El Instituto Nacional de Seguros (INS) carga desde hace cuatro años con créditos malos por $14,1 millones (¢9.615 millones, al tipo de cambio de referencia actual) en su negocio de financiamiento empresarial. Para recuperar el dinero que prestó a dos empresas, la entidad debe vender propiedades rematadas y reclamar el pago en el proceso concursal al cual se sometió la tienda Artelec para evitar la quiebra.
En un informe del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), del cual tiene copia La Nación, se alertó al INS y al Gobierno del riesgo a fondos públicos por la actividad crediticia. A pesar de la advertencia, el Instituto aceptó renegociar y dar moratorias de pago a compañías morosas.
“Se reportan seis operaciones malas por más de $14 millones. El primero, mediante dos operaciones con una empresa que suman alrededor de $7,4 millones (¢5.046 millones), debió llegarse a un acuerdo con el deudor y recibir en dación de pago las garantías otorgadas, lo cual implica aún el proceso de recuperación de recursos mediante la venta de las propiedades recibidas”, se detalla en el oficio PDC-0099-2018, de agosto de ese mismo año.
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El documento, elaborado con información de la Superintendencia General del Seguros (Sugese), resalta que otra empresa mantiene cuatro préstamos morosos, por un saldo de $6,7 millones (¢4.569 millones) y, aún así, recibió una reestructuración a raíz de los incumplimientos en el pago.
“Resulta necesaria una evaluación del balance riesgo rentabilidad que estas operaciones han generado en tanto se identifican seis operaciones con problemas de cumplimiento por parte de los deudores de un total de doce operaciones corporativas”, se indica en el documento firmado por Luis Carlos Delgado, en ese momento presidente del Connassif, y enviado al entonces mandatario Carlos Alvarado (2018-2022).
La Junta Directiva del INS aprobó, en setiembre del 2014, su política de crédito que incluye el financiamiento denominado Banca Corporativa a ciertos clientes de la aseguradora estatal. La Nación consultó al Instituto los criterios para escoger las empresas a las cuales da préstamos, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.
Tomás Soley, jerarca de la Sugese, explicó que la aseguradora estatal es la única a la cual la legislación permite otorgar créditos, pues la ley constitutiva del INS, de 1924, así lo establece. En tanto, los competidores privados tienen prohibido realizar dicha actividad.
“Las competencias de supervisión (de los préstamos) no son directas pues no se trata de actividad aseguradora. Sugese aborda la actividad crediticia desde el punto de vista de gestión de los activos del INS y cómo ello podría o no afectar los indicadores de suficiencia de capital del Instituto, pero no necesariamente Sugese entra a conocer el detalle de cada operación”, reconoció Soley.
El funcionario declinó informar si otras operaciones corporativas están morosas, pues dijo que legalmente no puede referirse.
En Costa Rica, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) es el órgano especializado en la fiscalización de la actividad crediticia, establecer los parámetros mínimos para prestar recursos y resguardar el dinero de los ahorrantes. La Sugese, por el contrario, se encarga de supervisar el negocio asegurador desde la apertura del monopolio en el 2007.
Negocio corporativo
El financiamiento de clientes corporativos del INS reportó un saldo de ¢7.605 millones, en marzo pasado, es decir, el 18% del saldo total de la cartera de crédito de ¢42.441 millones.
Sin embargo, el negocio con empresas llegó a representar hasta una tercera parte de la cartera total, en el 2020, cuando el monto prestado era de ¢12.622 millones.
Uno de los créditos empresariales más relevante se dio en el 2015 a la compañía Artelec, dedicada a la venta de electrodomésticos, por un monto de $10 millones, es decir, unos ¢6.820 millones. Precisamente, a esta empresa fue la que el INS le otorgó, en junio de 2018, una reestructuración del crédito porque ya presentaba atrasos en el pago.
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Adicionalmente, entre el 2020 y el marzo de este año, la aseguradora pública le otorgó cinco moratorias de pago de cuotas mensuales. En tanto, el pasado 15 de junio, el Juzgado Concursal le concedió a Artelec una medida cautelar de urgencia y ordenó a los acreedores no efectuar remates, ni ejecutar garantías crediticias mientras la empresa comienza el trámite formal para el inicio de un proceso concursal de acreedores.
La mayor deuda de la compañía minorista es precisamente con el INS. Este caso desencadenó que la Junta Directiva del Instituto ordenara una investigación sobre los créditos corporativos otorgados desde el 2015 y hasta la actualidad, y suspender nuevas autorizaciones de préstamos en esa línea de crédito.
La aseguradora estatal arrastra, desde hace varios años, problemas en su cartera de crédito, según se detalla en los estados financieros. Las dificultades empezaron a partir del 2017, cuando el Instituto tuvo que registrar una estimación por deterioro de operaciones de crédito por ¢2.323 millones.
Para marzo del 2018, el monto se elevó hasta los ¢4.137 millones, según los estados financieros. Posteriormente, la provisión se redujo y, actualmente, asciende a ¢420 millones.
Las estimaciones son recursos que se toman de las ganancias del INS y cubren una operación de crédito en caso de impago. La reducción de este rubro ocurre cuando un cliente paga los montos pendientes, se rematan las garantías de la operación o si el deudor recibe una reestructuración del crédito, lo cual permite a la entidad que financia liberar los recursos.
