La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) se quedará, este 2020, sin ningún aporte de los recursos presupuestarios asignados en la nueva ley negociada en el proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Así lo consignó el Ministerio de Hacienda ante una consulta de La Nación, aunque la Coprocom gestionó esos recursos desde enero de este año, antes del impacto del coronavirus, según se desprende de una carta del 8 de julio, dirigida a las ministras de Comercio Exterior (Comex), Dyalá Jiménez, y de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández.

El Comex coordina lo relacionado al proceso de adhesión de Costa Rica a la organización de países, mientras que el MEIC recibiría la partida presupuestaría para la nueva Comisión y haría el desembolso correspondiente.

“Mediante oficio DM-0788-2020, el señor ministro de Hacienda, Elian Villegas, informó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) que ante la solicitud de incorporar recursos al presupuesto del MEIC, por un monto de ¢531.281.237 dirigidos a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) y dada la situación fiscal que experimenta el Gobierno de la República, la cual se ha visto profundizada por la pandemia de la covid-19, resulta materialmente imposible en estos momentos atender la solicitud para el presupuesto 2020″, según la respuesta a una de las consultas.

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De acuerdo con la nueva Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, la Coprocom saldrá de la jurisdicción del MEIC, será un órgano independiente con presupuesto propio y sus comisionados trabajarán a tiempo completo, con dedicación exclusiva y con salario competitivo.

Esos nuevos comisionados se nombran mediante un concurso que abre el Consejo de Gobierno y deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa. Este proceso está avanzado, pues el 18 de agosto es la fecha legal límite para presentar los nombres ante los diputados.

Por lo tanto, el presupuesto pasará, según la ley, de unos $700.000 anuales a alrededor de $4 millones, con el fin de cumplir los objetivos contemplados en la ley, aprobada como parte de los compromisos para ingresar a la OCDE.

La ley se publicó en noviembre del 2019 y el objetivo es fortalecer las autoridades de competencia para un mejor control de posibles prácticas monopolísticas en el mercado, así como de eventuales concentraciones en sectores económicos.

Precisamente, este miércoles 29 de julio, en la mañana, la OCDE dará su informe final del grupo de políticas de competencia de Costa Rica.

Se prevé que se dará la aprobación final, en un contexto donde la transición de la anterior Coprocom a la nueva comisión pasa por los problemas de financiamiento.

Rechazos

De acuerdo con la carta del 8 de julio, la actual Coprocom dijo que hizo la primera gestión de presupuesto en enero de este año, por un monto de ¢531 millones, entendiendo las dificultades presupuestarias.

La misiva firmada por la actual presidenta de Coprocom, Mariana Castro, indica que el 3 de marzo del 2020, se le consultó mediante un oficio a José Luis Araya, subdirector de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, a fin de darle seguimiento al presupuesto extraordinario solicitado, pero no hubo respuesta.

La misiva agregó que el 13 de mayo del 2020, vía correo electrónico, se solicitó una reunión al señor Rodrigo Chaves, en ese entonces ministro de Hacienda, para hacerle ver la urgencia e importancia del presupuesto requerido.

Finalmente, en mayo pasado se envió una nota al MEIC (el cual traslada la solicitud a Hacienda) solicitando un presupuesto adecuado a lo que resta del año y ajustado para cumplir con los compromisos para la nueva Coprocom, dijo Castro en la carta. El monto pedido fue de ¢106 millones.

Castro declinó referirse a profundidad al tema, pues recordó que ella estará teóricamente hasta el 18 de agosto. Empero, dijo que la preocupación es por la falta de presupuesto para pagar salarios y dotar de equipo a los nuevos comisionados.

Agregó que el temor es por un eventual nombramiento de los especialistas sin contar con los recursos para pagar salarios.

Entre las consulta enviadas Hacienda, el 15 de julio pasado, se incluía preguntas acerca de si es legal nombrar cargos sin tener presupuesto y si esto viola los compromisos con la OCDE. Hacienda no respondió y remitió este tipo de temas al MEIC, ministerio que tampoco respondió al cierre de esta nota.