En tanto, el cantón Central de San José y Montes de Oca, reportaron cada uno una tasa de 3,9 reportes por cada 10.000 habitantes, según un análisis realizado por La Nación con base en datos del Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mayor dinámica económica de urbanos es aprovechada por grupos delictivos para “distraer y dificultar la trazabilidad” del dinero de origen delictivo.
El OIJ precisó que las alertas financieras se generan con mayor frecuencia en zonas donde se registran altos volúmenes de transacciones y operaciones empresariales.
La alta concentración de actividades comerciales y financieras en los cantones urbanos del país facilita el movimiento de capitales y dificulta el rastreo de fondos ilícitos.
“Hay investigaciones que surgen de alertas financieras y algunas de estas han generado importantes resultados en la persecución penal y patrimonial del delito de legitimación de capitales en los últimos años”, informó el OIJ.
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La institución destacó que la inteligencia financiera es un insumo clave para identificar patrones y tendencias delictivas vinculadas con el lavado de activos. Esta información permite elaborar mapas de calor y análisis estratégicos sobre la distribución geográfica de los casos, así como las tipologías delictivas más frecuentes.
El OIJ añadió que los reportes de operaciones sospechosas (ROS), emitidos por los bancos y otras entidades financieras, son fundamentales para iniciar investigaciones judiciales. Estas alertas permiten detectar posibles esquemas de legitimación de capitales en fases tempranas, aunque no necesariamente implican la comisión de un delito.
De enero a agosto del 2025, las entidades financieras enviaron 645 reportes de operaciones sospechosas al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), lo que representa un aumento del 28,5% respecto al mismo periodo del año anterior.
Con base en esta tendencia, el OIJ advirtió que la vigilancia y el análisis de inteligencia financiera deben fortalecerse en las áreas urbanas de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde confluyen factores de riesgo como el dinamismo económico, la presencia de empresas transnacionales y la diversidad de servicios financieros.
