se encontró que la diferencia que se debía cubrir estaba muy por encima de ese monto”, apuntó Picado.
El gerente sí reconoció que la medida excepcional fue efectiva porque logró retener a la mayoría de cotizantes registrados en la seguridad social previo a la pandemia.
