Exempleados de Almacenes Casa Blanca se mueven para embargar cuentas de la empresa y tratar de cobrar prestaciones

En la medida cautelar, dictada el pasado 20 de mayo, la jueza Marianela Barquero ordenó la retención a 13 bancos entre privados y públicos; y a Grupo Mutual y Mucap.

“Sírvase ejecutar lo indicado seguidamente: Retener cuentas corrientes, de ahorros, depósitos a plazo, cajas de seguridad, así como cualquier otro valor comercial y depositar la suma embargada”, se detalla en la resolución del expediente 22-001032-1178-LA, presentado contra Land Business.

La disposición judicial, de la cual tiene copia La Nación, se estableció para el Departamento Financiero Contable de las 15 entidades financieras en las que Casa Blanca es cliente.

En otro fallo del Juzgado, del 30 de mayo, se amplía la resolución inicial porque los abogados de los exempleados presentaron más pruebas, como las cartas de despido y publicaciones en medios de comunicación sobre el proceso de cierre de Almacenes Casa Blanca.

“Se concluye que dicha prueba constituye suficiente apoyo para adoptar el embargo solicitado, dirigido únicamente contra Land Business, por haberse probado que su patrimonio pueda llegar a desmejorarse y por ser un hecho notorio la situación económica, en el caso de esta empresa, al ser de conocimiento público; por lo que se ordena el embargo”, se enfatiza en la resolución.

Bernal Ríos, abogado del grupo de extrabajadores, explicó que se optó por presentar la medida excepcional de la medida cautelar ante la posibilidad de impago laboral de la compañía. “El abogado de la empresa (Francisco Luis Vargas) hizo un planteamiento bastante incierto para los trabajadores, en el sentido de que ellos quedaban pendientes de recuperar sus indemnizaciones, después de que los acreedores preferentes cobraran”, explicó .

Ríos sostuvo que la resolución tutela la acción urgente de proteger las indemnizaciones de los trabajadores. “La medida cautelar perfectamente puede ser ampliada. Ahora estamos en ¢227 millones, pero nada impide que crezca (el monto) conforme se integren más trabajadores u otras acciones laborales en curso”, dijo el jurista de la firma BRR Oficinas Legales.

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El abogado recalcó que el monto solicitado en el embargo no es el definitivo a recibir por parte de las 97 personas representadas, pues es el monto preliminar determinado por la jueza Marianela Barquero.

“Mediante procesos individuales el monto se actualizará porque cada uno de ellos tiene su propia realidad laboral. Ahí (en el proceso judicial) tenemos dependientes, gerentes, bodegueros y asistentes de recursos humanos. Entonces se valorará la realidad jurídica de cada persona”, destacó Ríos.

Casa Blanca informó a sus empleados, en las cartas de despido, de que no podía pagar sus prestaciones laborales (cesantía, vacaciones, aguinaldo y salario) y les instó a presentarse como un acreedor más ante el Juzgado Concursal de San José, en donde se tramita el proceso de liquidación de compañía.

Ríos precisó que también presentará la acreencia laboral de sus representados, en la vía concursal. “Independiente de una situación los trabajadores deben tener garantizada su liquidación (...) Se viene un pulso de dos sistemas (judiciales) uno será el concursal y otro el laboral. Ahora, yo parto de un principio, los derechos del trabajador tienen rango constitucional, esos derechos son de subsistencia de la persona y su familia. Desde esa perspectiva, soy del criterio que esos derechos laborales son preferentes sobre cualquier otro derecho”, recalcó.

Cinco años en vía judicial

Entre marzo y abril pasado, Land Business empezó el proceso de despido de sus trabajadores y el cierre de sus tiendas. Al presente año se inició con un planilla de 292 personas y 38 puntos de venta.

La medida se tomó porque, el pasado 4 de marzo, los propietarios de Casa Blanca desistieron de salvar a la empresa, después de cinco años de llevar el caso en la vía judicial, y transformar el concurso civil de acreedores en uno de liquidación para el cierre definitivo.

La decisión se tomó porque los acreedores de Casa Blanca, principalmente bancos, rechazaran el plan de salvamento, en octubre del 2021.

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La propuesta planteaba cancelar la deuda de ¢20.509 millones e intereses por ¢7.996 millones en al menos 15 años. Para reducir el pasivo, la empresa también planteó darle al Banco de Costa Rica (BCR) dos propiedades como parte del pago, las cuales tienen un valor de ¢2.846 millones, según la compañía.

Además, de los ¢10.885 millones adeudados a inversionistas privados, entre principal e intereses, se capitalizarían ¢7.796 millones y las personas recibirían acciones comunes de la sociedad. Adicionalmente, los socios de Land Business se comprometían a efectuar un nuevo aporte de capital equivalente a ¢1.415 millones.

Land Business recurrió al Juzgado Concursal, en enero del 2017, para enfrentar un problema de liquidez y poder renegociar sus deudas financieras. Cuando se presentó el proceso judicial, el pasivo de la empresa ascendía a ¢39.975 millones, pero la compañía logró varios arreglos de pagos para reducirla.

La génesis de las dificultades de la compañía se inició en el 2012, cuando se ideó una estrategia de fuerte crecimiento con apertura de tiendas y de las ventas mediante préstamos a sus clientes.

Para lograr dicho objetivo, la empresa estableció créditos de corto plazo (seis meses), conocidos también como revolutivos, con entidades financieras. Sin embargo, a sus clientes les otorgó financiamiento de mayor plazo, lo cual generó un descalce de ingresos y un problema de liquidez.