El Banco Central de Costa Rica (BCCR) confirmó que detectó operaciones sospechosas de lavado de dinero en la plataforma Central Directo, el portal mediante el cual el ente emisor ofrece servicios financieros a personas y empresas como compraventa de dólares e inversiones.
El riesgo de posibles incidentes de lavado de dinero fue discutida en la sesión de Junta Directiva 6275-2025, del pasado 26 de agosto, en la cual la Oficialía de Cumplimiento del BCCR rindió un informe sobre debilidades de la institución y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para detectar operaciones en la plataforma.
Adriana Corrales, oficial de cumplimiento del Banco Central, explicó durante la sesión de la Directiva, que existe riesgo de no poder detectar todas las transacciones sospechosas debido a que las gestiones no están automatizadas, por lo que no pueden darle “el seguimiento deseado a las transacciones”.
Además, recalcó que el BCCR no puede depender de los controles de la banca comercial. Por ejemplo, citó el caso de una persona que llegó a hacer operaciones y, tras una debida diligencia, se enteraron de que era investigada por trata de personas.
“(...) existen transacciones que son justificadas en una ocasión y dentro de varios meses podrían estar siendo justificadas con la misma línea, con la misma escritura pública, con la misma razón y, no tenemos la facilidad, no tenemos la capacidad, realmente, de dar seguimiento a hasta 600 alertas que nos dispara el sistema”, comentó Corrales, según se reseña en el acta.
La funcionaria del Banco Central añadió que “no pueden descansar” únicamente en los controles de la banca comercial, pues han encontrado casos de usuarios investigados que han evadido esos mecanismos.
“Aquí han llegado personas que vienen de varios bancos y, realmente, han evadido controles y, donde hacemos un estudio de medios de comunicación, que eso también lo hace la herramienta y, donde vemos algo diferente y hacemos una debida diligencia reforzada, nos damos cuenta de que tiene muchas investigaciones de tráfico de personas y justifica sus movimientos”, afirmó Corrales.
La oficial de cumplimiento enfatizó que la primera línea de defensa para la detección de operaciones sospechosas es la banca comercial, mientras que el Banco Central actúa en un segundo nivel.
“Vemos donde se unen a veces capitales y donde hacen una compra grande o masiva de… o hacen una inversión grande. Entonces sí, va sobre inversiones y va sobre Monex", señaló en la sesión sobre el plan de fortalecimiento de controles.
En la plataforma Central Directo se brindan los servicios de compraventa de dólares en Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) y de inversiones, que incluyen el Mercado Integrado de Liquidez (MIL) y los instrumentos de inversión del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, como la colocación de títulos.
El BCCR informó de que cuenta con un programa y procesos de cumplimiento orientados a la prevención de legitimación de capitales. También señaló que aplica diversos controles para identificar y dar seguimiento a operaciones sospechosas.
Proceso de reporte
Cuando el Banco Central detecta una operación sospechosa, debe enviar un reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Las entidades financieras realizan un reporte de operación sospechosa (ROS) cuando tienen indicios de que los fondos de un cliente proceden de una actividad criminal delictiva o que están relacionados con el lavado de activos.
En el trámite, la entidad expone sus alegatos. Por ejemplo, que el usuario completa con información distinta el formulario de Conozca a su Cliente en varias ocasiones o cambia su actividad productiva. Sin embargo, Corrales afirmó que son menos los casos en que tienen que realizar un reporte.
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“Nosotros hacemos todo el compendio de información, lo trasladamos a la Unidad de Inteligencia Financiera y, es la Unidad de Inteligencia Financiera la que continúa (...) nos han llegado, por ejemplo, solicitudes de información ya del Ministerio Público, porque se sigue a tal persona en tema de tráfico de drogas”, explicó Corrales.
Antes de enviar esos reportes, cuando identifican transacciones inusuales, solicitan información adicional al usuario para garantizar el origen de los fondos, como la orden patronal, estados de cuenta o información financiera.
Iván Villalobos, director de la División de Asesoría Jurídica del Banco Central, manifestó durante la sesión de Junta Directiva, que los reportes representan una fase preliminar para determinar indicios de posibles actuaciones ilícitas.
Ante esto, Villalobos añadió que, al tratarse de una fase muy preliminar donde el debido proceso aún no se da, las sospechas pueden descartarse sin que se genere acusación o denuncia.
La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales indicó a La Nación que, por lo delicado de la materia, no brinda información sobre la existencia o no de procesos en investigación, a menos de que sean casos ya conocidos.
Por eso, dijeron, no es posible confirmar o descartar la existencia de investigaciones que incluyan operaciones sospechosas reportadas por el BCCR, pues podría ponerse en riesgo un eventual proceso.
La plataforma Central Directo es un portal financiero que permite a los usuarios acceder a diversos servicios financieros del Banco Central. Está dirigida a personas físicas o jurídicas que deseen invertir en el BCCR, en Hacienda, o negociar dólares.
El usuario puede trasladar fondos desde su entidad financiera a las cuentas en el Banco Central y viceversa para realizar transacciones. Es necesario contar con la firma digital, así como tener cuentas en colones y en dólares en el Sistema Financiero Nacional, y poder justificar el origen de los fondos.
Actualmente, Central Directo mantiene registradas y activas 3.438 personas físicas y 2.029 jurídicas.
Proyecto aprobado
El emisor trabaja en un proyecto para fortalecer los procesos, controles y herramientas que permiten identificar transacciones sospechosas en Central Directo, con el fin de automatizar y hacer más eficiente la detección.
El costo del proyecto, incluyendo bienes, servicios y recurso humano, asciende a ¢407 millones aproximadamente, según el acta. La propuesta consiste en adquirir una herramienta tecnológica que automatice las funciones de seguimiento y prevención de delitos.
La oficial de cumplimiento indicó que el BCCR cuenta con monitoreo para cumplir la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Actualmente, los procedimientos no están automatizados. Esta nueva herramienta permitirá identificar señales de alerta periódicas y realizar un monitoreo transaccional casi en tiempo real, que actualmente se efectúa mensualmente para personas que superan los límites establecidos.
“Esta herramienta nos permite en un plazo de 24 horas identificar alertas de personas que traspasan ese perfil transaccional y también, de personas que entran a una lista, por ejemplo, restrictiva internacional, como de la OFAC (...) Nos permite saber si una persona quiere ser usuaria de Central Directo y tiene un perfil de riesgo alto”, señaló Corrales.
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Pablo González, gerente del BCCR, afirmó que el propósito del proyecto es contar con una herramienta que haga los procesos más eficientes y seguros. Róger Madrigal, presidente del Central, indicó que no buscan replicar los controles de la banca comercial, sino que el emisor pueda ejercer revisiones adicionales en un segundo nivel.
El proyecto ya fue aprobado y se iniciarán las gestiones para implementarlo a la brevedad. Actualmente, se desarrolla un proceso de contratación administrativa, aunque aún no se ha realizado la adjudicación respectiva.
El emisor señaló que la herramienta hará más eficiente el proceso, al proporcionar acceso constante a listas de restricción internacional y a bases de datos. Además, permitirá reducir errores humanos y generar estadísticas que apoyen la toma de decisiones.
En los reportes de operaciones sospechosas (ROS), los estándares internacionales, como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la normativa costarricense, exigen estricta confidencialidad.