Unos 200 contribuyentes se encuentran bajo la lupa del Ministerio de Hacienda por su presunta participación en un fraude fiscal multimillonario vinculado a la compra de facturas falsas, utilizadas para inflar gastos, simular operaciones y reducir de forma indebida el pago de impuestos en sus declaraciones.
Así lo confirmó el director general de Tributación, Mario Ramos, en entrevista con La Nación. El jerarca detalló que, durante el 2025, Hacienda fiscalizó 50 casos de este tipo y recuperó cerca de ¢8.000 millones deducidos de forma irregular mediante la adquisición de comprobantes electrónicos.
Para este año, más de 70 empresas enfrentan procesos de fiscalización, y Ramos aseguró que el fisco prevé cerrar el periodo 2026 con más de 200 firmas bajo revisión por la deducción de facturación fraudulenta.
“Este año tenemos más de 70 empresas en proceso de fiscalización (...). Pretendemos o prevemos que durante este año vamos a fiscalizar a más de 200 empresas que hayan deducido estos comprobantes electrónicos”, afirmó Ramos.
El jerarca explicó a este diario que la red de fraude se organiza a partir de dos figuras que el Ministerio de Hacienda identificó como: Entidades que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS).
Las primeras figuras −que pueden ser tanto sociedades como personas físicas− se dedican a emitir comprobantes electrónicos de forma sostenida durante un periodo de tiempo para aparentar actividad legítima.
En estos documentos consignan ventas por montos millonarios en diversos bienes o servicios, aunque no registran compras, importaciones de productos ni personal en planilla que respalde esas transacciones. Tampoco cuentan con domicilios reales y, en algunos casos, usan como testaferros a adultos mayores o personas en condición de calle para el proceso de simulación.
El esquema, según Ramos, suele iniciar con una operación de bajo valor, como la adquisición de un servicio básico −como electricidad−, y luego escala rápidamente a la emisión de facturas por cifras multimillonarias dirigidas a otras sociedades. Estas, a su vez, replican la práctica con terceros y crean una cadena de comercialización de comprobantes.
En una de las redes identificadas por Hacienda, por ejemplo, una entidad inició la cadena fraudulenta con la compra de un servicio a un proveedor independiente por apenas ¢21.254. No obstante, a partir de ese monto y sin realizar importaciones u otras adquisiciones, la sociedad emitió facturas por ¢3.537 millones y ¢19.799 millones a otras compañías.
Estas, a su vez, generaron nuevos comprobantes por ¢56.967 millones, ¢9.067 millones y ¢1.207 millones hacia distintas entidades.
Los documentos fueron adquiridos por el último eslabón de la red, integrado por contribuyentes con actividad económica real, personal y activos, denominados como EDOS.
Estas empresas compran las facturas falsas y las utilizan para reducir la carga tributaria, justificar aumentos patrimoniales en su contabilidad e incluso encubrir eventuales recursos de origen ilícito.
De acuerdo con Ramos, el fisco ha identificado diversas redes vinculadas a este fraude en la práctica, tanto en las entidades emisoras de facturas como en quienes las adquieren. Sobre las 200 empresas que prevén fiscalizar al cierre del 2026, el jerarca señaló que se trata de compañías reales que han deducido operaciones simuladas en su contabilidad.
En el caso descrito, los contribuyentes con operaciones reales adquirieron facturas por montos de hasta ¢5.605 millones, ¢894 millones y ¢3.562 millones.
Algunas empresas admiten compra de facturas; otras alegan ignorancia
Consultado sobre la reacción de estas compañías ante los hallazgos de Tributación, Mario Ramos indicó a este diario que algunas admitieron haber comprado los comprobantes electrónicos falsos, mientras otras presentaron alegatos por falta de debida diligencia o alegaron desconocimiento de la maniobra.
En ese sentido, el jerarca explicó que la Administración Tributaria debe verificar, en cada caso detectado, si las facturas adquiridas se utilizaron para generar un beneficio indebido a favor del contribuyente; es decir, no solo se constata la compra, sino también su registro en la contabilidad de la persona física o jurídica.
Entre los hallazgos de Hacienda, figuran empresas que deducen operaciones simuladas y que habrían adquirido comprobantes incluso para generar créditos a su favor en declaraciones y aplicarlos en periodos posteriores. También se emplearían, en otros casos, para reducir la base imponible, justificar aumentos patrimoniales en los registros contables o encubrir capitales de origen ilícito.
Ramos añadió que las compañías ya notificadas por estas actividades se encuentran en sus respectivos procesos administrativos. En cuanto a aquellas cuyos trámites han concluido y así lo amerita, los casos han sido remitidos a la vía judicial.
Hasta ahora, la Dirección General de Tributación (DGT) confirmó que se presentó, en el 2024, la primera denuncia penal contra un grupo de 32 sociedades, agrupadas en 13 estructuras, por la emisión de comprobantes electrónicos simulados. El caso se tramita bajo el expediente 24-000062-0621-PE.
¿Qué pasa con aquellas empresas que facturen o deduzcan operaciones falsas?
Las empresas que participan en estas redes mediante la deducción de operaciones simuladas en su contabilidad se exponen a sanciones administrativas o penales, según el monto involucrado.
En el primer caso, la multa equivale al 150% de la base sancionable cuando la suma no supera el salario base. Sin embargo, si llegase a exceder los 500 salarios base, procede una denuncia penal.
Actualmente, este indicador, fijado por el Poder Judicial, es de ¢462.200, por lo que deducciones superiores a ¢231.100.000 trasladan el caso al ámbito penal por presunto fraude fiscal.
Por su parte, las compañías que emiten facturación simulada pueden enfrentar denuncias por delitos como asociación ilícita, falsedad ideológica, falsificación de documentos y suplantación de identidad.
“La Dirección General de Tributación tiene herramientas de primer nivel para poder identificar estas maniobras. Estamos luchando contra ellas, los tenemos identificados y vamos a denunciarlos por estas actividades”, aseguró Ramos.