Marvin Barquero. 10 septiembre
Una de las principales funciones de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) es analizar adquisiciones o acuerdos entre empresas. Por ejemplo, primero rechazó la compra de Perimercados por parte de Walmart y luego autorizó que fuera adquirido por el Grupo Kinling Yan. Foto: Graciela Solís
Una de las principales funciones de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) es analizar adquisiciones o acuerdos entre empresas. Por ejemplo, primero rechazó la compra de Perimercados por parte de Walmart y luego autorizó que fuera adquirido por el Grupo Kinling Yan. Foto: Graciela Solís

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) le pagará $8.000 mensuales a cada uno de sus tres nuevos comisionados, pero no tendrá recursos para aumentar su personal ni para incrementar los análisis en el mercado en el 2021.

Así ocurrirá una vez que la Asamblea Legislativa nombre a los tres comisionados de la Coprocom, en cumplimiento de la nueva Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica.

Dicha norma fue aprobada como parte del proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Conforme a esta ley, vigente desde noviembre del 2019, el presupuesto para Coprocom debería pasar de ¢541,7 millones en este año a unos ¢2.300 millones en el 2021.

Sin embargo, la Comisión tiene asignados solo ¢718 millones en el plan de Presupuesto Nacional de la República del año entrante, el cual fue presentado el pasado 1.° de setiembre.

El Ministerio de Hacienda alega que lo anterior obedece a la baja en los ingresos sufrida por el Gobierno, ante el impacto de la pandemia de covid-19.

Mariana Castro, presidenta de Coprocom, adujo que el escenario para el 2021 es tener comisionados de muy alto nivel, con dedicación exclusiva y salarios adecuados, pero con una Unidad Técnica de Apoyo (UTA) sin recursos para avanzar más allá de lo que se hace actualmente.

Coprocom se encarga por ley de vigilar la competencia entre empresas en el mercado y de evitar prácticas monopolísticas o de concentraciones de compañías.

En la etapa de evaluación de la candidatura de Costa Rica para ingresar a su organización, la OCDE recomendó fortalecer a esta comisión, tanto financieramente como en materia de independencia.

A los actuales comisionados se les paga por cada sesión y el ente estaba adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

De acuerdo con una consulta realizada a la UTA de la Coprocom, alrededor de ¢511 millones del presupuesto del 2020 se deben dedicar a remuneraciones.

Ante la recomendación de la OCDE de fortalecer e independizar el grupo, la nueva ley le asignó un presupuesto anual de unos ¢2.300 millones (alrededor de $3,8 millones al tipo de cambio actual).

El objetivo es promover cambios sustanciales en la composición, el financiamiento, las potestades y funciones de Coprocom.

Proceso

La nueva ley otorgó nueve meses para que el Consejo de Gobierno escogiera, mediante concurso, a tres comisionados propietarios y dos suplentes.

Ellos trabajarán a tiempo completo y con dedicación exclusiva, por lo que ganarán los $8.000 mensuales.

Ese periodo venció el 18 de agosto pasado, mientras el Consejo Económico está terminando la etapa de selección. Ya se le hicieron exámenes a los candidatos, así como las entrevistas.

Paralelamente, el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda para el 2021 contiene un aumento que apenas alcanzará para pagar el salario ($24.000 mensuales) de los tres comisionados y dotarlos de equipo de cómputo, según estimaciones de la UTA y de la presidenta Castro.

No se podrá ni realizar la prevista contratación de, al menos, 36 funcionarios adicionales (llegaría a 52) especializados para laborar en la UTA, quienes se encargarían de fortalecer la vigilancia en el mercado y de realizar nuevos análisis de competencia y d concentraciones.

Los actuales comisionados terminarán el proceso de transición cuando ya estén debidamente ratificados los nuevos en la Asamblea Legislativa.

El transitorio de la ley indica que los actuales funcionarios deben esperar hasta que se termine el proceso de nombramiento de los nuevos miembros.