Negocios

Exempleados de Casa Blanca se quedan sin el pago de prestaciones: ‘Nos dijeron que no hay plata’

Johnnathan Madrigal, con 15 años de laborar para la tienda de electrodoméstico, al igual que otros exempleados de la empresa, deberá reclamar su liquidación en el Juzgado Concursal, como un acreedor más

Felipe Montoya, de 41 años, finalizó su carrera laboral de dos décadas en Almacenes Casa Blanca, el pasado martes 26 de abril, cuando recibió la carta de despido. La empresa, en la cual entró con cerca de 20 años, lo cesó del cargo de administrador de la tienda de Plaza América, en Hatillo, en San José.

Él, como todas las personas despedidas en el último mes, no sabe si recibirá sus prestaciones laborales, es decir, el reconocimiento de vacaciones, aguinaldo y cesantía; a pesar de que en la misiva entregada se le detalló cada monto.

“Nos dieron un documento en el que nos dicen que no nos van a pagar porque no pueden (por el proceso concursal). En una primera instancia, cuando nos dijeron que la empresa cerraba, aseguraron que el dinero de la liquidación estaba, así estuvimos algún tiempo. Pero, hace unos días, se desató la verdad y nos dijeron que no hay plata y no se les va a apagar. Nos dejaron en la nada”, aseguró Montoya a La Nación.

El exempleado de la tienda de electrodomésticos contó que, en febrero anterior, Carlos Murillo, gerente general de la compañía, les explicó en una reunión que sí había intención de pagar, pero no tenían cómo hacerlo.

“Nosotros (los trabajadores) les dijimos que buscáramos opciones. Negociáramos, o que nos dijeran cuánto es (la deuda) y nosotros lo vamos a vender y recuperar. Dimos infinidad de propuestas y siempre la respuesta fue que no se podía hacer nada”, contó Montoya.

Almacenes Casa Blanca inició el cierre de sus tiendas en Costa Rica y el despido de sus trabajadores como parte del proceso de liquidación de la compañía. Francisco Luis Vargas, abogado de Land Business, propietaria de los establecimientos, confirmó que la compañía ya informó al Juzgado Concursal el comienzo del proceso y que incluiría a toda la planilla pero no detalló la cantidad exacta de trabajadores involucrados.

A Johnnathan Madrigal, de 36 años, le dieron la carta del cese laboral el pasado viernes 29 de abril. Tenía 15 años de trabajar en la compañía. Su último puesto fue de auxiliar de la gerencia de la tienda ubicada por el mercado de Limón.

Él contó que la misiva pone que el despido es con responsabilidad patronal. Pero para obtener su liquidación debe acudir al Juzgado Concursal para reclamar, junto con el resto de acreedores, el pago de las deudas de Casa Blanca.

“Estamos hablando con una abogado para ver si peleamos eso (la liquidación) y se nos pague. Pero no sabemos nada”, comentó Madrigal, quien es casado y tiene tres hijos.

Felipe Montoya corroboró lo dicho por su excompañero. Sin embargo, fue poco optimista. “Estamos en desventaja. Una persona física no se va a comparar con el poder de un banco o una empresa para pelear la plata que reclama”, subrayó.

José Cheves, de 38 años, laboraba en la segunda tienda que Casa Blanca tenía en el cantón Central de Limón, la cual se conocía como bulevar. Él, al igual que Madrigal también fue despedido el viernes anterior.

“En los últimos dos meses estábamos con puertas abiertas, pero solo se vendía a contado y recibiendo abonos (de deudas de clientes); pero ya no se hacían créditos. Pero ya en la última semana, antes del cierre (del viernes pasado) ya no se vendía ni a contado porque un acreedor cuestionó en el Juzgado las ventas, pues la mercadería estaba embargada”, recordó Cheves, quien tenía 14 años de trabajar en la empresa.

Agregó que, en los últimos meses, muchas personas decidieron renunciar, y dejar sus derechos botados, para irse a trabajar a otro lugar, a raíz de la incertidumbre de lo que iba a pasar.

Los problemas de Casa Blanca, propiedad de Land Business, salieron a la luz cuando acudió al Juzgado Concursal, en enero del 2017, para enfrentar un problema de liquidez y poder renegociar sus deudas financieras.

Cuando se presentó el proceso judicial, el pasivo de la empresa ascendía a ¢38.253 millones, pero el monto se redujo y, en octubre del 2021, ascendía a ¢20.509 millones e intereses por ¢7.996 millones, según los documentos presentados ante el Juzgado Concursal.

Las dificultades de la compañía se iniciaron, en el 2012, cuando se ideó una estrategia de fuerte crecimiento con apertura de tiendas y de las ventas mediante préstamos a sus clientes.

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