De acuerdo con cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), hasta agosto de 2025 se contabilizaron 542 reportes sobre operaciones sospechosas de legitimación de capitales y otros delitos conexos. De ellos, 390 fueron enviados por la banca.
El número de casos sospechosos aumentó un 23% en comparación con el acumulado de enero a agosto de 2024, cuando se registraron 440 alertas sobre los denominados Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
La cifra de reportes en los primeros ocho meses del 2025 es la más alta, al menos, desde el 2021, ya que entre ese momento y el año pasado no se superaron los 444 casos en ese lapso.
En el caso de los montos alertados, los reportes efectuados el año anterior dieron cuenta de movimientos supuestamente anómalos por $285 millones y ¢15.747 millones, según datos del ICD.
En colones la suma se redujo para los primeros ocho meses de 2025, pues ascendió a ¢11.392 millones. Sin embargo, en dólares la cifra aumentó de forma significativa, al alcanzar los $412 millones, es decir, $127 millones más que un año antes.
Las entidades que realizan estos reportes al ICD son los bancos, cooperativas, mutuales, aseguradoras, puestos de bolsa, así como remesadoras, operadoras de pensiones, casas de cambio, agencias de vehículos, financieras, entre otros.
Una entidad financiera presenta un ROS cuando tiene indicios de que los fondos de un cliente proceden de una actividad delictiva o que están relacionados con el lavado de activos.
Las entidades emiten estas alertas ante el ICD cuando una persona o empresa realiza movimientos de dinero que superan los montos declarados de ingreso y el historial de transacciones.
En cada uno de los reportes el ICD analiza los datos y determina si existen indicios para una investigación más profunda. En ese momento, es cuando el caso se traslada al Ministerio Público.
En agosto, el ICD remitió 17 casos a instancias judiciales, según información publicada en su sitio web. Ese mes recibieron 60 reportes; abrieron 34 y otros 25 quedaron bajo monitoreo de la comisión de ROS.
No obstante, es relevante destacar que los reportes representan una fase preliminar para determinar posibles actos ilícitos, por lo que las sospechas pueden descartarse sin que se genere acusación o denuncia alguna.
Todas las entidades financieras supervisadas cuentan con una oficialía de cumplimiento, que se encarga de revisar y gestionar los casos de alerta sobre posible lavado de dinero. Este funcionario forma parte de un grupo muy reducido de personas que tiene acceso a la información confidencial del cliente y de los bancos.
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