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La Superintendencia General de Seguros (Sugese) cuestionó una iniciativa de ley que propone crear un nuevo impuesto a las primas lo cual encarecería los seguros y los créditos. El objetivo del tributo es financiar las redes de monitoreo sísmico y meteorológico del país.
La Sugese “se opone totalmente a la imposición de cargas adicionales fiscales o cuasi fiscales a los participantes del mercado de seguros”. Entre otras cosas, argumentó que los seguros son una actividad financiera privada.
“(...) ninguna forma se justifica que actividades que corresponden al Estado, y deben financiarse transparentemente con cargo al presupuesto nacional, terminen recargándose en una actividad privada en particular“, señaló el superintendente Tomás Soley, en el oficio SGS-0356-2026, enviado por el superintendente Tomás Soley a Edel Reales, director del Departamento de Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, el pasado 19 de marzo, y del cual tiene copia La Nación.
El proyecto en cuestión es una reforma a un artículo de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo para establecer un financiamiento permanente para las redes de monitoreo sísmico y meteorológico.
La iniciativa propone la imposición de un tributo del 0,60% a las primas de aseguramiento para financiar las actividades. Sugese considera que el planteamiento es “injustificado”, ya que, a su criterio, estas deberían financiarse con recursos fiscales presupuestados.
Según dicho documento, la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen afirmativo unánime a la iniciativa de ley el 24 de febrero pasado.
En ese sentido, Soley reclamó que la Comisión omitió la referencia al criterio negativo emitido por la entidad, pues en el dictamen se afirma, en su página 8, que la Sugese no emitió respuesta a la consulta realizada.
El jerarca también externó que en el dictamen no se incluyeron los riesgos que la Sugese considera que tiene el proyecto, los cuales fueron expuestos por Soley en una audiencia ante la comisión el 21 de octubre de 2025.
La Superintendencia aseguró que el plan tendría un impacto sensible en el acceso a los seguros para las familias, especialmente para consumidores de más bajos ingresos, por su encarecimiento.
El jerarca aseveró que la redacción final del proyecto ocasionaría efectos negativos, debido a que, según Sugese, el impuesto implicaría una carga directa para pensionados con renta vitalicia y empresas —especialmente inversión extranjera— que ofrecen seguros a sus empleados.
También afectaría al sector productivo en general, al encarecer coberturas como riesgos del trabajo y el seguro automotor obligatorio, además de elevar el costo del crédito debido al cargo adicional a las pólizas de seguro.
Soley añadió que el mercado de seguros ya está sujeto a una fuerte carga, la cual incluye aportes al Cuerpo de Bomberos y al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
“Cargas como la propuesta, afectan negativamente el interés de los consumidores por comprar seguros. La iniciativa es contraria a las agendas internacionales, políticas país y mejores prácticas internacionales que más bien fomentan el consumo de seguros como instrumento de gran valor social y resiliencia”, se lee en el documento.
En el oficio, el jerarca reiteró el criterio negativo de Sugese al proyecto de ley, según los términos expuestos a la comisión legislativa.
