Óscar Rodríguez. 15 junio
Costa Rica dejó abierta la posibilidad de obtener un Acuerdo Stand-By con el FMI, luego de obtener un financiamiento rápido de $508 millones para atender los efectos de la pandemia del coronavirus. Foto: Shutterstock.
Costa Rica dejó abierta la posibilidad de obtener un Acuerdo Stand-By con el FMI, luego de obtener un financiamiento rápido de $508 millones para atender los efectos de la pandemia del coronavirus. Foto: Shutterstock.

Pactar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de obtener un tanque de oxígeno por $2.250 millones para las finanzas públicas, supondrá para el país la creación de un programa de ajuste económico el cual implicaría una combinación de recorte de gastos, alza de ingresos y venta de activos.

Así lo confirmaron a La Nación Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR); Elian Villegas, ministro de Hacienda; y Rodrigo Chaves, exjerarca de Hacienda, cuando se les consultó sobre los alcances del acuerdo stand-by o Derecho de Giro cuya negociación inició Costa Rica con el organismo internacional.

También quedó demostrado en las recientes negociaciones hechas por el Fondo en Honduras y Argentina, en 2019 y 2018 respectivamente. El primer país se comprometió a hacer una reforma energética. En tanto, la nación suramericana a lograr un superávit primario, este año, e implementar un programa metas de inflación y fortalecer la independencia del banco central, en 2021.

La meta del plan de Costa Rica se centrará en la reducción del nivel del endeudamiento público, en un plazo acordado con el Fondo, para que sea equivalente al 50% del producto interno bruto (PIB), confirmaron Cubero y Chaves.

Ambos fueron quienes negociaron el reciente crédito por $508 millones dados por el FMI al país para atender la emergencia del covid-19. Además, el jerarca del BCCR también conoce la forma de trabajo del Fondo, pues laboró 13 años en el organismo.

Tal ruta significará un ajuste muy relevante en el perfil actual del endeudamiento. Para este año la proyección del FMI es que cierre en 67,2% del PIB.

La magnitud de reducir el endeudamiento en 17,2 puntos porcentuales de la producción, monto que equivalente hoy a ¢6,1 billones, es lo que obligaría al país a adoptar mezcla de un paquete de medidas económicas.

“La deuda debe ser sostenible, ellos (equipo técnico del FMI) los definen como una razón de deuda/PIB del 50% (de la producción). Un programa como eso requerirá de medidas fiscales en gasto, ingreso y venta de activos; así como medidas que hagan el crecimiento del país”, afirmó Chaves.

El exfuncionario reconoció que el FMI es un “negociador duro”, pues solo presta a los países cuando determina que el programa presentado realmente logra los objetivos.

“Todas las opciones para lograr un ajuste de la magnitud que requiere Costa Rica serán opciones que requieren sacrificio”, afirmó Chaves.

En tanto, el Presidente del Banco Central confirmó que el programa económico debe sustentar la reducción efectiva de la deuda.

“El Fondo es neutral, solo pide el programa para reducir la deuda y la forma en que se alcanzará. Se hará por ingresos, gastos y venta de activos, o una combinación de todo. El país deberá plantear su programa”, afirmó el funcionario.

Cubero reconoció que el eventual incumplimiento de las metas implicará la paralización inmediata de los desembolsos.

Costa Rica está en el proceso de negociación de un acuerdo stand-by o Derecho de Giro. Se trata es una línea de crédito destinada a responder, de manera rápida, a las necesidades de financiamiento de un país para ayudarlo a salir de una crisis en sus finanzas.

La Nación consultó al FMI sobre los requerimientos y negociaciones con el país. Sin embargo, la organización informó de que ahora están concentrados en que se logre la aprobación del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR), otorgado al país en abril pasado.

“El personal técnico del FMI y las autoridades costarricenses continúan trabajando estrechamente en el contexto de la IFR recientemente aprobada, que ahora debe ser ratificada por la Asamblea Legislativa del país”, informó el organismo por correo electrónico.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, confirmó que el gobierno debe sentarse a hacer una revisión de cuál será la fórmula a usar para lograr el objetivo de la sostenibilidad fiscal.

