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Un sistema contable que comenzó a aplicar el Banco Central de Costa Rica en el cobro de los servicios que ofrece a las superintendencias en el 2010 casi triplicó el costo de los mismos.
No obstante, hasta ahora solo la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) se ha quejado del sistema.
No sólo lo ha objetado si no que es una de las causas por las cuales renunció el superintendente de esta entidad, Francisco Lay.
Hace 14 años. La historia comenzó en 1998, cuando el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), que dirige a las superintendencias, estimó conveniente centralizar los servicios administrativos.
Así, por ejemplo, en lugar de tener una asesoría jurídica para cada superintendencia, el Banco Central ofrecería una para todas.
El objetivo fue bajar costos y aprovechar más los recursos públicos. La medida se comenzó a implementar en 1999.
No obstante, según señala Lay, en un documento que remitió al Banco Central, el 9 de agosto: “Habiendo transcurrido ya varios años desde su implementación, la Superintendencia General de Entidades Financieras cuenta con datos cuantitativos que demuestran con la experiencia, que la aplicación de la centralización ha significado un aumento en el costo económico, y su desarrollo implicó la reestructuración de la superintendencia, dejándola sin la capacidad instalada para atender la totalidad de los servicios que actualmente le vende el Banco Central”.
En una entrevista, realizada el lunes anterior, el presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños, explicó que las superintendencias pueden contratar los servicios en otro lugar si son más baratos.
Sistema de costeo. En mayo del 2006, la Junta Directiva del Banco Central tomó otra decisión que influye en los servicios que da a las entidades y fue aplicar el sistema de costeo basado en actividades (conocido como ABC, por sus siglas en inglés), el cual se oficializó en el 2009 y se comenzó a aplicar a las superintendencias en el 2010.
Este sistema “ tiene el propósito fundamental de conocer de mejor forma el costo de cada proceso en una organización” dijo Félix Delgado, gerente del Central.
Por ejemplo, el costo de la asesoría jurídica no es solo el salario del abogado que da el servicio, sino también de la infraestructura física en la cual trabaja, de la limpieza que requiere la misma y de los servicios tecnológicos que necesita para hacer su trabajo, entre otros.
Al cobrar el Central los servicios administrativos que brinda a las superintendencias con este nuevo sistema, la factura pasó de ¢188 millones en el 2009 a ¢519 millones en el 2010, un incremento de 176%, según los datos que consigna el informe de auditoría que realizó el Conassif.
La principal razón de las pocas quejas a raíz del aumento es que es el mismo ente emisor el que financia el 80% de los presupuestos de tres superintendencias (Sugef, la de valores y la de pensiones) y el 100% de la de seguros. El restante 20% lo aportan los supervisados.
Así, por un lado, el Central incrementa los costos, pero, por otro es él mismo el que paga la mayor parte de estos.
Según Delgado, como se trata de una mejor reasignación de los costos, no hay ningún efecto adicional en las pérdidas del Banco con el incremento.
¿Por qué no se quejaron? Javier Cascante, superintendente general de seguros, comentó que ellos se han sentido cómodos con los servicios que les ofrece el Banco, pues esta entidad se creó en el 2009 y no tuvieron que crear departamentos nuevos para obtenerlos.
A algunos supervisados consultados tampoco parece incomodarles el tema, pese a que ellos financian parte de los presupuestos.
“Nosotros cumplimos con lo que establece la Ley que es el pago del 20% de los gastos de las superintendencias. Como se asignan los gastos y sistemas de costeo, no tenemos la información y no podríamos opinar al respecto”, dijo Gerardo Corrales, gerente de la Asociación Bancaria Costarricense.
Anabel Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, señaló que toda institución pública o privada regulador o regulada, debe contar con un buen sistema de costeo.
“Es deseable que a la par del costeo, tengan un sistema de evaluación y contención del gasto, a efecto de que haya un uso eficiente de los recursos con que cuenta”, añadió.
No fue posible conversar el viernes con Édgar Robles, superintendente general de pensiones.
En julio pasado el Banco Central envió a consulta una propuesta de modificación al Reglamento de Organización Interna entre el Banco Central de Costa Rica y los órganos de desconcentración máxima, en el cual se regula la centralización de servicios.
Hasta ahora, solo Lay ha presentado críticas a las disposiciones, las cuales remitió el mes pasado.
