Una herramienta tecnológica permitió al Ministerio de Hacienda destapar un entramado de sociedades y personas dedicado a la venta de comprobantes electrónicos falsos, utilizados para inflar gastos, simular operaciones y reducir de forma indebida el pago de impuestos como parte de un fraude multimillonario.
Mario Ramos, director general de Tributación, explicó a La Nación que implementaron la herramienta de inteligencia artificial (IA) Microsoft Anomaly Detector. Este sistema procesa millones de datos de series temporales −en este caso, comprobantes electrónicos− y aplica algoritmos para identificar anomalías.
Según la página oficial de Microsoft, la herramienta permite detectar picos, caídas, desviaciones en patrones cíclicos y cambios de tendencia mediante el análisis cruzado de la información.
Ramos indicó que, mediante esta tecnología, Hacienda logró identificar inconsistencias en la tasa efectiva del impuesto pagado, discrepancias entre la actividad económica registrada y la facturación, así como “redes de contagio” o vínculos entre empresas involucradas en este entramado ilícito.
De acuerdo con el jerarca, el esquema se articula a partir de dos figuras definidas por el Ministerio de Hacienda: las Entidades que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y las Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS), es decir, contribuyentes finales que sí tienen actividad económica real.
Las primeras pueden corresponder a sociedades o personas físicas que emiten comprobantes electrónicos de forma continua durante todo el año para dar apariencia de legitimidad. En estos documentos reportan ventas por montos multimillonarios en todo tipo de bienes o servicios, pese a no registrar compras, importaciones ni personal en planilla que respalde esas operaciones.
Al inicio de sus actividades, realizan una compra mínima a un proveedor independiente −generalmente un servicio básico−y luego comienzan a facturar sumas multimillonarias a otras compañías. Estas, a su vez, replican el esquema con terceros, lo que configura una cadena de venta de comprobantes.
Al final, estas facturas son adquiridas por los contribuyentes reales −los EDOS−, que las utilizan para reducir la base imponible, justificar incrementos patrimoniales en sus registros contables e incluso encubrir eventuales flujos de origen ilícito.
Tributación confirmó que, en el 2025, fiscalizó 50 casos de este tipo y recuperó cerca de ¢8.000 millones deducidos de manera irregular mediante la compra de comprobantes electrónicos. En una de las maniobras identificadas por Hacienda, el monto facturado incluso alcanzó los ¢80.000 millones.
Además, Ramos confirmó que Hacienda se encuentra en proceso de fiscalizar a más contribuyentes con indicios de este tipo de prácticas ilícitas.
“Nosotros hemos identificado con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial una serie de anomalías en los comprobantes electróncios. La más importante es la detección de entidades que facturas operaciones que no tienen ningún sustento”.
— Mario Ramos, director general de Tributación.
Proceso de modernización inició en 2022
Según datos del Ministerio de Hacienda, desde la implementación obligatoria de los comprobantes electrónicos en el 2016, Tributación ha recibido alrededor de ¢11,19 billones de documentos, entre tiquetes, facturas electrónicas, facturas de compra, notas de crédito y débito, y comprobantes de exportación.
Ante el crecimiento de esta información, Ramos detalló que la Dirección General de Tributación (DGT) decidió incorporar una herramienta de IA para identificar posibles anomalías entre los millones de comprobantes emitidos a diario.
La iniciativa comenzó en el 2022, como parte del proyecto Hacienda Digital, y en el 2023 se realizaron las primeras pruebas con el algoritmo.
Posteriormente, durante el 2024 y el 2025, el sistema se implementó de forma integral y se fue optimizando, lo que permitió detectar tanto a empresas que emiten facturas falsas como a aquellas que las utilizan para deducir operaciones simuladas en sus distintos tributos.
Ramos aseguró que los resultados obtenidos mediante esta tecnología son verificados por un equipo técnico que analiza cada caso, el cual realiza la debida fiscalización e inicia los respectivos procesos administrativos o judiciales.