Óscar Rodríguez. 7 mayo, 2020
Aldesa solicitó el convenio preventivo de acreedores como medida para evitar la quiebra de la empresa, finalizar los proyectos inmobiliarios y pagar a los clientes. Foto Jeffrey Zamora
Aldesa solicitó el convenio preventivo de acreedores como medida para evitar la quiebra de la empresa, finalizar los proyectos inmobiliarios y pagar a los clientes. Foto Jeffrey Zamora

El Juzgado Concursal de San José aceptó la solicitud de Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) de convertir la administración judicial de los proyectos inmobiliarios en un convenio preventivo de acreedores.

Javier Chaves, presidente de ACI, informó a los inversionistas, este miércoles 6 de mayo, de que recibió la respuesta positiva por parte del juzgado.

Adicionalmente, el juez brindó una plazo de cincos días para presentar la información financiera y contable más actualizada de Aldesa y sus subsidiarias.

“Estamos trabajando en la elaboración de los contenidos requeridos, para procurar la puesta en marcha del Convenio Preventivo de Acreedores, como medio para cancelar los pasivos de Aldesa Corporación de Inversiones”, señaló Chaves en el comunicado enviado a sus acreedores, del cual tiene copia La Nación.

La firma bursátil solicitó la conversión del proceso judicial, el pasado 17 de abril, como medida para evitar la quiebra de la empresa, finalizar los proyectos inmobiliarios y pagar a los acreedores.

El grupo empresarial acudió a la vía judicial, el año pasado, por problemas de liquidez para concluir ocho proyectos inmobiliarios privados para los cuales había obtenido recursos por $200 millones de un grupo de 600 inversionistas.

A inicios de marzo pasado, Aldesa alcanzó acuerdos de pago por $65 millones para un grupo de 150 acreedores.

El principal acuerdo fue la entrega del proyecto inmobiliario Terra Verbena, por casi $50 millones, a un fideicomiso a favor de los inversionistas y que es administrado por Consultores Financieros (Cofín).

Los otros acuerdos, por $15 millones, fueron la entrega del edificio de la sede de Aldesa en Curridabat; proyectos de la firma Graviton, especializada en energías renovables; y la propiedad Conde Montecristo, en Puntarenas.

Nueva propuesta

Aldesa presentó, ante el Juzgado Concursal, tres propuestas específicas en el convenio preventivo de acreedores, según el documento de 52 páginas del cual tiene copia La Nación.

La solicitud de la empresa es mantener la operación normal de la administración de los proyectos inmobiliarios mientras concluyen su edificación.

La petición específica es darle un plazo de ocho años a ACI para pagar a sus acreedores, así como una periodo de gracia en pago de intereses no menor de tres años.

“Se permita a Aldesa Corporación de Inversiones (…) empezar a amortizar el principal adeudado, en distintos plazos dentro de dicho plazo máximo, conforme la capacidad de generación de flujos de caja de cada sociedad proyecto”, se explica en la solicitud.

La empresa deja abierta la posibilidad de que cualquier ajuste o acuerdo con acreedores pueda incorporarse en el convenio.

Asimismo, plantea la opción de que si no se logra la suspensión de la ejecución del remate de 26 terrenos de Monte del Barco, la empresa pueda entrar en un convenio por abandono de activo conocido como convenio de cesión de bienes.

“(…) procediéndose a la liquidación del activo con base en un avalúo actualizado de los bienes realizados al efecto, o conforme se decida en junta de acreedores, nombrándose un comité de acreedores integrado por al menos dos de ellos y por el curador, quienes distribuirán el producto hasta donde alcance”, se detalla en el documento entregado al Juzgado Concursal.

La compañía dirigida por Javier Chaves solicitó la conversión del proceso judicial debido al dictamen negativo de peritaje, que recibió el pasado 26 de marzo su anterior plan para salvar los proyectos inmobiliarios de ACI.

La petición se hizo para evitar el cierre definitivo de la empresa.

“La declaratoria de un proceso de Quiebra, tiene un efecto destructivo del patrimonio, mientras que la administración controlada y el convenio preventivo tienden, más bien, a salvar el patrimonio; es decir se permite salvaguardar el principio de conservación de la empresa”, argumentó la firma.

El remate hipotecario de terrenos de Monte del Barco se inició en noviembre anterior, luego de varios procesos presentados por el Grupo Maklouf y Banco Lafise ante el Jugado de Cobro de Santa Cruz.