La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), administradora del régimen de jubilaciones de los docentes del país, quedaría autorizada para invertir recursos en el mercado de valores internacional, así como en infraestructura, pública y privada, mediante una reforma legal en discusión en el Congreso.

La modificación permitiría que se destine hasta el 20% de los recursos del fondo, es decir, el equivalente a ¢680.000 millones, en títulos valores emitidos en el mercado internacional.

En el caso de los proyectos de obra pública, la modificación a la Ley del Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional permitiría que se pueda emplear otro 20% del dinero del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) para dicho objetivo.

El proyecto fue dictaminado de forma positiva, el pasado 27 de abril, en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. Actualmente, está a la espera de recibir el primer debate por parte de los diputados.

Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema, recalcó que el principal avance de la iniciativa legal es que le permite a la Junta diversificar las inversiones para los ¢3,4 billones de recursos administrados.

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“Lo principal del proyecto es que nos permitan diversificar las inversiones. En este momento, Jupema es el único fondo de pensiones que no puede invertir en el extranjero. Esto tiene un tema de riesgo y de rentabilidad, porque los mercados internacionales son más profundos y hay más alternativas de inversión”, afirmó Arias.

En el caso de la obras de infraestructura, la reforma permitirá a la entidad participar en iniciativas de desarrollo público-privadas, e incluso estructurar el proyecto a desarrollarse con el uso de la normativa legal existente.

Arias dijo que la reforma establece un tope del 20% tanto para invertir en el extranjero como en obras, y que se iniciará de forma paulatina, no se llegará al porcentaje máximo de un año a otro.

“La ley (actual) obliga a invertir solo en el mercado costarricense, lo que la condena a un riesgo de concentración de sus recursos y a un riesgo país que no tienen los demás (fondos de pensiones)”, dijo el vocero de Jupema.

La legislación actualmente solo permite a la Junta invertir en bonos emitidos en el mercado local y autorizados por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), así como en instituciones fiscalizadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

A diciembre pasado, de las inversiones bursátiles y financieras, el 75% de los recursos, es decir, ¢2,25 billones, estaba invertido en emisiones del Ministerio de Hacienda.

Mientras que, ¢363.000 millones, estaban en operaciones de créditos a los afiliados al RCC, según los estados financieros del fondo.

Otros cambios

La reforma legal también promueve que Jupema cuente con nuevas herramientas de supervisión y cobro de cuotas obrero-patronales del Ministerio de Educación Pública (MEP) y a centros privados de educación.

Por ejemplo, establece que la cuota obrera, retenida por el MEP o la empresa donde labora el docente, debe ser cancelada en el mes correspondiente, si no ocurre así, se permitirá cargar los intereses al patrono.

“El fondo actuarialmente debe demostrar que es sostenible y eso ocurre cuando se pagan las pensiones. Para que eso sea así, se determina el ingreso de las cuotas mensuales que se invertirá. Pero si no entra una cuota hoy, se pierde dinero, entonces se cargan los intereses (al patrono)”, explicó el director ejecutivo de Jupema.

La medida, afirmó Arias, busca evitar que un trabajador se lleve la sorpresa de que su patrono no efectuó los aportes al sistema de pensiones y afecte su proceso de jubilación.

A marzo anterior, el RCC contaba con 98.035 cotizantes activos, entre docentes del MEP, centros educativos privados, y universidades públicas y privadas.

Además, contaba con 3.122 personas jubiladas. Este fondo de jubilaciones se creó en 1992.