Paula Umaña. Hace 4 días
Con el acuerdo del FMI, la deuda pública llegaría a un nivel máximo de 76,0% del PIB en el 2023, para descender a partir de este punto en los siguientes años. Foto: Rafael Pacheco.
Con el acuerdo del FMI, la deuda pública llegaría a un nivel máximo de 76,0% del PIB en el 2023, para descender a partir de este punto en los siguientes años. Foto: Rafael Pacheco.

El superávit primario con el que cerró el primer trimestre del 2021 se dio por la conjunción de varios factores circunstanciales relacionados al aumento en la tributación, por lo que una consolidación positiva del balance primario podría darse hasta el 2023.

El Gobierno asegura que el balance primario podría llegar a un 1% para ese año si se implementan las medidas de ajuste fiscal incluidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) así como la aprobación de las reformas legislativas propuestas, como la Ley de Empleo Público.

De alcanzarse ese resultado, la deuda llegaría a un nivel máximo de 76,0% del PIB, para descender a partir de este punto en los siguientes años. Así lo señaló el Ministerio de Hacienda en el documento que detalla el marco fiscal de mediano plazo del país.

Un superávit primario consiste en que los ingresos del Gobierno Central sean superiores a sus gastos corrientes. Esto excluye el pago de intereses de la deuda pública. Los resultados del primer trimestre del 2021 mostraron un balance primario de 0,61% del producto interno bruto (PIB). La última vez que ocurrió una situación similar fue en el 2009, es decir, 11 años atrás.

El resultado del primer trimestre de este año se debe a una serie de factores coyunturales que contribuyeron a un aumento en los ingresos totales de 27,20% respecto al mismo periodo del 2019.

Factores coyunturales

El primero de ellos es el aumento en lo recaudado por la partida del impuesto sobre la renta, que significó ¢145.908 millones más que lo recaudado en el mismo periodo del año anterior.

Esto se daría por una única vez, a raíz de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que generó que los contribuyentes enfrentaran un periodo fiscal de 15 meses, que finalizó el 31 de marzo anterior.

La recaudación del tributo sobre las utilidades de las personas jurídicas fue por ¢407.276 millones (1,09% del PIB), con una variación del 47,30% con respecto al mismo periodo del 2020.

“Vamos por la ruta correcta y se está reduciendo el déficit primario, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Pero no nos tiene que llamar a error el dato de marzo, porque primero, los impuestos que tenían que pagarse en diciembre anterior se pagaron en marzo, eso hace que se inflen los ingresos”, explicó Vidal Villalobos, asesor económico de Prival Bank.

Con esto coincidió el socio director de Grant Thornton, German Morales, quien explicó que marzo del 2020 no tuvo cierre fiscal de renta.

“La recaudación es muy buena pero tiene una interpretación que tiene que hacerse inteligentemente, no podemos decir que vamos a seguir con estos crecimientos. Cuando compare abril del 2021 con el del 2020 no van haber estas diferencias”, dijo Morales.

Otro factor se relaciona con la incorporación de los ingresos por superávit de la Ley 9.925, lo que generó un crecimiento de 219,48% de los ingresos por transferencias corrientes. Estos recursos son destinados para el pago del servicio de la deuda (amortización e intereses).

Asimismo, se registraron ¢6.535 millones en ingresos de capital, producto de la transferencia de capital del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). “Este es un aporte especial por una única vez, que no vamos a volver a ver”, advirtió Villalobos.

Por otro lado, las cifras fiscales señalan que las transferencias corrientes presentaron una caída del 0,81% comparado con el mismo periodo del 2020, esto se debió principalmente a un decrecimiento de las transferencias al sector público de 4,54%.

Aumento de ingresos

El marco fiscal a mediano plazo 2021-2025 del Ministerio de Hacienda detalla diversas acciones con las que el Gobierno pretende incrementar el flujo de ingresos fiscales. Estas medidas son una serie de proyectos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la implementación de un sistema de renta global dual y la eliminación de la no sujeción al impuesto sobre la renta del salario escolar.

También se incluye un impuesto especial a los premios de lotería mayores a medio salario base, un impuesto del 30% sobre los dividendos a empresas públicas y la transformación del impuesto a las casas de lujo.

“Estas medidas, más la dinámica económica y los rendimientos remanentes de la Ley 9.635, permitirán que los ingresos fiscales muestren una mejora en el mediano plazo. Así, entre 2020 y 2025 se podría esperar un crecimiento nominal anual promedio por 7,2%, lo que se traduciría en un incremento en la recaudación de impuestos y de otras fuentes de ingresos por 1,7 puntos porcentuales del PIB, al pasar de 14,3% del PIB en 2020 a 16,0% del PIB en 2025″, señaló Hacienda.