La intervención de la Financiera Desyfin identificó pérdidas adicionales por ¢17.015 millones luego de una revisión profunda de los estados financieros. Esto fue lo que desencadenó que la entidad se declarara inviable y se ordenara su liquidación.
Los hallazgos de esta intervención, ordenada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), hizo que las pérdidas acumuladas alcanzaran los ¢21.968 millones en agosto y consumieran el patrimonio, dejando un faltante de ¢6.704 millones.
La interventoría ejecutó ajustes importantes en la información financiera y contable de la Desyfin, relacionados con estimaciones crediticias, reversiones de gastos registrados como activos, pérdidas por venta de bienes, sobrevaloración de activos y provisiones de pago de impuestos.
Rodolfo González, miembro del equipo técnico de la intervención, aseguró que el ajuste en las estimaciones de la cartera crediticia fue el principal componente que elevó las pérdidas de la financiera.
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Este rubro de estimaciones tuvo un crecimiento de ¢13.454 millones, lo que representa el 79% de los ¢17.015 millones del aumento registrado en las pérdidas. Desyfin fue intervenida debido a una deficiente administración de la cartera de crédito.
González comentó que la entidad no estaba reportando correctamente las calificaciones de riesgo de los deudores. “Determinamos que no había capacidad de pago de algunos deudores y eso no estaba siendo reportado", agregó.
Bernardo Alfaro, exjerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), explicó que al descomponerse una cartera crediticia se consume el capital, debido a que las entidades deben contemplar un gasto por estimaciones.
En relación con el pago de impuestos, González comentó que hubo que hacer un ajuste por un traslado de cargos realizado por el Ministerio de Hacienda en diciembre de 2023, por un total de ¢1.176 millones, ya que esto no estaba debidamente detallado en los reportes financieros.
De igual forma, la interventoría realizó una revisión de gastos que no se reportaron en los estados financieros, debido a que se registraron como activos, por ¢1.020 millones adicionales.
González explicó que Desyfin registraba de forma improcedente una serie de gastos como parte de sus activos (compuestos usualmente por cartera, inversiones o mobiliario).
El miembro del equipo técnico de la interventoría comentó que con esta práctica no se mostraban esos gastos dentro de la realidad financiera de Desyfin, por lo cual no se afectaban los resultados (pérdidas o ganancias) de la entidad.
Marianne Kött, interventora y ahora encargada del proceso de resolución, manifestó que desde la parte técnica de Desyfin les indicaron que este registro de gastos como activos era una práctica que realizaban habitualmente.
“Los colaboradores no lo veían como anormal, sino como habitual. En cuanto a si dañaba a la entidad, claro que sí, porque fue uno de los ajustes importantes que conllevaron a los ¢21.968 millones de pérdidas”, dijo Kött.
También se encontró un apartado de prestaciones laborales mal registradas, ya que debían contemplarse como un gasto. El monto de este rubro en particular asciende a ¢657 millones.
Además, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) emitió una multa por ¢297 millones, que se incluyó en los registros financieros, según explicó González durante la conferencia de prensa del informe final de intervención de Desyfin.
Otro rubro que incrementó las pérdidas fue un perjuicio por bienes realizables, los cuales no estaban registrados a nombre de la financiera, por lo que no era correcto incluirlos en los balances de la entidad.
Estos ajustes realizados por la intervención destaparon pérdidas por ¢17.015 millones, las cuales se sumaron al menoscabo registrado al cierre de 2023 y hasta agosto de 2024, totalizando ¢21.968 millones.
Negocio inviable
El incremento en las pérdidas que halló el equipo de intervención precipitó la caída de la financiera, pues se consumió la totalidad del patrimonio y, además, generó un faltante de ¢6.704 millones.
La suficiencia patrimonial, indicador clave para determinar la fortaleza financiera de una entidad, se desplomó al -10,68%, siendo el 10% el mínimo para mantenerse en un nivel de regularidad.
Ante este panorama, se determinó la necesidad de capitalizar la entidad por el monto de las pérdidas, con el objetivo de eliminarlas y robustecer la liquidez necesaria para volver a operar.
La interventoría también ratificó que se requería la reestructuración de todo el gobierno corporativo de la financiera, de conformidad con los hallazgos hechos por la Sugef en el análisis técnico que dio pie a la intervención.
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La propuesta de regularización planteada por Silvio Lacayo, representante legal de la financiera y de los socios mayoritarios, no resolvía los desequilibrios de la institución, lo que inclinó la balanza hacia la inviabilidad.
Alfaro consideró que, para que un plan sea aceptado por el Conassif y se permita la devolución de una entidad a sus dueños, este tiene que ser muy completo y contemplar múltiples factores que solventen las causas de la intervención.
Kött dijo que la propuesta presentada fue rechazada durante la asamblea de accionistas que se realizó el pasado 30 de setiembre. Por tal razón, no fue posible la capitalización de la financiera ni realizar una transformación en el gobierno corporativo, por lo cual la operación de Desyfin no era viable, detalló.
La interventora informó, durante la conferencia de prensa del miércoles 9 de octubre, que la denuncia penal planteada por la Sugef al inicio de este proceso será ampliada con los nuevos hallazgos.
