El envejecimiento que vive la población costarricense tendrá grandes impactos fiscales en pocos años.
Si solo se considera el cambio demográfico, el gasto necesario en salud y pensiones al 2030 crecerá debido al aumento en la cantidad de adultos mayores (de 65 años y más), pero en educación bajará porque habrá menos jóvenes y niños (de 18 años o menos).
Así lo argumenta el estudio Impacto fiscal del cambio demográfico: Reto para una Costa Rica que Envejece, que publicó la Contraloría General de la República, este lunes 1°. de abril.
Según este informe, la población menor a 18 años pasó de representar el 37% del total, en el 2001, a 27%, en el 2018, y bajará a 23% en el 2030; pero la de 65 años y más pasó de 5% del total, a 8%, y alcanzará el 13% en ese mismo periodo.
Gasto en salud se acelera
Para el sector salud, el envejecimiento implica un aumento esperado del gasto en hospitalización y consulta externa de al menos el 86% (al pasar de ¢1.258.421 millones, en el 2016, a ¢2.340.763 millones en el 2030) debido a la mayor prevalencia de enfermedades no transmisibles (como diabetes, neoplasias como cáncer y enfermedades del corazón).
El informe explica que la literatura señala dos propuestas de política para enfrentar esta situación: incrementar la esperanza de vida saludable a través de políticas de salud preventiva y un abordaje integral y efectivo de las enfermedades no transmisibles en los primeros niveles de atención.
“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2017 la esperanza de vida saludable para Costa Rica se calculó en 71,1 años, esto quiere decir que, en promedio, de los 79 años de esperanza de vida al nacer se disfrutarán 71,1 años de vida saludable y el resto con alguna enfermedad”, señala el documento.
“Esto nos concierne a todos, la política pública requiere de un giro en su enfoque (...) el país debió prepararse progresivamente y no lo hizo”, dijo Martha Acosta, contralora general de la República, en la presentación del estudio.
Más demanda de pensiones
Más adultos mayores también implican una mayor demanda de pensiones por vejez, que junto con las de invalidez y sobrevivencia, configuran el gran desafío de la sostenibilidad financiera para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social.
“Si se supone constante la distribución en los montos de pensión observados en 2017, así como la pensión promedio real, y se toma como dada la proyección en la cantidad de pensionados del IVM elaborada por la CCSS, se tiene que para 2030, el gasto en pensiones ascendería a ¢1.829.190 millones, lo que representa una variación del 263% respecto a 2017”, señala el documento.
Si se toma como referencia la proyección de pensionados elaborada por la UCR, estas cifras se ubicaría en ¢1.981.783 millones y la variación sería de 293,3%, respectivamente.
“Como porcentaje del PIB, las pensiones por vejez pasarían de representar el 1,5% de la producción a un rango del 2,5 al 2,7%, en tan solo 12 años, lo que permite apreciar la velocidad con la que el envejecimiento afectará las finanzas del Invalidadez, Vejez y Muerte”, señala la Contraloría.
A esta situación se suma también el problema de la informalidad, pues esta población no cotiza y demandará pensión en el futuro.
Para el 2018, 44,9% de las personas ocupadas se encontraban en la informalidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
También se prevé un aumento de adultos en pobreza que demandarán pensiones del Régimen No Contributivo.
La cantidad de pensiones de adultos mayores en condiciones de pobreza, pasó de 49.336, en el 2008, a 71.362 en el 2017 (44,6% más).
Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 2018 muestran que el 7% de las personas pobres son adultos mayores, cerca de 82.756 personas, lo que implica que el 20,2% de la población adulta mayor es pobre.
Si se mantiene constante este porcentaje, para el 2030 más de 146.000 adultos mayores estarían en condición de pobreza y otorgar a cada uno una pensión básica requeriría aumentar el gasto del régimen en 120% respecto al 2017. En la actualidad, la pensión ordinaria del Régimen No Contributivo asciende a ¢78.000 mensuales.
A esta situación se suman los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto de la República, los cuales también han generado una presión fiscal creciente, pues su carácter deficitario es más profundo.
Revisar gasto en educación
En educación, producto de la caída en la natalidad, las proyecciones indican una caída en la demanda servicios educativos y eso ya se aprecia en las estadísticas de matrícula inicial de educación primaria.
La matrícula inicial de primaria tradicional del sistema público pasó de un máximo de 500.979 estudiantes en el año 2000, a 400.243 estudiantes en el 2017, casi 100.000 menos debido a la caída en la tasa de fecundidad.
El Ministerio de Educación Pública cerró 62 centros educativos entre el 2011 y el 2018 por falta de matrícula.
Sin embargo, el gasto del Gobierno Central en educación como porcentaje de la producción pasó de representar el 4,1% en 1999 al 7,4% en 2017, ello en virtud de las reformas constitucionales promulgadas en 1997 y el 2011, que establecieron como meta una asignación del 6% y 8% de la producción interna.
“La determinación del gasto en educación no considera la evolución de la estructura etaria de la población ni su magnitud, sino que responde a una política cuantitativa que no guarda relación con los resultados del sistema educativo y de la dinámica demográfica”, llamó la atención la Contraloría.
El órgano contralor considera que el reto es, en el corto y mediano plazo, promover eficiencia en el gasto educativo, por medio de mejoras palpables y cuantificables en las diferentes dimensiones que la componen (formación docente, infraestructura, educación técnica y académica, exclusión, cobertura, contenidos curriculares y desarrollo tecnológico, entre otras).
En el largo plazo, el reto es plantearse la posible reasignación de recursos sin que ello implique desmejoras en la calidad de la educación.
Julissa Sáenz, una de las autoras del estudio comentó que hay espacios para aumentar el gasto educativo en algunas áreas, por ejemplo, en infraestructura de los colegios nocturnos o en atender las debilidades en tecnologías de información del Ministerio de Educación.
La Contraloría concluye que es pertinente promover la construcción de un marco fiscal demográfico, que considere la demanda de recursos, oferta de recursos, instrumentos fiscales, transparencia y rendición de cuentas.