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La subasta de frecuencias de radio y televisión que lleva adelante el Ejecutivo es un espectáculo triste y, sobre todo, deplorable.
Sin ambages: se trata, ni más ni menos, de un acto político malintencionado, que persigue no solo seguir alimentando la burda escenificación populista que siembra divisiones y odios para cosechar aprobación en encuestas, likes en las redes sociales y finalmente votos en las urnas; sino que además es un ataque —entre muchos otros que, desde el primer día de su gobierno, el presidente Chaves ha perpetrado— en contra las reglas democráticas y, sobre todo la convivencia en un marco plural de esa naturaleza, que pretende, ni más ni menos, acumular control y espacios de poder y, sobre todo, limitar los espacios de disenso y expresión contrarios a sus posiciones e intereses.
Pero, además, como si no fuera suficiente tal nivel de mala intención, el proceso ha sido despropósito y una señal más de incompetencia.
Por una parte, es claro, que el espectro radioeléctrico es un bien público y como tal es evidente que el Estado debe procurar su uso ordenado desde lo técnico, plural desde lo social y, por supuesto, además crear mecanismos bien diseñados para generar rentas por la explotación que de este tipo de recursos realicen los privados con fines de lucro.
En este sentido, en el caso de recursos como el espectro radioeléctrico —en especial la porción de él relacionada con la radiodifusión y la televisión abiertas— un Estado democrático moderno buscaría que sus políticas en relación con la explotación y ordenamiento de este recurso estuvieran alineadas con el objetivo de lograr mayores espacios de participación en la discusión democrática a la vez que, desde su concepción como mercados que proveen servicios, menor concentración a nivel de los oferentes de los servicios.
Ambas cosas son no solo deseables, sino que además posibles y requieren, como primer paso, que tanto los requerimientos técnicos como el precio que se fije para obtener las franjas de espectro no constituyan barreras de entrada infranqueables que impidan que participantes más pequeños o con menores recursos económicos puedan operar y que promuevan la concentración de este recurso en pocas manos.
Esto se logra con costos de entrada a este mercado bajos: precios de las franjas del espectro radioeléctrico que promuevan acceso y requerimientos técnicos que no impliquen costos hundidos elevados que deterioren la participación de los oferentes, sobra decir, sin que esto implique que los usuarios de los servicios radiales y televisivos reciban una señal y servicio de calidad baja calidad.
¿Significa esto que el Estado mal barata un recurso colectivo? Para nada, pues, la clave acá es de dónde obtienen sus ingresos y ganancias los que utilizan y explotan las frecuencias de radio y televisión.
El derecho a explotar una frecuencia no implica que quien lo posea genera espontánea o automáticamente ingresos, sino que estos provienen de la forma en cómo lucra de la atención de la audiencia por los contenidos que transmite por ellas.
Es decir, las radiodifusoras y las televisoras obtienen ingresos por los espacios publicitarios que vendan en función de la capacidad de atraer audiencias y esta capacidad depende, a su vez, de los contenidos que emite para sus diferentes públicos meta.
En este contexto, la lógica diría que una política pública exitosa en esta materia debería combinar bajos costos de las licencias de radiodifusión (bajas barreras de entrada para que participen muchos actores incluidos los que no pretendan fines de lucro) acompañados de pagos periódicos – lo que el marco legal local llama cánones – asociados con los ingresos que los radiodifusores y las televisoras generan por sus transmisiones.
Con un diseño de esta naturaleza, coexistirían sin problema radios y televisoras que no persiguen fines de lucro, otras que atiendan segmentos específicos de una sociedad cada vez más diversa y con menores recursos económicos y técnicos y, por supuesto, las grandes corporaciones de medios (en realidad, con la digitalización del espectro la verdad es que hoy hay espacio para todos).
En la definición de los precios de las licencias y de los cánones es necesario, además, atender dos realidades. Primero, los cambios tecnológicos, en particular la posibilidad de difundir contenidos a través de espacios privados como el internet.
Esta realidad, sin duda, plantea competencia a los radiodifusores y televisoras que emplean el espectro y, por supuesto, reduce el valor de las licencias y la posibilidad de lucrar con ellas (como ejemplo, pregúntenle a un taxi “rojo” si lo que paga por el derecho a serlo vale la pena hoy).
El dilema con estos cambios tecnológicos radica en que, aunque de alguna manera evitan los efectos negativos de la concentración de medios en pocas manos, a su vez plantean preocupaciones en relación con el acceso a los contenidos y la información de personas y familias que no cuenten con los recursos para acceder a la red y contar con los dispositivos que se requieren para poder disfrutar de los contenidos.
Y el segundo aspecto que debe considerarse es que las radios y las televisoras además de pagar por las licencias y cada año abonar un canon por su explotación pagan muchos otros impuestos – al igual que las familias y otras empresas – por ejemplo, tributan sobre las ganancias que generan y, además, los servicios que prestan pagan impuesto al valor añadido y, por lo tanto, esto debe considerarse a la hora de definir todo el esquema de tarificación y autorización (por ejemplo, la licencia y el canon serían costos que deducirían de los ingresos de las empresas de medios y, por lo tanto, reducirían los pagos de impuesto de renta y, por supuesto, entre más televisoras y una mayor posibilidad de explotación comercial del espectro es mucho mayor el monto de impuestos que el gobierno ingresará pues habría mayor actividad en económica asociada con este sector y con el de comercialización y creación de contenidos y de publicidad).
Por último, cuando este tipo de políticas públicas se diseñan con conocimiento y con base en la realidad y los hechos de estos mercados surgen otras oportunidades que no deben menospreciarse, por ejemplo, la creación de incentivos para que los contenidos y la publicidad que emiten las radiodifusoras y televisoras tengan un mayor componente nacional.
En Costa Rica no sólo hay capacidad técnica, sino que talento y creatividad suficientes en la industria audiovisual y de contenidos como para pensar en un esquema de incentivos que procure que cierto porcentaje de las emisiones sean de contenidos locales o que cuando éstos o la publicidad sean producidas externamente signifiquen, por ejemplo, el pago de ciertos tributos más elevados.
Quizás todo este ruido que se ha generado en torno a las licencias y los cánones de radio y televisión no solo sirva para ponerle, de una vez y por todas, el cascabel al aprendiz de autócrata populista, sino que además nos lleve, al menos por una vez, a diseñar políticas e intervenciones gubernamentales con base en los hechos y que generen los incentivos correctos.
