Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de dinero enviados por la banca al Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD) se incrementaron en el último año y los casos se concentran de manera relevante en una zona de Costa Rica.
Según un análisis realizado por La Nación, con base en los reportes mensuales de los ROS desagregados por cantón y publicados por el ICD, entre enero del 2023 y agosto del 2025, las tasas cantonales más altas provienen de centros urbanos.
En la revisión de los últimos tres años, Escazú registró la tasa más alta, con 4,6 reportes de operaciones sospechosas de lavado por cada 10.000 habitantes en lo que va del 2025. En 2024 fue de 8,7 y, en 2023, de 6,9. Para los tres años, este cantón tuvo la tasa más elevada del país.
En 2025 le siguieron el cantón Central de San José y Montes de Oca, cada uno con 3,9 reportes por cada 10.000 habitantes.
San José fue, en términos absolutos, el que registró la mayor cifra de casos, con 139 entre enero y agosto de este año. Además, se ubicó entre los diez cantones con mayores tasas de reportes sospechosos de lavado en 2024 y 2023, situándose en el noveno y sexto lugar, respectivamente.
Montes de Oca también se ubicó en el octavo y sétimo puesto en 2024 y 2023. Lo mismo ocurrió con Santa Ana, cuya tasa para este año fue la cuarta más alta y también figuró entre las tres mayores de los dos años previos.
Además, la cantidad de reportes registran un ascenso. De enero a agosto de este año se notificaron 645 casos, es decir, un incremento del 28,5% frente a los 502 del mismo periodo del 2024, según el ICD.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atribuye esta tendencia a que los cantones urbanos mantienen un alto perfil económico, comercial y empresarial, lo que genera un importante volumen de transacciones financieras.
Los reportes enviados por las entidades financieras de posible lavado de dinero son relevantes, pues originan investigaciones judiciales por legitimación de capitales en los últimos años.
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Carlos Fernández, exgerente bancario, explicó que las entidades envían al ICD tanto la identificación de la persona, sea física o jurídica, como la zona donde se efectúa la transacción.
Fernández indicó que entre las causas para emitir reportes de operaciones sospechosas están los depósitos mayores a los indicados por el cliente como perfil transaccional o las transacciones por sumas altas de dinero sin una justificación o sustento.
Es importante destacar que los reportes representan una fase preliminar para determinar posibles actuaciones ilícitas, con lo cual, las sospechas pueden descartarse sin que se genere una acusación o denuncia.
Para calcular la tasa por cada 10.000 habitantes, La Nación tomó la cantidad de reportes anuales por cantón y utilizó los datos de población de las Estimaciones de Población y Vivienda 2022, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
¿Por qué las zonas urbanas?
Según el OIJ, la criminalidad busca aprovechar las zonas urbanas del país para distraer y dificultar la trazabilidad de fondos ilícitos.
Por esa razón, las alertas financieras se generan con más frecuencia en cantones urbanos. Sobre todo en aquellos con alto perfil económico, comercial y empresarial, donde existe un importante volumen de transacciones financieras que obstaculiza la trazabilidad de los dineros.
Incluso, los ROS, elaborados por las entidades financieras cuando detectan indicios de que los fondos de un cliente provienen de una actividad delictiva, ya han originado investigaciones judiciales.
“Hay investigaciones que surgen de alertas financieras y algunas de estas han generado importantes resultados en la persecución penal y patrimonial del delito de Legitimación de Capitales, en los últimos años”, indicó el OIJ.
De acuerdo con la Policía Judicial, la inteligencia financiera es un insumo fundamental para realizar análisis estratégicos con el propósito de evaluar patrones y tendencias delictivas sobre legitimación de capitales.
Esto permite a las autoridades judiciales generar mapas de calor a nivel geográfico e identificar comportamientos tipológicos propios del delito de legitimación de capitales que se estén desarrollando en el país.
Bancos vigilantes
Daniel Castro, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), aseguró que la prevención de la legitimación de capitales es una tarea permanente de la banca, las entidades que más reportes remiten al ICD.
Castro señaló que están en proceso de mejora continua mediante la implementación de nuevos sistemas o el ajuste de los criterios de detección y prevención que ya se aplican dentro del sistema financiero.
“Para esto se toman en cuenta las evaluaciones de riesgo y la identificación de nuevas tipologías de lavado de activos que las organizaciones criminales también regularmente están diseñando para vulnerar a los bancos”, explicó el asesor legal de la ABC.
A agosto del 2025, los bancos fueron las entidades que más enviaron ROS al ICD, con 390 reportes sospechosos, más que las 279 alertas registradas en el mismo lapso del año pasado.
Castro enfatizó que los registros parten de la identificación de actividades inusuales que deben analizarse para determinar su razonabilidad. Añadió que únicamente después de ese análisis se determina que la operación es sospechosa y debe ser reportada.
Reportes aumentan
De acuerdo con un conteo realizado por La Nación, con base en los reportes mensuales del ICD, la cantidad de operaciones sospechosas pasó de 502 a 645, lo que representa un incremento del 28,5% entre enero y agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo del 2024.
Los meses con la mayor cantidad de reportes fueron enero, febrero y abril, con 118, 97 y 89, respectivamente. De hecho, estos tres concentraron el 47% de las alertas en el periodo del 2025.
Las transacciones sospechosas reportadas en 2025 suman ¢11.392 millones y, en dólares, el monto asciende a $412 millones. La cifra en colones fue inferior a la del 2024, pero en dólares aumentó en $127 millones.
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Cuando la entidad financiera detecta una operación sospechosa, debe enviar un reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita al ICD.
El ROS se realiza cuando hay indicios de que los fondos de un cliente proceden de una actividad delictiva o ligada al lavado de activos. Durante el trámite, la entidad presenta sus alegatos.
Estos reportes al ICD son remitidos por las entidades en el marco de la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Dado que se trata de información sensible, tanto los estándares internacionales —incluidos los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)— como la normativa costarricense exigen estricta confidencialidad en su trámite.