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Costa Rica es el país más complejo de Centroamérica en temas de acatamiento y cumplimiento corporativo y ocupa el puesto 36 entre 84 países evaluados, según reciente informe publicado por TMF Group, un proveedor líder de servicios de negocio de alto valor dirigidos a clientes que operan e invierten a nivel mundial.
El Índice de Complejidad de Cumplimiento Corporativo 2018 analizó el grado de dificultad para cumplir con los requerimientos de cumplimiento en 84 países, y ponderó aspectos como la facilidad relativa de establecer un negocio, el tipo y la cantidad de información requerida por las autoridades locales en sus reportes, y la dificultad relativa de cumplir con la normativa jurídica local.
Aunque el índice coloca a Costa Rica en el puesto 36, a medio camino mundialmente y en la región latinoamericana, resulta ser el país más complejo en Centroamérica y el Caribe, con países vecinos como Nicaragua (80) y Honduras (81) colocados entre los 10 menos complejos del mundo, informó el TMF Group en un comunicado.
Sin embargo, el indicador no necesariamente es reflejo de malas prácticas internas. El puesto relativamente alto de Costa Rica en el ranquin se debe, en parte, al estatus de la nación como líder en cuanto a la aplicación de mejores prácticas de transparencia a nivel global, como el caso del Common Reporting Standard (Estándar de Informes Comunes, CRS por sus siglas en inglés) o el marco Base Erosion and Profit Shifting (Erosión de la base imponible y al traslado de beneficios , BEPS por sus siglas en inglés).
Estas son prácticas que tienden a aumentar la carga en materia de cumplimiento para las empresas, así como el poder relativo de imponer reglamentación y el papel activo que juegan sus entidades normativas frente al de otros países en la región.
“Se trata del único país centroamericano que ha aplicado leyes en torno a los marcos normativos BEPS y CRS”, explicó Lyndsey Wheeler, directora de la región de América Central de TMF Group.
“También, en los años recientes, hemos visto mucha actividad en otros frentes normativos. Como ejemplo, está la implementación en el país en 2016, de una ley conocida como Ultimate Beneficial Ownership (Última propiedad beneficiosa, UBO), donde la extensión reciente del alcance de las entidades reguladas ha incluido a asociaciones y cooperativas, al igual que otras reglas internas del regulador financiero del país”, señaló Wheeler.
Algunas de estas leyes ya se han implementado, como en el caso de BEPS que entró en vigor este año y que tiene al 31 de diciembre como fecha límite para presentarse. Por otro lado, hay otras medidas como los registros UBO y CRS que están a la vuelta de la esquina.
Wheeler agregó que no sería de sorprender que Costa Rica vaya subiendo en el ranking, una vez que entren en vigencia plena los requisitos de BEPS, al igual que cuando se aclaren los requisitos de UBO.
Costa Rica ha sido un país sumamente proactivo añadiendo niveles adicionales de requisitos, adelante de sus países vecinos en la región.
“Una parte importante de volverse líder en la región en este ámbito es la de mostrarle a las empresas extranjeras que Costa Rica es una economía moderna, basada en reglas, en la que bien vale la pena invertir”, señaló Wheeler.
“Las empresas no se deben detener para invertir aquí por motivos de tener mayor carga de cumplimiento frente a otros países de la región. Costa Rica es un país con instituciones sólidas y una diversidad de oportunidades de inversión. Las empresas de múltiples sectores hasta serían negligentes de quedarse sin explorarlas”, añadió.
