El gobierno anunció este miércoles que presentará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para impedir que las empresas sospechosas de emitir facturas electrónicas falsas continúen utilizando este mecanismo mientras se investiga una eventual evasión fiscal. La iniciativa también establecería sanciones específicas para quienes incurran en esta práctica.
Además, el Ministerio de Hacienda anunció que comenzará a presentar denuncias penales contra contribuyentes detectados por la venta y el uso de facturas falsas para disminuir de forma indebida el pago de impuestos.
Como parte de esa estrategia, adelantó que interpondrá este jueves 23 de julio 10 denuncias contra contribuyentes que ya fueron identificados por presuntamente usar facturas falsas para reducir sus cargas fiscales.
El anuncio fue realizado por el expresidente y ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, y el viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, durante la conferencia semanal en Casa Presidencial.
Ambos funcionarios señalaron que esta propuesta forma parte de un paquete de proyectos de ley con el que el Gobierno busca fortalecer el combate contra la evasión fiscal.
De acuerdo con los jerarcas, el proyecto de ley pretende facultar al Ministerio de Hacienda para suspender la autorización de emitir facturas electrónicas a las empresas sospechosas de comercializar comprobantes falsos. El objetivo es impedir que continúen con esa práctica mientras avanza la investigación, sin tener que esperar a que el proceso judicial concluya.
“Lo que no vamos a permitir es que existan hoy empresas que venden miles de millones en facturas falsas, que van a terminar en una serie de procesos (judiciales) que van a durar muchos años y que, mientras exista ese proceso y todos esos juicios a nivel judicial, no podamos bloquearle a ese contribuyente la emisión de facturas. Entonces continúan todos los meses emitiendo miles de millones de colones en facturas falsas”, señaló Carvajal.
“Por esa razón, uno de los proyectos va encaminado a poder suspender en el sistema de Hacienda, una vez que detectamos que están vendiendo facturas y que no tienen actividad real, la posibilidad de que continúen haciéndolo”, agregó.
Pese al anuncio de los jerarcas, el gobierno no dio a conocer más detalles sobre el contenido del proyecto de ley ni precisó cuáles disposiciones legales pretende modificar.
‘Tenemos más de 400 casos abiertos en investigación’
El viceministro de Ingresos afirmó que, además de las denuncias penales que presentarán, el Ministerio de Hacienda mantiene abiertas 400 investigaciones sobre contribuyentes que presuntamente participan en la venta y el uso de facturas falsas para evadir impuestos.
El funcionario precisó que esos expedientes involucran a pequeñas, medianas y grandes empresas.
“Presentar las primeras 10 denuncias penales que van a ir a estos contribuyentes, no que están vendiendo, sino también aquellos que están utilizando ya facturas falsas en sus gastos. Son las primeras diez denuncias penales que vamos a presentar en esta línea, pero tenemos más de 400 casos abiertos en investigación. Desde pequeños negocios, medianos, pero también tenemos bastantes grandes empresas que se han prestado para este juego, y nosotros no vamos a tolerarlo más”
— Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda.
En marzo pasado, La Nación informó de que el Ministerio de Hacienda detectó un entramado de sociedades y personas dedicado a la venta y el uso de facturas electrónicas falsas, como parte de una investigación sobre un presunto fraude multimillonario utilizado para inflar gastos, simular operaciones y reducir de manera indebida el pago de impuestos.
Durante las pesquisas, la Dirección General de Tributación (DGT) identificó estructuras organizadas que recurren a adultos mayores y personas en condición de calle como testaferros para simular actividades comerciales.
Estas organizaciones reportan, mediante facturas electrónicas, ventas por montos millonarios de distintos bienes y servicios, pese a no registrar compras, importaciones ni personal en planilla que respalde esas transacciones. Asimismo, el fisco detectó que, presuntamente, también se utilizarían para cobrar créditos fiscales, aunque no les correspondiera.