EscucharEn el 2024, la deuda del Poder Ejecutivo con las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) alcanzó los ¢763.849 millones. El monto adeudado aumentó un 11% respecto al 2023, cuando fue de ¢686.260 millones.
El Gobierno transfiere a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el IVM y a Jupema, administrador del régimen de Capitalización Colectiva (RCC), un aporte estatal equivalente al 1,57% de los salarios de los cotizantes. Al fondo de los docentes contribuye con un 6,75% del Ministerio de Educación Pública (MEP) como patrono.
El incumplimiento en los aportes obliga a la CCSS a utilizar los intereses de la reserva para cubrir el déficit, lo que impacta la sostenibilidad del sistema en las proyecciones actuariales. En el caso de Jupema, el impago del aporte estatal y patronal disminuye el rendimiento de las inversiones y puede afectar a los afiliados, ya que las cuotas pendientes no se computan para su jubilación, confirmaron ambas entidades.
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La Nación consultó a Hacienda, el pasado 10 de febrero por correo electrónico, sobre el monto pendiente de contribución en el IVM; y al MEP se le enviaron preguntas el día 11, respecto al faltante de aportes en el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC). Al cierre de esta nota, no se recibió respuesta de ninguna de las dos entidades.
El IVM es el principal fondo de jubilaciones básico con 378.309 jubilados, 1,7 millones de trabajadores cotizantes y 78.000 patronos, según datos de la CCSS.
En el caso del RCC contaba con 5.513 jubilados y 109.095 docentes contribuyentes, se indica en los datos de Jupema.
Desglose de mora
Según los estados financieros del IVM, a noviembre de 2024, la deuda estatal a corto plazo alcanzaba los ¢277.222 millones, mientras que la de largo plazo sumaba ¢444.646 millones. En total, el compromiso financiero ascendió a ¢721.868 millones.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, explicó a La Nación que esta cifra es el indicador más reciente del monto total adeudado por el Estado. Añadió que no se ha recibido ningún pago por dicha suma, aunque se avanzó en un abono de ¢68.000 millones correspondientes a una resolución de la Sala Constitucional del 2020.
En esa ocasión, los magistrados ordenaron a Hacienda el desembolso de más de ¢56.000 millones al IVM. Sin embargo, incluso si se efectuara este pago, quedarían pendientes ¢653.868 millones.
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Por su parte, la deuda con Jupema ascendió a ¢41.981 millones al cierre de enero de 2025, incluyendo los aportes pendientes que corresponden a la contribución estatal y patronal.
Según informó la Junta, el 19 de diciembre pasado, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y la entonces ministra de Educación, Anna Katharina Müller, suscribieron un acuerdo con el presidente de la junta directiva de Jupema, Jorge Rodríguez, en el que el MEP asumió el compromiso de cancelar parte de la deuda del 2024, por un total de ¢21.060 millones. De ese monto, hasta la fecha, solo se transfirieron ¢7.047 millones.
Adicionalmente, Hacienda y el MEP acordaron destinar ¢8.736 millones del primer presupuesto extraordinario del 2025 para cubrir montos pendientes del 2018 y diferencias obrero-patronales acumuladas entre marzo del 2022 y noviembre del 2024, así como intereses moratorios generados desde el 2017. También se pactó un aporte extraordinario anual de ¢9.000 millones a partir del presupuesto ordinario del 2026.
Morosidad se duplica
La deuda estatal del Gobierno con el IVM casi se duplicó en los últimos cuatro años. En 2020, el monto era de ¢362.666 millones, mientras que, al cierre de noviembre de 2024, alcanzó ¢721.868 millones, lo que representa un incremento del 99%.
En el caso de Jupema, el crecimiento fue de un 104%, pasando de ¢20.565 millones, en el 2020, a ¢41.981 millones en enero del 2025.
El mayor aumento del impago en ambos fondos de pensiones se registró entre 2022 y 2023. La deuda con el IVM creció un 34%, pasando de ¢488.380 millones a ¢656.190 millones. Mientras que la de Jupema se incrementó un 32%, de ¢22.938 millones a ¢30.374 millones.
Además, entre 2023 y enero de 2025, la deuda con Jupema experimentó un acelerado crecimiento del 38%, al pasar de ¢30.374 millones a ¢41.981 millones.
CCSS y Jupema advierten sobre efectos adversos por deuda estatal
Jaime Barrantes recalcó que, mientras el Estado no salde la deuda con el IVM, la Caja deberá recurrir a los intereses de la reserva de pensiones para cubrir el déficit. Según explicó, esta situación afecta las proyecciones actuariales de la institución.
El año pasado, la Gerencia de Pensiones usó la totalidad de las ganancias de la reserva del régimen para hacer frente a los gastos. El monto utilizado fue de ¢222.728 millones, según la estimación de la CCSS.
En el caso de Jupema, la entidad señaló que la falta de pago impacta en dos áreas clave. El primer impacto recae sobre los afiliados que gestionan su pensión, ya que, si las cuotas tripartitas (compuestas por el aporte del patrono, el Estado y el trabajador) no han sido canceladas, las que estén pendientes no se contabilizan para consolidar el derecho a la jubilación.
La segunda se relaciona con el rendimiento de las inversiones del fondo, ya que el atraso en los pagos limita que estos sean colocados en inversiones cuyas tasas de rendimiento son superiores a la tasa actuarial proyectada.