“El tema que está claro es que el Fondo no nos va a decir usted tiene que vender y traernos la planta, sino que nos dirá usted tiene que llevar el déficit a tanto, en tal año, y dígame cómo lo hará”, comentó Villegas.

El Presidente Carlos Alvarado dijo en entrevista con El Financiero que, durante las conversaciones con el Fondo, Costa Rica será el encargado de decidir cómo se llegará a la meta de reducción de la deuda pública.

Características y evaluaciones

Mediante el financiamiento de stand-by, Costa Rica puede obtener hasta un máximo de a $750 millones al año, confirmó el Presidente del BCCR.

“El techo principal sería un monto acumulativo de $2.250 millones en los tres años. Pero eso podría cambiar un poquito, ver si se pude hacer un desembolso más fuerte en los primeros años y luego un monto menor”, aseguró Cubero.

El monto señalado por el jerarca se dicta según las reglas del mismo Fondo. La norma técnica del acuerdo stand-by dice que solo se puede prestar, cada año, el equivalente al 145% de la cuota depositada por un país miembro ante el FMI.

Además dicho financiamiento abarca un periodo que va desde 12 meses hasta un máximo de 36 meses, según las reglas del Fondo.

Cubero recordó que el que Costa Rica se propuso, en el acuerdo pactado para la línea de crédito por la pandemia, reducir el endeudamiento al 50% en el 2034.

Sin embargo, dicho objetivo se estableció sin pactar ningún tipo de programa económico con el FMI, pues es resultado principalmente de la aplicación de la reforma fiscal.

En el caso de Costa Rica, el exministro de Hacienda, comentó que antes del desembolso debe estar claro el programa de acciones fiscales y estructurales con los cuales se reduzca la trayectoria de la deuda pública.

Añadió que primero se necesita un ajuste significativo en el déficit fiscal, pues la venta de activos es un proceso que puede tardar más tiempo.

La proyección del FMI es que el déficit del país sea del 8,7% del PIB, durante este año, y se reduzca al 2%, en 2025, dado que se prevé un superávit primario equivalente al 2,2% de la producción ese año, según el Solicitud de adquisición del Instrumento de Financiamiento Rápido de Costa Rica.

El análisis, de mayo anterior, determinó que se requiere volver a aplicar la regla fiscal, a partir de 2021, una vez que la crisis de salud se disipe, para alcanzar reducir tanto el endeudamiento como el déficit.

Cubero destacó que lograr un acuerdo con el organismo se transforma en un respaldo de cara al financiamiento del país con otros organismos multilaterales e inversionistas.

Experiencias regionales

Cuando un país solicita un acuerdo stand-by con el FMI parte del compromiso inherente es ajustar las políticas económicas para superar los problemas que lo llevaron a tener que pedir financiamiento.

La promesa de reforma se establece en una carta de intención. Las metas las dicta el país pero, antes de firmarse el crédito, el Fondo revisa los objetivos y se crea un cronograma de seguimiento trimestral.

Por ejemplo, en julio del año pasado, la organización aprobó un financiamiento por $311 millones a Honduras. El compromiso principal fue una reforma en el sector energético y en la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

El cambio incluyó establecer tarifas de electricidad por parte de un organismo regulador independiente. Entre las cláusulas del gobierno hondureño estuvo un subsidio tarifario para la población de menores ingresos, lo cual aceptó el FMI.

En noviembre del 2019 se dio la primera revisión técnica del programa económico y, la segunda evaluación, en mayo anterior.

El resultado fue que el FMI decidió ampliar la línea de crédito a Honduras en $222 millones por el avance logrado, en especial la creación de una entidad técnica para regular las tarifas en el país, se detalla en el informe técnico del Fondo.

En Argentina en junio del 2018, el Fondo brindó el crédito más grande en su historia por $57.000 millones para hacer una reestructuración de la deuda.

Desde entonces, el organismo ha efectuado seis revisiones técnicas de las metas argentinas y cada desembolso se ha hecho, previa aprobación en las metas alcanzadas.