El presidente de la República, Carlos Alvarado, afirmó que en la negociación de un crédito tipo Stand-by arrangement (SBA) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el país va a negociar metas, no condiciones.
Así lo expuso en una entrevista publicada este jueves por El Financiero.
En un SBA, el FMI envía desembolsos durante varios meses a un país en crisis económica, siempre y cuando dicho Estado cumpla con tomar acciones, por ejemplo, recortar el gasto o disminuir la deuda pública.
Dichos acuerdos suelen tomar entre uno y dos años para ejecutarse, pero su duración máxima es de tres años.
Con respecto a la negociación del financiamiento con el Fondo, Alvarado declaró a El Financiero: "Vamos a acordar metas, pero no vamos a acordar condiciones”.
“Lo que se va a tener es una conversación con el FMI para decir 'bueno, para ser sujetos a crédito acordamos estas metas en materia de desempeño’, pero es Costa Rica la que tiene que decidir cómo llegar a esas metas”, continuó.
Según el mandatario, su objetivo es alcanzar “una mezcla de cosas que no impacte a la población, que sea viable con los actores políticos, principalmente los legislativos, y que no comprometa nuestro Estado Social de Derecho”.
El sitio web del FMI explica sobre este tipo de acuerdos: “Cuando un país solicita un préstamo al FMI, acuerda ajustar sus políticas económicas para superar los problemas que lo llevaron a tener que pedir financiamiento en primer lugar.
"Estos compromisos, incluida la condicionalidad específica, se describen en la carta de intención del país miembro”, explica el Fondo.
Luego, el dinero se reintegra en ocho cuotas trimestrales a partir de los 39 meses posteriores a la fecha de cada desembolso. El pago de los dineros puede tomar un máximo de cinco años.
Algunos países que se han acogido a un SBA en momentos de apuro son Argentina, Hungría, Islandia, Grecia y, más recientemente, Ucrania y Egipto.
Para este año, el Ministerio de Hacienda estima que el déficit fiscal podría alcanzar un 10% del producto interno bruto (PIB), aunque podría bajar a un 8,6% si se toman medidas. Aún con la cifra más baja, sería el déficit más alto de los últimos 40 años.
Para este año, el gobierno estima que los ingresos tributarios caerán en ¢1 billón dentro de un presupuesto de más de ¢10,5 billones, debido al impacto de la pandemia de covid-19.
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El economista Alberto Franco afirmó que, en días recientes, “los mercados internacionales han reaccionado favorablemente a la noticia del inicio de negociaciones hacia un acuerdo Stand-by con el FMI”.
“De hecho, el precio de los bonos de la deuda externa del Gobierno de Costa Rica ha experimentado incrementos importantes ante expectativas de que ese acuerdo defina una nueva ruta para la consolidación fiscal en el corto, mediano y largo plazo”, aseveró Franco.
Para el economista, la calificadora de riesgo Standard & Poors no fue optimista sobre la viabilidad política de las eventuales reformas que podría conllevar ese acuerdo, cuando degradó la nota de riesgo de Costa Rica, esta semana.
“Comprendo y comparto la incertidumbre de la calificadora, mas considero que aunque el camino hacia la sostenibilidad fiscal que podría negociarse resulte empinado, muy probablemente los actores políticos y sociales concluyan que ese sería el camino menos doloroso para la economía del país hacia adelante”, expuso Franco.
Al respecto, Alvarado remarcó que las calificaciones de riesgo se han visto afectadas en muchos países debido a la pandemia, no solo en Costa Rica. Asimismo, expuso que su prioridad es ganarse la confianza de los organismos internacionales que pueden ayudar a superar la crisis.
“Los mercados han reaccionado positivamente en los últimos días, incluso con los cambios de Hacienda (renuncia del ministro Rodrigo Chaves), pero también porque otros órganos han depositado la confianza en Costa Rica”, dijo Alvarado este jueves en el reporte diario de la pandemia.
El mandatario resaltó las gestiones logradas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco de Desarollo de América Latina (CAF), instituciones que otorgaron préstamos por $380 millones y $500 millones para atender la emergencia.
“Además, tenemos acuerdos materializados en proyectos ya presentados y eso nos permitirá mantener la estabilidad en este año y el próximo año”, agregó Alvarado.
Semanas atrás, Costa Rica recurrió al FMI para recibir $508 millones bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido.
En este caso, en una carta de intenciones, el Gobierno se comprometió a alcanzar un superávit primario del 2,2% del PIB en el 2024.
Un superávit primario consiste en que los ingresos del Gobierno Central sean superiores a sus gastos, sin tomar en cuenta el dinero que se va en el pago de los intereses de la deuda pública.
En el 2019, en vez de superávit, el país tuvo un déficit primario de un 2,78% del PIB, equivalente a más de ¢1 billón.
El FMI aprobó el crédito el pasado 29 de abril y, la semana anterior, el Poder Ejecutivo lo presentó ante los diputados, quienes deben ratificarlo antes de que el dinero se use en la atención a la emergencia sanitaria, el gasto estatal y la deuda pública.
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, detalló a El Financiero que la aprobación de este préstamo en la Asamblea Legislativa es clave para negociar el SBA.
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El déficit total del Gobierno Central en el 2019, que incluye el pago de intereses, alcanzó un 6,96% del PIB, cerca de ¢2,5 billones.